Con una inversión mayor a USD 200 mil, se inauguró la Prefectura de Cotopaxi en La Maná. La obra pretende evitar que los habitantes del cantón se movilicen a Latacunga para ejecutar diferentes trámites en la entidad.
Autoridades aseguran que la obra ejecutada en la Av. Amazonas, que cuenta con un avance del 85%, será entregada en el plazo establecido con la finalidad que el recorrido de la Mama Negra pase por el sector.
Este viernes 19 de agosto, el presidente del MICC, Andrés Ayala, mediante una rueda de prensa, dijo que no ha traicionado al Movimiento Indígena de Cotopaxi ni al Movimiento Pachakutik, por lo que expresó su rechazo a los comentarios de ciertas gentes que andan señalando aquello, seguirá defendiendo al pueblo indígena.
“He tratado de poner en su lugar a aquellas personas que no hacen caso a las bases, la gente se sale del Movimiento Pachakutik y luego regresan, por lo tanto, el pedido ha sido que sean leales, coherentes con el movimiento, y son ellos quienes dicen que el Presidente del MICC los ha traicionado”, dijo Ayala.
Indicó que si el pedido para dejar el Consejo del MICC, viene desde las bases lo hará, pero no aceptará que la destitución venga de un grupo de 18 personas como se pretender realizar, dijo que entre una de las personas que están tras la destitución del Presidente del MICC está el Prefecto Jorge Guamán, a ello se suman otros nombres que oportunamente dará a conocer, señaló en la rueda de prensa.
Ayala apuntó que existe división dentro del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, y que hay gente que está detrás de todo esto, pero el pueblo pobre seguirá fortaleciendo a la organización.
De igual forma en la asamblea provincial del MICC, realizada el pasado jueves, por pedido de la mayoría de las organizaciones resolvieron convocar a un congreso extraordinario del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi para el viernes 26 de agosto a partir de las 10:00 en el centro de capacitación del MICC ubicado en el ingreso a las Bethlemitas, para la restructuración del Consejo de Gobierno del MICC, mientras tanto, Andrés Ayala sigue como presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, y que no existe ninguna destitución.
Fuente: La Gaceta.
Luego de ejecutarse las primarias en las organizaciones políticas, el Consejo Nacional Electoral iniciará el monitoreo para evitar una campaña anticipada de los posibles candidatos. Quienes hagan caso omiso de estas disposiciones, serán sancionados desde 20 salarios básicos unificados, hasta la suspensión de sus derechos de participación.
Este colectivo informó sobre el cierre en horas de la tarde de este domingo 21 de agosto de 2022 a través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook.
"Estamos muy apenados por esta decisión, pero no podemos hacer más. Los últimos meses han sido muy duros, no ha habido adopciones, hemos perdido voluntarios, padrinos y seguidores y hemos tenido que afrontar todos los rescates y problemas médicos de nuestros animalitos incurriendo en deudas muy altas", compartieron en la red social.
El espacio de rescate animal ha estado abierto por más de dos décadas y ha rehabilitado, esterilizado y adoptado gatos y perros para que puedan tener una vida digna.
Según escribieron en el muro de la red social, la mayoría de gatos que están en el refugio son adultos y padecen de condiciones de salud propias de la edad y que incurren en gastos médicos altos que no pueden ser cancelados.
Por otro lado, informaron que cuentan con una gran cantidad de perritos que no han sido adoptados todavía. "Ya no nos alcanza para las medicinas, la comida, arena y demás", publicaron.
Reiteraron, además, que ya no pueden brindar y garantizar una buena calidad de vida tanto para los gatitos como para los perritos. Por esa razón el refugio se cerrará y pasará a ser un santuario, donde vivirán los animales que no fueron adoptados.
El colectivo ya no recibirá más animales, pero sí espera que más personas puedan adoptar a los que quedan y apoyar al mantenimiento de este santuario.
Fuente: El Comercio.
A menos de un año que fue asfaltado un tramo de seis kilómetros de la vía Apahua-Angamarca por parte del Gobierno Provincial de Cotopaxi, hoy presenta varios problemas, hecho que ha generado preocupación entre los moradores de la parroquia, que al inicio de los trabajos vieron con alegría que un sueño de muchos años se estaba convirtiendo realidad y hoy ven con tristeza como al poco tiempo de realizadas las obras la carretera está afectada con huecos, fisuras en el asfalto, entre otros inconvenientes.
Daniel Panoluisa, párroco de la parroquia de Angamarca, ratificó como cierto los daños que existen en el tramo intervenido por la Prefectura de Cotopaxi, hecho que genera miedo entre los conductores y usuarios de la vía porque el asfalto se está partiendo y existen bastante baches, convirtiéndose en un peligro que podría generar accidentes de tránsito.
“De la realización de la obra no ha pasado ni un año y los trabajos realizados están deteriorándose, lo que genera molestia, pero la verdad, es una burla que hace en este caso la Prefectura al ofrecer a los moradores de Angamarca una obra, que en inicio fue recibida con alegría y hoy la gente se está dando cuenta que la obra no estuvo bien hecha, por lo que tendrán que volver a invertir más dinero del pueblo para arreglar los daños”, dijo el párroco de Angamarca.
