Una, dos y hasta tres fundas con pintura fueron lanzadas al mural del artista Okuda San Miguel, conocido por su figura de Pikachu, que se encuentra plasmado en el bulevar 24 de Mayo, en el Centro Histórico de Quito.

La persona que lanzó la pintura se grabó a sí misma haciéndolo e incluso lo subió a sus redes sociales.

"Él -señalando al mural- ha bloqueado este lugar con oscuridad. Nuestros ancestros se respetan y voy por ti España", dijo el hombre. "No somos burla", continuó.

La directora del Instituto Metropolitano de Patrimonio, Angélica Arias, dijo que el video permitió identificar al ciudadano que vandalizó el mural y anunció acciones legales en su contra.

"Desde el Municipio lo que vamos a hacer es ponerle una denuncia por daño al espacio público", afirmó.

Y añadió que otros espacios que han sido vandalizados en Quito durante el paro nacional representan pérdidas económicas para el Cabildo que ascienden a los USD 43 000.

"Con la demanda y después con la sanción correspondiente el Municipio espera recibir esos valores de vuelta", acotó.

Asimismo dijo que estos daños al bien público provienen de movimientos contrarios a la actual administración. "Hay muchos movimientos que están en contra de la Alcaldía pero también en contra de la ciudad, en contra de las inversiones que se están haciendo, del mantenimiento. Entonces creo que la lectura es bastante clara y son estos movimientos políticos", dijo.

Según el artículo 55 de la Ordenanza Municipal 035 se señala que la persona que produzca "daño al mobiliario urbano y espacios públicos, alumbrado público, monumentos, nomenclatura, instalaciones eléctricas, telefónicas o de agua potable, contenedores, y demás mobiliario y bienes de dominio público, será sancionado con multa equivalente al cincuenta% de un salario básico unificado, que se duplicará en caso de reincidencia”.

Es decir, una multa de USD 212,50.

De manera penal también existe el delito de daño a bien ajeno contemplado en el artículo 204 del COIP que, según abogados penalistas, también incluye el daño a bienes públicos. Este será sancionado de uno a tres años de prisión cuando, según su numeral dos, "los objetos son de reconocida importancia científica, histórica, artística, militar o cultural".

Fuente: El Comercio.

Norma Vallejo, exasambleísta por Alianza PAIS, quien fue sentenciada a dos años de cárcel por el delito de concesión en el caso Diezmos, no cumplirá su pena en prisión. Así lo decidió el Tribunal conformado por los jueces Byron Guillén, Luis Rivera y Mauricio Espinoza.

Ana Lucía Maldonado, abogada de Vallejo, planteó la casación argumentando que los jueces de la apelación hicieron una errónea interpretación del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sobre la suspensión condicional de la pena que solicitó en esa audiencia.

El Tribunal resolvió acoger el argumento de la defensa, y por voto de mayoría, declaró procedente la casación.

De esta manera, se corrigió la sentencia y dispuso que Norma Vallejo no cumpla la pena en la cárcel. En su lugar, la exasambleísta deberá residir en un domicilio particular que será puesto en conocimiento del juez. No salir del país sin autorización de la autoridad judicial. Pagar la reparación integral en el plazo seis meses. Presentarse cada ocho días ante la Corte. Y no incurrir en su sentencia.

Este es el primer proceso del caso Diezmos que llega a sentencia definitiva.

Como ocurrió en otros hechos violentos, la masacre del lunes 18 de julio en la cárcel de Santo Domingo repitió algunas características: cuerpos mutilados y la causa se asocia a un enfrentamiento entre bandas.

Las fotos y videos de esta masacre se viralizaron en las últimas horas y muestran imágenes despiadadas, de cuerpo cercenados.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, aseguró la mañana de este martes que equipos de inspección ocular técnica levantaron 45 piezas humanas en el CPL de Santo Domingo.

La violencia con la que actuaron los reclusos llevará a que la identificación de los cuerpos no sea rápida. “El proceso llevará días”, anticipó Carrillo.

Antropólogos forenses y médicos legistas se desplazaron a la provincia para ayudar en las autopsias de los cuerpos desmembrados.

Aunque ayer se habló de que había trece muertos, Carrillo ha precisado que serían doce cadáveres y no trece, como fue la apreciación inicial.

Tres ya habrían sido identificados hasta la mañana de este martes.

