Los señalamientos a la titular de la Asamblea, Guadalupe Llori, podrían acabar con su destitución no solo de la presidencia, sino de su cargo como legisladora.

La denuncia del asambleísta Bruno Segovia (independiente) apunta a un posible caso de tráfico de influencias en Orellana, la provincia de Llori. Segovia hizo la primera denuncia de este caso a finales de marzo de 2022. Y desde entonces, según dijo, ha estado recabando información, pruebas y documentos sobre la supuesta influencia que Llori habría tenido en la designación de las autoridades de la provincia.

Su investigación nació, según el asambleísta, de una conversación que habría mantenido con Llori.

En una reunión, ella le habría dicho que “puso hasta el último teniente político” de Orellana. Mientras que Llori dice que todo es mentira.

En una rueda de prensa en abril de 2022, consultada sobre este señalamiento, aseguró que son “versiones falsas y antojadizas“.

“Yo no soy la que doy nombramientos en la parte gubernamental. Eso le corresponde al Presidente de la República, y a quien debería preguntarse es al Presidente. Por mi lado, no es cierto, es falso”, aseguró Llori.

Llori fue prefecta de Orellana entre 2009 y 2014, por Pachakutik. Mientras estaba en ese cargo, participó en las protestas de Dayuma en 2007, y fue detenida durante 11 meses acusada de terrorismo en el Gobierno de Rafael Correa.

Es una de las políticas más influyentes en su provincia, y dentro de Pachakutik.

Para Segovia, es un indicio importante el hecho de que las designaciones sean a personas que trabajaron con Llori en la Prefectura y que están afiliadas a Pachakutik o fueron candidatas por esa lista. Los identificados por el asambleísta en su denuncia son:

·         Marco Vinicio Anchitipán Tipán, director distrital del Ministerio de Transporte en Orellana.

·         Juan Carlos Delgado Mera, director distrital del Ministerio de Agricultura.

·         Samantha Nicole Lozada Zambrano, coordinadora zonal del Ministerio del Deporte (Pichincha, Napo y Orellana).

·         Yoni Esperanza Bustamante Briceño, gobernadora de Orellana.

·         Freddy Marcelino Coquinche Alvarado, teniente político de la parroquia Yasuní.

·         Vicente Marcelo Gutiérrez Puraquilla, teniente político de San José de Payumino.

·         María Patricia Jiménez Troya, analista comisaria de Orellana.

·         Mercedes Coralia Remache Sánchez, teniente político de la parroquia Tres de Noviembre.

·         Blanca Alexandra Herrera Cueva, analista de presupuesto de la Gobernación.

·         Vilma Esperanza Vera Mosquera, analista comisaria de Joya de los Sachas.

·         Martha Fabiola Ortega Ucles, teniente político de la parroquia Toracao.

·         Erika Mariuxi Jipa Dávila, teniente político de la parroquia Ávila Huiruno.

·         Blanca Alexandra Herrera Cueva, analista de presupuesto de la Gobernación.

·         Carmen Magaly Curay Muñoz, teniente político de la parroquia Eno Kanqui.

·         Fredy Fabián Rivera Pisco, jefe político del cantón Orellana.

·         Fredy Carlos Grefa Yumbo, teniente político de la parroquia San José de Guayusa.

·         José Adalberto Chango Chiguano, intendente general de la Policía de Orellana.

·         Andy Polibio Vega, comisario de Policía de Aguarico.

·         Silvia Judith Vidal Ramos, jefa política de Joya de los Sachas.

·         Mayra Germania Tacuri Ordóñez, teniente político de la parroquia San Vicente de Huaticocha.

El caso de la gobernadora de Orellana, Esperanza Bustamante, es el que más relevancia ha tomado, puesto que fue nombrada por el presidente Guillermo Lasso.

Bustamante recibió su designación por decreto ejecutivo en junio de 2021. Según Segovia, Bustamante es una amiga personal de Llori y prima de uno de sus yernos. Fue asambleísta alterna por Orellana de Eddy Peñafiel, exlegislador por Pachakutik en el anterior período. Este último también fue asesor de la Presidencia a inicios de la actual Asamblea.