Por su parte don Edwin León, morador de la parroquia de Angamarca, dijo que la alegría del pobre dura poco, es lo que está pasando entre los moradores de la parroquia al ver que el asfaltado de seis kilómetros realizado por el GPC está deteriorándose a menos de un año de su ejecución, cuando sabemos que una vía nueva tiene una duración de entre seis y siete años y luego de este tiempo iniciar el mantenimiento.
Sabemos que las obras ni siquiera han sido entregadas por parte del contratista y la vía presenta varios problemas, baches, fisuras en la carpeta asfáltica, lo que demuestra que los trabajos no fueron bien hechos, dijo León, a ello se suma que la obra no está concluida, falta señalización, cunetas.
La aspiración de los angamarquenses era contar con una vía de primera que permita el desarrollo de la parroquia y sus comunidades, pero con el mal estado de los trabajos, el progreso se va deteniendo, por lo que León considera que en el lapso de dos a tres años ya no habrá asfaltado.
Fuente: La Gaceta.
Una niña de apenas 10 años fue víctima de pornografía infantil en Chimborazo. Según las investigaciones, su madre era quien supuestamente la filmaba y fotografiaba desnuda. Luego, esas imágenes y videos eran difundidos en internet.
Esto terminó cuando la Policía detuvo a la mujer y rescató a la niña durante un operativo, que se desarrolló el pasado 3 de agosto.
Tras la intervención policial, la niña fue llevada a Riobamba para los exámenes médico-legales. Ahora, la víctima vive con su abuelo. En cambio, la madre se sometió a una audiencia de formulación de cargos. Allí fue procesada como presunta autora del delito de pornografía infantil. Un juez penal le dictó prisión preventiva.
Este caso no es un hecho aislado. A inicios de agosto, la Policía dio a conocer que 12 personas fueron detenidas por ser parte de una organización delictiva transnacional, que operaba en el país y que se dedicaba a la producción de pornografía infantil.
En ese caso, dos de las 12 personas fueron aprehendidas en un hostal de Canoa, en Manabí. Cuando los uniformados llegaron al lugar, comprobaron que los dos sospechosos estaban con dos menores de edad. También había equipos de filmación y fotografía.
Un informe estadístico de Fiscalía señala que, desde agosto de 2014 hasta el 12 de agosto de 2022, se han registrado 761 casos de pornografía infantil a escala nacional. Esos delitos comenzaron a aumentar desde 2020 y la mayoría se registró en 2021.
Agentes de la Policía que rastrean este tipo de delitos aseguran que las redes criminales dedicadas a este ilícito se activaron con fuerza en 2020. Esto ocurrió porque la pandemia del covid-19 obligó al uso masivo de equipos tecnológicos. “Los niños y adolescentes incrementaron el uso de computadoras, celulares, internet y redes sociales, y se volvieron más vulnerables a las cibermafias”, dijo un jefe policial.
Un informe del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (una organización sin fines de lucro de EE.UU.) señala que en 2020 Ecuador superó las 200 000 alertas de presunta explotación sexual y pornografía infantil. Hubo un aumento del más del 100%, en relación con 2019, cuando se registraron 98 669 incidentes. Estos datos se obtuvieron con CyberTipline, un sistema centralizado estadounidense que sirve para denunciar la explotación infantil en línea.
Pichincha, Guayas, El Oro, Manabí, Tungurahua y Azuay son las provincias donde se han registrado más casos en ocho años.
El pasado 25 de abril, la Policía detuvo a una persona en Quito que “mediante engaños captaba a niños, niñas y adolescentes para realizar grabaciones y fotos sexuales explícitas. Ese contenido era subido a internet, incluyendo la Deep Web (internet oscura o ilegal). Su finalidad era obtener réditos económicos.
Las investigaciones policiales han detectado las formas de operar de las bandas o las personas que cometen ese delito. Hay miembros de redes de pornografía que contactan a las víctimas a través de internet. Los delincuentes amenazan a los menores con hacerles daño a ellos o a sus familiares si no envían imágenes o videos de sus partes íntimas.
Otra manera es a través de la extorsión. Contactan a adolescentes a través de redes sociales. Utilizan perfiles falsos y crean un vínculo de amistad o enamoramiento.
Luego les piden fotos y videos de sus cuerpos. Cuando obtienen el material, les obligan a tener relaciones sexuales a cambio de no difundir el contenido. Una tercera forma es cuando los padres o conocidos cometen el ilícito.
La pornografía infantil se configura cuando una persona fotografía, filma, graba, produce, transmite o edita materiales visuales, audiovisuales, informáticos o electrónicos “que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual”.
Ese delito se sanciona con cárcel de 13 a 16 años. Así lo señala el artículo 103 del Código Integral Penal (COIP).
La pena aumenta de 22 a 26 años de cárcel cuando la persona infractora es el padre, la madre, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tutor, representante legal, profesor, maestro o persona que por su profesión o actividad haya abusado de la víctima.
Controle y esté pendiente de las actividades de sus hijos en internet y redes sociales. Es importante conocer las páginas web que visita y con quién conversa por la Red.
Nunca comparta ni distribuya imágenes o videos de menores de 18 años realizando actividades sexuales.
Hable con sus hijos y adviértales de todos los riesgos que existen en internet.
Nunca publique en redes sociales que sus hijos están solos en casa y tampoco divulgue que tuvo una pelea o discusión con ellos.
Motive a los niños o adolescentes a que denuncien o cuenten si están siendo contactados por extraños o si alguien les está pidiendo fotos o videos de sus cuerpos.
Fuente: El Comercio.
