Una niña de apenas 10 años fue víctima de pornografía infantil en Chimborazo. Según las investigaciones, su madre era quien supuestamente la filmaba y fotografiaba desnuda. Luego, esas imágenes y videos eran difundidos en internet.

Esto terminó cuando la Policía detuvo a la mujer y rescató a la niña durante un operativo, que se desarrolló el pasado 3 de agosto.

Tras la intervención policial, la niña fue llevada a Riobamba para los exámenes médico-legales. Ahora, la víctima vive con su abuelo. En cambio, la madre se sometió a una audiencia de formulación de cargos. Allí fue procesada como presunta autora del delito de pornografía infantil. Un juez penal le dictó prisión preventiva.

Este caso no es un hecho aislado. A inicios de agosto, la Policía dio a conocer que 12 personas fueron detenidas por ser parte de una organización delictiva transnacional, que operaba en el país y que se dedicaba a la producción de pornografía infantil.

En ese caso, dos de las 12 personas fueron aprehendidas en un hostal de Canoa, en Manabí. Cuando los uniformados llegaron al lugar, comprobaron que los dos sospechosos estaban con dos menores de edad. También había equipos de filmación y fotografía.

Un informe estadístico de Fiscalía señala que, desde agosto de 2014 hasta el 12 de agosto de 2022, se han registrado 761 casos de pornografía infantil a escala nacional. Esos delitos comenzaron a aumentar desde 2020 y la mayoría se registró en 2021.

Agentes de la Policía que rastrean este tipo de delitos aseguran que las redes criminales dedicadas a este ilícito se activaron con fuerza en 2020. Esto ocurrió porque la pandemia del covid-19 obligó al uso masivo de equipos tecnológicos. “Los niños y adolescentes incrementaron el uso de computadoras, celulares, internet y redes sociales, y se volvieron más vulnerables a las cibermafias”, dijo un jefe policial.

Un informe del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (una organización sin fines de lucro de EE.UU.) señala que en 2020 Ecuador superó las 200 000 alertas de presunta explotación sexual y pornografía infantil. Hubo un aumento del más del 100%, en relación con 2019, cuando se registraron 98 669 incidentes. Estos datos se obtuvieron con CyberTipline, un sistema centralizado estadounidense que sirve para denunciar la explotación infantil en línea.

Pichincha, Guayas, El Oro, Manabí, Tungurahua y Azuay son las provincias donde se han registrado más casos en ocho años.

El pasado 25 de abril, la Policía detuvo a una persona en Quito que “mediante engaños captaba a niños, niñas y adolescentes para realizar grabaciones y fotos sexuales explícitas. Ese contenido era subido a internet, incluyendo la Deep Web (internet oscura o ilegal). Su finalidad era obtener réditos económicos.

Las investigaciones policiales han detectado las formas de operar de las bandas o las personas que cometen ese delito. Hay miembros de redes de pornografía que contactan a las víctimas a través de internet. Los delincuentes amenazan a los menores con hacerles daño a ellos o a sus familiares si no envían imágenes o videos de sus partes íntimas.

Otra manera es a través de la extorsión. Contactan a adolescentes a través de redes sociales. Utilizan perfiles falsos y crean un vínculo de amistad o enamoramiento.

Luego les piden fotos y videos de sus cuerpos. Cuando obtienen el material, les obligan a tener relaciones sexuales a cambio de no difundir el contenido. Una tercera forma es cuando los padres o conocidos cometen el ilícito.

La pornografía infantil se configura cuando una persona fotografía, filma, graba, produce, transmite o edita materiales visuales, audiovisuales, informáticos o electrónicos “que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual”.

Ese delito se sanciona con cárcel de 13 a 16 años. Así lo señala el artículo 103 del Código Integral Penal (COIP).

La pena aumenta de 22 a 26 años de cárcel cuando la persona infractora es el padre, la madre, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tutor, representante legal, profesor, maestro o persona que por su profesión o actividad haya abusado de la víctima.

Controle y esté pendiente de las actividades de sus hijos en internet y redes sociales. Es importante conocer las páginas web que visita y con quién conversa por la Red.

Nunca comparta ni distribuya imágenes o videos de menores de 18 años realizando actividades sexuales.

Hable con sus hijos y adviértales de todos los riesgos que existen en internet.

Nunca publique en redes sociales que sus hijos están solos en casa y tampoco divulgue que tuvo una pelea o discusión con ellos.

Motive a los niños o adolescentes a que denuncien o cuenten si están siendo contactados por extraños o si alguien les está pidiendo fotos o videos de sus cuerpos.

Fuente: El Comercio.