Otro nombre que destaca de la denuncia es el de Fabián Rivera, actual jefe político del cantón Orellana.

Rivera es quien firmó, como representante de Construye (antes Ruptura 25), la alianza con Pachakutik en Orellana, con la que Llori resultó electa en 2021.

También están al menos cuatro personas que trabajaron en la Prefectura con Llori, y cuyas acciones de personal de ese tiempo fueron firmadas por ella.

Además, hay fotos de varios de los funcionarios supuestamente “palanqueados” por Llori en mítines políticos de Pachakutik en Orellana. Entre ellos, están jefes políticos e intendentes de la provincia.

Fuente: Primicias.

Durante el actual gobierno de Guillermo Lasso, desde mayo de 2021, Ecuador ha afrontado cinco masacres al interior de las cárceles, que significaron 276 personas asesinadas. Pero, la peor crisis penitenciaria de la historia empezó hace tres años, cuando el expresidente Lenín Moreno declaró en emergencia a las prisiones en mayo de 2019.

Desde esa ocasión, el sistema de rehabilitación social estuvo dos veces más en estado de excepción. Hubo declaratorias similares en agosto de 2020, todavía con Moreno en el poder, y en septiembre de 2021, ya con Lasso al mando.

Pese a todos los intentos, las medidas no han sido la solución a la crisis carcelaria. También en este período, hubo cinco personas al frente del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI): un civil, un expolicía, dos exmilitares y un policía en servicio activo. Ninguno ha podido controlar la crisis.

Cuando la crisis empezó en mayo de 2019, las muertes violentas no eran el principal problema de las cárceles. Las autoridades señalaban a la sobrepoblación como el enemigo a vencer. En ese momento, el hacinamiento era del 40%.

Se agilizaron las concesiones de beneficios penitenciarios, se dictaron indultos generalizados y se limitó el uso de la prisión preventiva para solucionar esta dificultad. Tres años después, según las cifras oficiales, el hacinamiento prácticamente ha sido controlado.

Para abril de 2022, solo hay un 11% de sobrepoblación, pero el Gobierno se proyecta llegar a cero hasta finales de año. Pero, disminuir el hacinamiento no ha sido la respuesta a la crisis, pues las muertes violentas en lugar de bajar se incrementaron dramáticamente.

En los cinco primeros meses de 2019, cuando se inició la crisis, 19 reclusos fueron asesinados. Esa cifra provocó la declaratoria de emergencia. Con el contexto actual, ese número de muertos es bajo.

El 29 de septiembre de 2021, solo en la Penitenciaría del Litoral, hubo 118 asesinados. Ese año, la cantidad de víctimas de la violencia carcelaria se incrementó en 2.006% con relación a 2011. Y 2022, con el quinto mes en curso, ya acumula más de 60 muertes. Es decir, ya es el año con el segundo peor registro de la historia.

En 2019, las autoridades dieron a conocer por primera vez la hipótesis de que los asesinatos responden a una lucha de bandas narcodelictivas que se disputan el control de las cárceles y de las actividades relacionadas con el narcotráfico. En ese momento, había tres bandas en la palestra: Los Choneros, Los Lagartos y Los Cubanos. Pero la batalla la ganaron los primeros.

El 11 de junio de 2019, William Poveda, alias ‘Cubano’, fue asesinado en la Penitenciaria del Litoral. Las imágenes del crimen estremecieron al país, pues varios prisioneros patearon la cabeza de Poveda simulando un juego de fútbol.

Aparentemente, Los Choneros dominarían las cárceles, pero al interior de esa organización también hubo una crisis. En junio de 2020, en medio de un cuestionado proceso judicial, alias ‘Rasquiña’, exlíder de Los Choneros, obtuvo la prelibertad y fue liberado. Luego en diciembre de ese mismo año fue asesinado en un centro comercial de Manta.

Esa muerte dejó un espacio de poder en el mundo criminal. Al interior de Los Choneros, el liderazgo cayó en manos de Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, quien está detenido con una condena por asesinato.

