Desde inicio de julio se reforzaron las medidas de bioseguridad en la mayoría de unidades educativas que funcionan en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Hasta el momento se ha confirmado el contagio de 10 docentes y 20 estudiantes en la localidad. Sin embargo, un alto porcentaje presenta síntomas asociados con enfermedades respiratorias y no se descarta que sea COVID-19.

La semana anterior se evidenció que algunas unidades educativas volvieron al uso de alcohol antiséptico antes del ingreso y, también recomiendan el uso de la mascarilla.

Las estadísticas de contagiados en la provincia fueron confirmadas desde la zona 4 del ministerio de Educación. Los representantes indicaron que se han reforzado los protocolos de bioseguridad para evitar el incremento desmedido de contagios.

El 99.9 % de los casos positivos COVID-19 se registran en unidades educativas pertenecientes al Distrito 2. Hay un mínimo porcentaje en el Distrito 1 y en La Concordia todavía no detectan ningún infectado en lo que va del periodo lectivo 2022-2023.

Confirmaron que hasta el momento no hay registros de clases virtuales por efectos del coronavirus y que solo se reemplazará la modalidad presencial cuando el 25 % de un determinado curso sea portador del virus.

Ángela Díaz, epidemióloga del Ministerio de Salud Pública (MSP), confirmó un repunte de contagios positivos en la provincia Tsáchila y que el 11 % corresponden a menores de 15 años.

La funcionaria hizo hincapié en la importancia de la vacunación, proceso que continúa reflejando ausentismo por parte de los santodomingueños y esto preocupa debido a la mutación de nuevas cepas.

Solo el 55% de la población que bordea 3 a 11 años de edad cuenta con la segunda dosis, mientras que el 45 % restante no ha completado el esquema regular.

El 78 % de las personas que tienen entre 12 a 17 años ya fueron inoculadas con la segunda dosis. Para ellos también ha sido asignado un refuerzo y estas estadísticas no superan el 11 %. (JD)

Durante la última semana epidemiológica se registraron 137 casos positivos en Santo Domingo de los Tsáchilas, arrojando una media de 20 por cada día. Actualmente las áreas de triaje reciben un promedio de 220 pacientes en cada jornada, quienes llegan con síntomas respiratorios.

Muchos padres de familia toman precauciones con sus niños, ahora los envían con mascarillas a las escuelas y alcohol antiséptico. “Hay que cuidarlos porque el peligro no ha terminado, algunos tienen síntomas similares a los del COVID-19 y no sabemos quiénes se hacen la prueba para descartar”.

De acuerdo con cifras oficiales, en las últimas horas se registraron en el país 2.805 nuevos casos.  José Ruales, ministro de Salud espera que este incremento se mantenga durante dos semanas más, y luego empiece a disminuir. Se ratifica la recomendación del uso de la mascarilla en espacios cerrados, y en abiertos donde no se garantice el distanciamiento físico.

La ministra de Educación, María Brown, señaló que la inoculación de refuerzo para docentes, estudiantes y administrativos se fortalecerá.

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Latacunga impulsa la campaña "Latacunga Siembra Vida" como parte de la reforestación de la ciudad. La misma se ejecutará en conjunto de varios sectores y colectivos del cantón.

Link: https://youtu.be/pkQyN9GCL5g

Con la pandemia y la crisis económica, los hogares han recortado o incluso eliminado su consumo sobre todo en televisión pagada y telefonía fija.

En un mes, la mayoría de hogares ecuatorianos (un poco más de siete de cada diez) gastan entre $21 y $85 en todos los aspectos relacionados a las telecomunicaciones como telefónica, internet, televisión pagada, entre otros. Solo un 7,2% tienen presupuestos menores a $20 o superiores a $100 mensuales.

Debido a la pandemia, con la consiguiente reducción de ingresos y oportunidades laborales, las familias han tenido que recortar o incluso eliminar ciertos gastos. Uno de los principales es la televisión pagada, la cual ha perdido alrededor de 520.000 clientes en los últimos dos años.

Esto debido a que resulta más económico cancelar la suscripción a un plan de televisión por cable con un costo promedio de $35 y contratar un servicio de streaming por entre $5 y $8 mensuales.

Los altos impuestos, que suman una carga del 28% (15% de ICE y 12% de IVA) hacen prohibitiva  las opciones tradicionales de televisión pagada. En 2019, el número total de suscriptores era de 1′236.450, pero la cifra ha caído a los 716.120 (42% menos).

Según un estudio de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG), otro recorte en el presupuesto fue el gasto en telefonía fija. Así, desde inicios de 2020, el número de abonados pasó de 2′169.550 a 1′755.225. En otras palabras, 414.000 familias prescindieron de este servicio.