Según el Gobierno, en esta nueva masacre, la segunda en este año en Santo Domingo, una facción del grupo R7, que es un apéndice de los Chone Killers, había sido alertada de la supuesta formación de otro grupo liderado por alias Goyo, quien es una de las víctimas del reciente amotinamiento.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, comentó que con dureza se critica a la Policía por los actos de violencia que suceden en cárceles y calles, sin embargo, dijo que hay que considerar que la mayoría de los eventos reflejan perfiles psicológicos complejos de los asesinos. “Estudiar desde las ciencias la conducta humana es tarea pendiente”.

El Comité de Familiares por Justicia en Cárceles exigió la inmediata contención a la violencia que se desarrolla en la cárcel de Santo Domingo. “Las familias tienen el derecho a información oportuna y real sobre la situación de sus familiares”, sostuvo.

Fuente: El Universo.

El presidente Guillermo Lasso habló sobre el proceso de destitución que enfrentó a manos de la Asamblea Nacional durante el paro nacional de junio en una entrevista con Bloomberg Línea publicada este lunes 18 de julio.

Lasso señaló puntualmente al expresidente Rafael Correa como la persona que impulsó este proceso de destitución que no fue alcanzado por falta de votos.

"Hubo el intento, pero el resultado final es que no se lograron los votos que establece la Constitución para lograr esa injustificada destitución que fue promovida por el expresidente (Rafael) Correa desde Bélgica, quien está desesperado por regresar al Ecuador para lograr su propia impunidad porque está sentenciado por corrupción, y además para lograr la impunidad de sus colegas", expresó.

En este sentido, fue consultado si no se siente solo políticamente pues hasta el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, había votado a favor de su destitución.

"Respecto de si estoy solo, no estoy solo. Yo no me siento solo, estoy acompañado de los ciudadanos ecuatorianos que mayoritariamente hace 15 meses me eligieron su Presidente. En el campo político, la verdad le digo, prefiero estar solo que mal acompañado", dijo.

Agregó que durante las jornadas de protestas que duraron 18 días no pensó en renunciar. "Me quedé en Quito (...) viviendo en la residencia presidencial y dije no, esta es la sede de Gobierno, esta es la capital del Ecuador y yo me quedo aquí en Quito en el Palacio de Gobierno y siempre con serenidad", afirmó.

Entre otras cuestiones políticas y económicas, el Primer Mandatario fue interrogado sobre si piensa en una segunda candidatura, a lo que contestó: "No es un tema que me quite el sueño por ahora. Lo que me quita el sueño es cumplir un programa de Gobierno, un programa económico que genere empleo oportunidades para los ecuatorianos y ya veremos".

No es la primera vez que el presidente Lasso acusa a Correa de intentar destituirlo. El 7 de julio en una entrevista con Infobae dijo que hubo tres actores que buscaron su destitución: el expresidente Rafael Correa, parte del movimiento indígena y el narcotráfico.

"Esta es una alianza con el correísmo y en esta alianza participa un tercer actor, que es el que pone el dinero para las protestas, que habrán costado cerca de USD 15 millones durante 18 días. Este actor es el narcotráfico en el Ecuador. Esa es la paja. Ese es el accionar político de un ex presidente sentenciado por corrupción, que vive prófugo en Bélgica, que busca alterar el orden público, aliado con determinados líderes políticos que utilizan a los indígenas como una suerte de parapeto para decir ‘esto es una protesta social’", refirió en esa fecha.

Fuente: El Comercio.

Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, afirmó este 19 de julio del 2022 que lo acordado con las organizaciones indígenas en el acta de la mesa de la banca pública y privada está en fase de implementación. Esto tomará hasta la próxima semana, estimó.

El funcionario señaló que son varias las instituciones que intervienen en establecer las facilidades acordadas en la mesa, como los créditos.

“Por ahora tendrá que establecerse alguna reglamentación que permita armonizar un poco la administración de esos recursos. Pero todo lo que se firmó ayer ya está en proceso de implementación. Y estoy seguro que hasta la próxima semana quedará absolutamente registrado y establecido para que las personas puedan acceder a estas facilidades”, explicó Jiménez durante una entrevista en radio Democracia.

El documento firmado para el Ministro, “tiene vigencia inmediata” y validez como cualquier Decreto. “Estamos en fase de ejecución y de implementación, no hay tiempo para demorar las cosas”, reiteró al mencionar que tras el acuerdo se reunió con Iván Andrade, titular de BanEcuador y de la Corporación Financiera Nacional, así como con el de Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips), Roberto Romero.