Según una fuente policial, el “éxito” de Los Choneros para mantener el control se debía, en gran parte, a que habían armado una estructura de grupos más pequeños que eran sus brazos armados. Se trata de Los Lobos, Los Tiguerones, Los Chone Killers, Los Loqui Choner, Los AK47, Los Pangora, entre otros. Pero, esa unidad se rompió y fue así que el 23 de febrero de 2021, en cuatro cárceles del país, hubo un enfrentamiento que dejó 79 muertes.

Fue una pelea interna entre los brazos armados por tomar el control tras la muerte de alias ‘Rasquiña’.

Este liderazgo en la cárcel lo quería tomar Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, pero las bandas de Los Lobos y Los Tiguerones se opusieron.

Estos grupos se organizaron e intentaron asesinar a ‘Fito’, ingresando de contrabando un arma a una cárcel de Guayaquil. Aquello provocó la reacción de Los Choneros y terminó en la matanza de 79 internos.

Desde esa fecha se ha reportado cinco masacres más. Pero la violencia ya no está solo en las cárceles. Ahora también se disputa en las calles, y se han sumado grupos armados colombianos y cárteles mexicanos.

Fuente: Primicias.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no estaría respetando el acuerdo de pago de la deuda que mantiene con los hospitales de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca).

Así lo indicó su presidente José Jouvín. “Hemos avanzado en reuniones individuales de parte del IESS con cada Solca, para afinar la cifra que debe a cada núcleo. En esas reuniones, hubo propuestas de pago que diferían de lo que se firmó el 7 de abril de 2022”, explicó en Teleamazonas.

Según Jouvín, el IESS propuso pagos individuales a cada núcleo de Solca, cuando en el convenio se comprometió a pagar USD 140 millones hasta mayo de 2022.

“Nos mantenemos en el convenio de que, en función de una devolución del Ministerio de Finanzas de unos bonos por concepto de IVA, se pagaría la deuda”, insistió.

El representante nacional aseguró que la atención a pacientes con cáncer no se ha interrumpido, y que incluso se han incrementado las derivaciones del IESS. Esto, agregó, porque los hospitales del Seguro Social no tienen insumos o tienen sus equipos dañados.

De allí que el tiempo de espera pasó de 15 a 45 días. Jouvín confirmó que la deuda “más abultada” se la mantiene con Solca Quito.

Fuente: Primicias.

La madrugada del domingo 15 de mayo de 2002 un vehículo en el cual viajaban turistas de Colombia a las playas de Esmeraldas cayó desde el puente de Lita, en la vía Ibarra-San Lorenzo, y fue arrastrado por el río.

El Cuerpo de Bomberos de Ibarra informó que el siniestro de tránsito ocurrió en el puente de Lita, donde un auto con una persona en el interior cayó al río Lita.

Los bomberos se encuentran en el lugar realizando las tareas de búsqueda y rescate del cuerpo del ciudadano colombiano.

El sitio de noticias San Lorenzo Online señaló que, aproximadamente, a las 2:00 se produjo un gran creciente de la quebrada que pasa por un balneario y el agua se desbordó a la vía Ibarra – San Lorenzo.

El agua y lodo arrastró a un vehículo donde los turistas se encontraban durmiendo al costado de la vía porque se les había reventado una llanta y esperaban que amanezca para arreglar el daño y continuar con el viaje, de acuerdo con el relato de los afectados.

Se trataba de dos vehículos que viajaban cinco turistas hacia las playas de la provincia de Esmeraldas y se encontraban estacionados cerca al puente; lamentablemente uno de ellos fue el que sufrió el percance.

Según testigos, el conductor retornó al carro para recuperar los equipajes, pero fue sorprendido por el fenómeno natural. Su pareja sobrevivió.

En las imágenes que compartieron los bomberos de Ibarra se observa al vehículo de color blanco totalmente destrozado.

Fuente: El Comercio.

Desde el 30 de abril, y por 60 días, rige un estado de excepción en las costeras Guayas, Manabí y Esmeraldas (esta última fronteriza con Colombia), decretado por el presidente Guillermo Lasso para frenar la criminalidad. El ministerio del Interior detalló que las primeras dos semanas de operativos dejaron “1.131 detenidos” y 17 “bandas criminales desarticuladas”.