La UTEG estableció que el 75,2% de los hogares encuestados han realizado una reducción o eliminación de uno o varios servicios de telecomunicaciones durante los últimos dos años. En el 32,9% de los casos tiene que ver con la televisión pagada, seguido de un 13,9% con telefonía fija.

Otro 10,4 % cambió la telefonía móvil por planes de internet, en medio de las clases virtuales decretadas durante gran parte de la pandemia.

Con esos cambios en el comportamiento de consumo, el panorama de las telecomunicaciones actualmente es el siguiente: Entre el 41,7% y 45 % de los encuestados no tienen ni televisión pagada ni telefonía fija. Lo contrario ocurre con la telefonía móvil y el internet. Por su parte, alrededor del 28% no tienen suscripción a una plataforma streaming; y para los que la tienen, el pago mensual oscila entre $ 6 y $ 20.

DATO.- El 87% de las familias encuestadas gasta entre $6 y $50 mensuales en telefonía móvil. Solo el 5% no tiene este servicio.

Fuente: La Hora.

La solicitud fue presentada este 14 de julio de 2022 y deberá ser analizada por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL). Si es admitida a trámite podría terminar en una censura contra la exfuncionaria, con lo que no podría volver a ejercer cargos públicos por dos años.

Los asambleístas acusan a Garzón de haber incumplido con sus funciones en tres causales:

·         Falta de medicinas en la red de hospitales públicos.

·         Compra de medicinas caducadas o que incumplen estándares de calidad.

·         Supuesto negociado con empresas públicas de universidades para la compra de fármacos.

Según Vanegas, desde octubre de 2021 la exministra Garzón recibió informes por parte de la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa), en los que se advirtió que varios hospitales públicos adquirieron medicamentos que no son aptos para el consumo humano.

Refirió que los proveedores no cumplieron la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura; y, en algunos casos, el tiempo de caducidad fue inferior a los 24 meses que establece la norma.

El asambleísta mencionó que el Ministerio de Salud coordinó con el Servicio de Compras Públicas las reformas al Reglamento General de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública para aprovisionar al Sistema de Salud de medicinas, insumos médicos y otros, mediante contratos de régimen especial con empresas públicas de universidades.

A su juicio, eso permitió que los proveedores no justifiquen las buenas prácticas de manufactura exigidas por Arcsa, y que se ponga en riesgo la salud de los ecuatorianos al adquirir medicamentos e insumos que no cuentan con la calidad necesaria para el consumo humano y eficacia terapéutica.

Añadió que esta información también será presentada ante la Fiscalía General del Estado para que realice la investigación correspondiente. “Se ha jugado con la vida y la salud de los ecuatorianos, los responsables no solo deben ser censurados, sino ir a la cárcel” dijo a medios de la Asamblea.

El pedido de interpelación contra Garzón es el primero que se presenta contra un exministro del Gobierno de Guillermo Lasso, a quien el bloque correísta intentó destituir en junio pasado durante las protestas del movimiento indígena.

En la Comisión de Fiscalización, desde el miércoles pasado, empezó la sustanciación de un pedido de juicio político impulsado por Unes en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura, por la evaluación y remoción de los jueces de la Corte Nacional en 2019, que fue declarada como inconstitucional.

Fuente: El Comercio.

Las mesas de diálogo en las que el Gobierno y las organizaciones indígenas buscan acuerdo para definir el mecanismo para focalizar los subsidios a los combustibles y el tema de banca y cooperativas se retoman esta semana. Primero la de banca este lunes 18 de julio del 2022, y el jueves la de focalización.

El proceso se inició el 13 de julio pasado con estos dos temas. El viernes las agrupaciones sociales entregaron su propuesta sobre focalización que contiene ocho puntos y para analizarla el Gobierno pidió más tiempo. Los delegados del sector indígena ya habían indicado al cierre del tercer día de reuniones que pensaban que la mesa se retomaría el jueves.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, confirmó esta mañana esa fecha. Además sostuvo que el miércoles 20 de julio se instalará la mesa que tratará sobre fomento productivo.

Los diálogos se realizan en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Monseñor Luis Cabrera indicó que están dentro de los tiempos previstos, máximo cinco días laborables y que el miércoles se abrirían dos mesas siguientes.

Riesgo país llega a 1.600 puntos en Ecuador en medio de los diálogos del Gobierno y los indígenas

Al momento estos son los cuatro puntos de coincidencia en el tema de focalización, según el Gobierno:

Que el subsidio es necesario y que se debe trabajar en una focalización eficiente para evitar que se vaya a sectores pudientes.