Estas entidades entregarán en total USD 540 millones para apoyo en créditos productivos, microcréditos y créditos de las oportunidades. Jiménez calculó que entre este fin de semana e inicios de la semana próxima el acuerdo estará regulado e implementado.

“Tenemos 90 días y todavía tenemos algunos espacios en los que tenemos que trabajar”, recordó debido a que faltan ocho mesas por tratar y una por finalizar, la de focalización de subsidios a los combustibles.

Respecto a esta mesa, tanto el Ministerio de Gobierno como el dirigente de comunicación de la Confeniae indicaron que el trabajo continuará este miércoles 20 de julio. “Esperemos que ya vayan terminando en unos días más”, dijo Francisco Jiménez al calificar al proceso de negociación como “un ejercicio inédito de democracia”.

Conforme a la metodología establecida, espera que las jornadas continúen con dos o tres mesas paralelas. La mesa de fomento productivo, liderada por el Ministerio de Agricultura; y la de empleo y derechos laborales, encabezada por el Ministerio de Trabajo, corresponden ser instaladas este 20 de julio, según el listado.

Jiménez confirmó que ese día se instalará la de Agricultura y en ella se incluye el tratamiento del control de precios. “Tendremos que ser un poco creativos a nivel de control de precios y también de precios de sustentación, que es otro tema importante. Por ejemplo, existe una ley del banano que establece el precio de sustentación, que aparentemente todavía no se ha cumplido o se ha cumplido parcialmente”.

Considera que, con la entrada del nuevo ministro, Bernardo Manzano, “las cosas están caminando mucho mejor y esperamos tener resultados satisfactorios a corto plazo”.

La mesa de temas laborales se prevé abrirla en dos semanas. El objetivo no es la precarización laboral, pero “tenemos que buscar la forma de insertarnos en la modernidad”, dijo al insistir en la necesidad de contar con reformas.

Fuente: El Comercio. 

El proyecto de Ley para fijar el precio de la leche derivó en un enredo entre el Ejecutivo y la Asamblea. A pesar de que el documento concluyó su trámite, ninguno de los dos poderes envió el texto al Registro Oficial hasta este lunes 18 de julio de 2022.

“No sé qué pasó”. Así reaccionó el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Mariano Curicama (ind.). El legislador fue el ponente de este proyecto, aprobado el 31 de mayo pasado por la Legislatura.

El plazo que tenía el Ejecutivo para presentar sus observaciones o vetar por completo el texto venció el 2 de julio pasado. Sin embargo, la Asamblea no recibió ningún pronunciamiento de Carondelet.

“Yo hablé con el secretario jurídico de la Presidencia que tiene que enviar a publicar en el Registro Oficial, y dijo que no dependía de ellos sino de la Presidencia de la Asamblea. Le puse un documento al Presidente de la Asamblea que tiene que enviar al Registro Oficial, estoy a la espera de eso”, agregó Curicama.

El último inciso del artículo 137 de la Constitución dice que “sancionado el proyecto de ley o de no haber objeciones dentro del plazo de 30 días posteriores a su recepción por parte del Presidente de la República se promulgará la ley y se publicará en el Registro Oficial”.

Para las autoridades, la disyuntiva surge porque allí no se especifica si corresponde al Ejecutivo o a la Asamblea culminar con este trámite. Curicama consideró que se debe aplicar el Ministerio de la Ley, como en el caso de la reforma tributaria, pero esta vez el Ejecutivo deja la solución en manos de la Asamblea.

Entre los puntos más polémicos del texto constan una fórmula para la fijación del precio de la leche, la sanción penal para quienes no lo cumplan y la prohibición de importar leche en polvo.

En la práctica, la idea es que se eleve a ley el acuerdo ministerial 394 del 2013, que fija el precio en el mínimo de sustentación para la leche cruda.

La industria debe pagar al productor lácteo el equivalente al 52,4% del precio de venta al público. A ese valor se suma un monto adicional por calidad higiénica y sanitaria, que tendrá que ser definido mediante reglamento. Este documento será emitido por el Ejecutivo mediante Decreto, en máximo 180 días después de publicada la ley en el Registro Oficial.

Fuente: El Comercio.