Más de 140 armas fueron decomisadas, al igual que casi 200 automóviles y motos, añadió el ministerio sin dar más detalles. Un video que muestra a policías y militares uniformados deteniendo y requisando vehículos en las vías, acompañó el tuit.

Nueve mil militares y policías fueron desplegados en esas tres provincias, según el Gobierno. Ecuador, que por muchos años se mantuvo relativamente a salvo de la violencia de sus vecinos, Colombia y Perú ―los dos mayores productores mundiales de cocaína―, vive un aumento de la criminalidad.

El año pasado cerró con una tasa de 14 asesinatos por cada 100.000 personas, casi el doble que en 2020. La violencia se extiende a las cárceles, donde han muerto casi 400 reclusos en poco más de un año.

La última matanza se consumó la madrugada del lunes 2 de mayo en la cárcel de Bellavista en Santo Domingo (a unos 80 km de Quito), donde 44 presos fueron asesinados a puñaladas en sus celdas. Fue la sexta desde febrero de 2021.

El Gobierno atribuye esos sangrientos enfrentamientos a la lucha de bandas del narcotráfico por el control del almacenamiento y rutas para el envío de cocaína a Estados Unidos y Europa.

Fuente: Semana.

El 9 de mayo de 2022, 44 reos fueron asesinados en un motín en este centro carcelario de Santo Domingo. Tras ese hecho, las unidades tácticas de la Policía realizaron requisas y encontraron encaletadas armas de fuego de grueso calibre. Fueron cuatro fusiles, tres pistolas, un revólver, municiones, alimentadoras y cuatro granadas de uso militar.

Dos días después de la matanza hubo otro intento de motín en la misma cárcel. Luego de que policías y militares evitaran ese incidente violento, la fuerza pública realizó otra requisa en el pabellón de mediana seguridad y decomisó armas de fuego de varios calibres, cinco municiones, 11 bombas molotov y 100 sobres con droga.

No son hechos aislados. Después de los diferentes motines y masacres carcelarias en el país, los gendarmes realizan requisas y siempre encuentran artículos similares. Las cifras de la Fiscalía demuestran que, desde agosto de 2014 (cuando entró en vigencia el actual Código Penal) hasta el pasado 11 de abril se han contabilizado 12 715 casos de ingreso de artículos prohibidos a las cárceles.

Los centros de Guayas, Cotopaxi, Azuay, Santo Domingo, Imbabura, Carchi, Tungurahua y Chimborazo registran la mayor cantidad de casos. Ese ilícito quedó al descubierto el 3 de abril, en la cárcel de Turi. 20 presos murieron tras un enfrentamiento entre bandas y en una requisa se decomisaron 853 objetos, entre ellos siete armas de fuego cortas, un fusil, cuchillos, machetes y celulares.

Los 12 715 casos han sido judicializados. En el 26% de los procesos penales se sentenció a los implicados. El resto está en diferentes fases del proceso judicial. También hay casos en que los procesados fueron declarados inocentes o se archivaron las causas.

Ese no fue el caso de una agente penitenciaria en Riobamba. Fue condenada a seis años por intentar ingresar un celular en la cárcel, el pasado 4 de enero.

Este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe sobre la situación carcelaria nacional. Detalló que las autoridades estatales reconocieron que “la corrupción ha facilitado el ingreso a los centros de privación de libertad de drogas, armas cortopunzantes, armas de fuego de corto y largo alcance e incluso explosivos”.

Ese organismo recomendó al Estado “evitar de manera efectiva el ingreso de objetos prohibidos por la ley, a través de registros e inspecciones periódicas y la utilización de medios tecnológicos”. Agregó que todos los procedimientos de ingreso y control deben realizarse bajo estándares internacionales.

En 2020, la Defensoría del Pueblo emitió un informe que señalaba que el “manejo y la comercialización” de artículos prohibidos al interior de los centros penitenciarios “genera la mayor parte de los recurrentes hechos de violencia”.

Fuente: El Comercio.