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Tras la captura del conductor sospechoso de la violación de una adolescente a la que transportaba hacia a su institución educativa, mucho se habla de la posible pena a la cual se enfrentaría, en caso de ser declarado culpable del delito.

El Código Integral Penal (COIP), vigente en Ecuador desde 2014, determina en su artículo 171 que se considera “violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo”.

En tal virtud, la persona sospechosa que cometa este delito “será sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años” en los siguientes casos que estipula la norma.

·         Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse.

·         Cuando se use violencia, amenaza o intimidación.

·         Cuando la víctima sea menor de catorce años.

Además, el COIP señala que se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, cuando:

·         La víctima sufre una lesión física o daño psicológico permanente.

·         La víctima contrae una enfermedad grave o mortal.

·         La víctima es menor de diez años.

·         La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o curador o cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del entorno de la víctima, ministro de culto o profesional de la educación o de la salud o cualquier persona que tenga el deber de custodia sobre la víctima.

·         La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por cualquier motivo, siempre y cuando no constituya violación incestuosa.

La mañana de este miércoles 4 de mayo de 2022 se conoció que Darwin Kléber J. F., sospechoso de la violación a una adolescente en un trasporte escolar en Quito, recibió prisión preventiva.

La audiencia de formulación de cargos se desarrolló durante horas de la madrugada en la capital, hasta donde fue trasladado el sospechoso luego de su detención en Lago Agrio, Sucumbíos.

El fiscal especializado en Violencia de Género, Galeano Balcázar, presentó los elementos de convicción que recabó durante la fase de investigación previa. Sobre esa base, un Juez de Garantías Penales dio paso al inicio de instrucción fiscal, cuyo plazo vence en 90 días.

Fiscalía formuló cargos por el presunto delito de violación y, además, solicitó al Juez que disponga la prisión preventiva de Darwin Kléber J. F., pedido que fue motivado con base en lo que establece el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El Fiscal del caso también dispuso que se practiquen más de treinta diligencias. Entre estas constan la recepción de más de diez versiones, a las que comparecieron los padres de la víctima, la exrectora del plantel educativo, el propietario del bus, así como el testimonio anticipado rendido por la adolescente de 15 años, a quien también se le practicó una valoración psicológica.

Fiscalía, además, pidió la práctica de las pericias médico-legal, toxicológica, de entorno social, biológica y de genética forense. Estas dos últimas determinarían la existencia de perfil genético del agresor en el cuerpo de la agraviada.

Asimismo, el Fiscal dispuso el desarrollo de una pericia química a la sustancia encontrada en una botella dentro del bus, que presuntamente fue ingerida por la víctima.

La unidad habría sido abandonada por el procesado cerca del colegio y consta como retenida en el Centro de Acopio de Evidencias de la Policía Judicial.

La presunta violación se habría registrado este 21 de abril, mientras la adolescente se trasladaba al colegio a bordo del bus escolar, conducido por el procesado. El delito de violación está tipificado y sancionado en el artículo 171 del COIP y sanciona con hasta 22 de años de prisión.

Fuente: Metro.

Una madre es acusada de envenenar a sus cuatro hijos y luego intentar suicidarse. El hecho sucedió el lunes 2 de mayo del 2022 en Oaxaca, México.

Según recoge el portal local Milenio, las autoridades indican que la madre suministró una sustancia en la comida a los menores, tres niñas de 8, 5 y 2 años y un bebé de 10 meses, quienes fallecieron de inmediato.

Después del deceso de sus hijos la mujer trató de cortarse el cuello con un arma blanca.

Los vecinos del sector encontraron a los infantes en la cama; mientras que la mujer fue hallada con vida, pero en estado grave de salud. Ahora se encuentra en un hospital bajo supervisión médica.

El medio de comunicación citado recoge las versiones de los vecinos, quienes refirieron que la mujer sufría de maltrato familiar por parte de su esposo.

En redes sociales promocionó la candidatura presidencial de Andrés Arauz. Publicó fotografías con los colores del partido político y colocó frases como: “mi voto es por Andrés (Arauz)” y “el 11 de abril regresa la esperanza. Andrés Arauz, presidente”.

Siete meses después de esos mensajes se convirtió en juez de Guayaquil y hoy es indagado por otorgar un hábeas corpus al cabecilla de Los Choneros, una de las mafias más poderosas del país.

El Consejo de la Judicatura lo ha suspendido y analiza su accionar. Pese a eso, el magistrado dice que quienes lo señalan como correísta quieren decir es que es garantista. “Mi formación profesional va de la mano con mis actuaciones judiciales. Yo no tengo por qué cambiar mi garantismo y mi forma de entender el derecho por ser juez”.

No es el único juez que ha beneficiado a personas sentenciadas por crímenes o delitos de corrupción.

