El 9 de mayo de 2022, 44 reos fueron asesinados en un motín en este centro carcelario de Santo Domingo. Tras ese hecho, las unidades tácticas de la Policía realizaron requisas y encontraron encaletadas armas de fuego de grueso calibre. Fueron cuatro fusiles, tres pistolas, un revólver, municiones, alimentadoras y cuatro granadas de uso militar.

Dos días después de la matanza hubo otro intento de motín en la misma cárcel. Luego de que policías y militares evitaran ese incidente violento, la fuerza pública realizó otra requisa en el pabellón de mediana seguridad y decomisó armas de fuego de varios calibres, cinco municiones, 11 bombas molotov y 100 sobres con droga.

No son hechos aislados. Después de los diferentes motines y masacres carcelarias en el país, los gendarmes realizan requisas y siempre encuentran artículos similares. Las cifras de la Fiscalía demuestran que, desde agosto de 2014 (cuando entró en vigencia el actual Código Penal) hasta el pasado 11 de abril se han contabilizado 12 715 casos de ingreso de artículos prohibidos a las cárceles.

Los centros de Guayas, Cotopaxi, Azuay, Santo Domingo, Imbabura, Carchi, Tungurahua y Chimborazo registran la mayor cantidad de casos. Ese ilícito quedó al descubierto el 3 de abril, en la cárcel de Turi. 20 presos murieron tras un enfrentamiento entre bandas y en una requisa se decomisaron 853 objetos, entre ellos siete armas de fuego cortas, un fusil, cuchillos, machetes y celulares.

Los 12 715 casos han sido judicializados. En el 26% de los procesos penales se sentenció a los implicados. El resto está en diferentes fases del proceso judicial. También hay casos en que los procesados fueron declarados inocentes o se archivaron las causas.

Ese no fue el caso de una agente penitenciaria en Riobamba. Fue condenada a seis años por intentar ingresar un celular en la cárcel, el pasado 4 de enero.

Este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe sobre la situación carcelaria nacional. Detalló que las autoridades estatales reconocieron que “la corrupción ha facilitado el ingreso a los centros de privación de libertad de drogas, armas cortopunzantes, armas de fuego de corto y largo alcance e incluso explosivos”.

Ese organismo recomendó al Estado “evitar de manera efectiva el ingreso de objetos prohibidos por la ley, a través de registros e inspecciones periódicas y la utilización de medios tecnológicos”. Agregó que todos los procedimientos de ingreso y control deben realizarse bajo estándares internacionales.

En 2020, la Defensoría del Pueblo emitió un informe que señalaba que el “manejo y la comercialización” de artículos prohibidos al interior de los centros penitenciarios “genera la mayor parte de los recurrentes hechos de violencia”.

Fuente: El Comercio.