Aplicar principios de subsidiaridad y solidaridad.        

Que el ahorro generado por la eficiencia de la focalización y por la reducción del control de contrabando vayan a programas sociales específicos para la ruralidad.

Trabajo conjunto para levantar la información y los registros necesarios con los mecanismos tecnológicos adecuados.

“Que la focalización se mantenga general, pero que se retire a los que no la necesitan” y que el ahorro de la focalización se destine a temas centrales como educación y salud son puntos de coincidencia que también señala Agustín Cachipuendo, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Patrico Meza, del equipo técnico, ratifica que el planteamiento es “que el subsidio se mantenga de forma general, (pero) los que más tienen que pagar sin subsidios, los que más tienen más pagan. Eso está claro”.

Gobierno habla de un esquema de reestructuración de deudas de hasta $ 10.000, en segundo día de diálogos en la mesa de banca

En la segunda mesa de banca. El ministro de Gobierno asegura que están definidos cuatro ejes:

Condonación que ya se inició con el decreto emitido durante las movilizaciones y que comprende deudas de hasta $ 3.000 y que ahora están las conversaciones para ver si se aumenta. El pedido de la Conaie es que sea hasta $ 10.000.

Reestructuración que para viabilizarla se tratará caso por caso y sería a diez años plazo y con tres años de gracia.

Recalificación para que cuando las personas que ingresan a una reestructuración no desciendan de calificación en el sistema financiera sino que pasen a una calificación de A1 si se mantiene al día en sus pagos. Con esa opción se procura que el beneficiario de la reestructuración tenga las posibilidades de crédito.

Acceso a crédito. En total habrá $ 400 millones para financiamiento. El Ministerio de Gobierno detalla que con el programa Crédito de Oportunidades se han desembolsado $ 75 millones y están en proceso $ 25 millones más que suman el monto inicial. Pero que ya se tiene otra aprobación $ 200 millones. Y adicionalmente la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips) se ha comprometido a gestionar $ 100 millones adicionales para crédito. Estos fondos estarán destinados fundamentalmente a sectores rurales y populares.

En esta segunda mesa se prevé que se llegue a un acuerdo antes. Esta misma semana se deben continuar con otras, en total son diez acordadas tras el acuerdo de paz firmado que sirvió para finalizar las protestas que duraron 18 días.

Empleo y derechos laborales; fomento productivo; control de precios; temas energéticos y de recursos naturales; derechos colectivos; educación superior; acceso a la salud, y seguridad, justicia y derechos.

Las mesas pueden realizarse durante tres días, con una posible extensión máxima de hasta cinco. Mientras no se llegue a los acuerdos, se ha pedido mantener la reserva sobre los temas críticos. Todo el proceso, en el que se abordarán temas en diez mesas, durará 90 días.

Fuente: El Universo

La Contraloría General del Estado (CGE) determinó una responsabilidad civil por $ 2′312.398 para el director general y el coordinador de asesoría jurídica del Registro Civil, que laboraron entre 2019 y 2020, por el contrato para adquirir el sistema de emisión de cédulas y pasaportes electrónicos.  

La adjudicación del proceso ocasionó un perjuicio económico a la entidad por el monto de la glosa. La resolución confirmatoria señala que no se seleccionó al proveedor más beneficioso para la institución.

El contrato se suscribió por $ 26′950.000, lo que representó una diferencia de $ 2′312.398 más que el presupuesto de la oferta a la que se adjudicó inicialmente el proceso, un consorcio extranjero que solicitó una ampliación del plazo para cumplir las normas de contratación nacionales.

Aunque su solicitud se formuló dentro de los parámetros del proceso de contratación, el Registro Civil negó el pedido del proveedor y lo calificó como adjudicatario fallido.

La decisión se tomó luego de acoger un criterio jurídico que negó la prórroga para la suscripción del contrato, pese a que la propuesta de ese proveedor era económica y técnicamente más favorable para la entidad.

Auditoría concluyó que, si el Registro Civil hubiera aceptado la primera oferta, el contrato se habría suscrito a menor costo, optimizando los recursos públicos. La resolución de la responsabilidad civil se desprende del examen especial efectuado a la adquisición e implementación del sistema informático para la emisión de cédulas y pasaportes electrónicos y la provisión de equipamiento, suscripciones, licencias de software, insumos y servicios conexos, realizada por el Registro Civil, entre 2018 y 2020.

De conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría, los auditados tienen el derecho de interponer un recurso de revisión en sede administrativa, ante el organismo de control o, en sede judicial, en los tribunales de lo Contencioso Administrativo.

Fuente: El Universo.