La Judicatura tiene una lista de jueces que están siendo evaluados por estos hechos. La información se mantiene en reserva, pero en esa nómina también figura el juez que otorgó la libertad del exvicepresidente Jorge Glas.

El magistrado, quien trabajaba en Manglar Alto (Santa Elena), también fue suspendido de sus funciones. En su expediente se revela que, en noviembre del 2017, el mismo magistrado permitió a Glas que acudiera vestido de traje a su juicio por el caso Odebrecht. Esos antecedentes son analizados para posibles sanciones definitivas.

Para Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, no basta con las suspensiones. Para él, los vínculos políticos que tienen los jueces es un problema estructural que se debe cambiar de raíz y para esto se tiene que formar concursos más transparentes para elegir magistrados.

Él recuerda que, en el 2017, los miembros de la Comisión Anticorrupción también fueron víctimas de los nexos entre jueces y políticos. Una juez los sentenció a cárcel y al pago de una indemnización por calumnias contra el entonces contralor del Estado, Carlos Pólit.

“Han pasado años de ese episodio; fuimos condenados por decir que Pólit era un corrupto y ahora está preso en EE.UU. por los mismos actos de corrupción. Nunca sancionaron a la jueza que nos sentenció”, dice Rodas.

Organismos de Derechos Humanos también han hablado de los nexos de magistrados con políticos. Marco Jurado, representante de la Inccadi, advierte que para obtener prelibertades de personas de bajos recursos económicos tardan al menos cuatro meses. Por eso, no entiende cómo hay jueces que tramitan con tanta rapidez solicitudes de personas como el excontralor Pablo Celi, quien también es procesado por corrupción”.

El funcionario continúa en prisión actualmente, pero ya se ha admitido la revisión de una posible revisión a la prisión preventiva.

“Nosotros tenemos 10 casos de señores viejitos que van un año buscando prelibertad y nada. Hay una jueza en Cotopaxi que de 10 prelibertades nos niega ocho. Eso refleja la desigualdad que existe en este país”, dice Jurado y añade que detrás de estos fallos judiciales a favor de corruptos y criminales hay pactos políticos. Esto ya se ha señalado en la Asamblea y las acusaciones han llegado hasta al Gobierno, aunque todas han sido desestimadas por el mismo presidente Guillermo Lasso.

Antinarcóticos también ha confirmado que el poder económico de las mafias también está detrás de los fallos judiciales polémicos. Ellos señalan que cabecillas de organizaciones narcodelictivas tienen un conglomerado de abogados que se encargan de conseguir los beneficios. En el último año, al menos seis cabecillas de bandas han sido liberadas.

La Judicatura ha señalado que para evitar esto se está conformando la selección de jueces anticorrupción y de crimen organizado. Los magistrados gozarán de protección adecuada y entrarán en funciones a finales de este año.

Fuentes: El Comercio.

Durante un evento en la terminal terrestre de Pascuales, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, se refirió a la crítica situación que vive la ciudad debido a la ola de violencia pese a un estado de excepción vigente y criticó que solo se haya dado en dos parroquias (Ximena y Pascuales), “cuando la problemática está en toda la ciudad y el país”.

Dijo que en el país “no hay una política tangible en materia de seguridad”. Esto, tras el nuevo ataque con explosivos en Mi Lote, donde un automóvil y una fachada terminaron afectados.

Viteri indicó que para la delincuencia y las bandas de narcotráfico se necesita mano dura y acciones y ante eso criticó las decisiones tomadas por el Presidente Lasso en cuanto a esta materia: “Lamento ver al presidente de la República bastante desorientado y con políticas difusas. Está caminando a ciegas y a tientas en un país plagado de violencia, donde a diario, en este momento, matan a alrededor de diez personas al día”, indicó.

Por otro lado, dijo que en materia de seguridad “no es cuestión de sentarse en mesas a hablar” y que es necesario que se realicen planes y se los ejecuten: “Una mano dura contra la delincuencia y no mirar por la ventana cuando los carros estallan en un país que ya es mirado por otras naciones como un lugar peligroso”.

Viteri no está de acuerdo con el estado de excepción se ejecute en dos parroquias (Ximena y Pascuales), cuando la problemática “está en toda la ciudad y el país”. “No está sucediendo nada concreto. Cada acción es como juegos pirotécnicos en los que se juega con bombas y balas”, dijo.

Ante eso señaló que Guayaquil siempre ha brindado toda la ayuda para apoyar a la Policía. “Guayaquil es una de las ciudades que han dado todo para apoyar a la Policía. Lo que no podemos es dirigirla, porque esa no es nuestra competencia; no podemos cuidar el espacio marítimo, porque no es nuestra competencia; no podemos dirigir operativos, porque no es nuestra competencia”, anotó.

Fuente: Metro.