El 24 de abril de 2024, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Finanzas recuperar USD 22 millones que habían sido pagados a los hermanos Bucaram Aivas mediante bonos de deuda interna. Este pago se realizó en diciembre de 2023 como parte de una indemnización por un litigio relacionado con tierras camaroneras en la isla Palo Santo (Guayas). Los hermanos Bucaram Aivas vendieron estos bonos en marzo de 2024 a otros inversionistas.

En respuesta a la sentencia, el Depósito Centralizado de Valores (DCV) del BCE bloqueó temporalmente los bonos, aclarando que no se trata de un embargo o anulación de los valores. El BCE justificó la acción afirmando que debe cumplir con la orden judicial para evitar la disposición de los valores. Sin embargo, el BCE también reconoció que esta medida podría perjudicar a los actuales tenedores de los bonos, quienes compraron los títulos de buena fe sin conocer el origen de la dación en pago.

La medida ha generado incertidumbre en el mercado de valores. La Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) y la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) han expresado su desacuerdo con el bloqueo, argumentando que afecta la confianza en el mercado y perjudica a inversionistas legítimos.

Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, señaló que esta situación podría erosionar la confianza de los inversionistas en el Estado, especialmente en un contexto donde el Ministerio de Finanzas proyecta necesidades de préstamos por USD 10.992 millones en 2024, de los cuales el 57% se espera conseguir mediante la emisión de bonos internos.

El conflicto se remonta a mayo de 2021, cuando los hermanos Bucaram Aivas presentaron un recurso de habeas data contra el Ministerio de Agricultura, reclamando la titularidad de tierras en la isla Palo Santo, expropiadas por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) en 1985. Una corte local falló a su favor en julio de 2021, ordenando la devolución de las tierras y una indemnización de USD 22 millones.

La Procuraduría y las camaroneras afectadas apelaron ante la Corte Constitucional, que finalmente anuló el fallo de la corte local en abril de 2024, ordenando la recuperación del monto pagado a los Bucaram Aivas.

El BCE ha solicitado una reunión con la Corte Constitucional para definir la manera adecuada de cumplir con la sentencia sin perjudicar a los actuales tenedores de los bonos. La resolución de este caso será crucial para restaurar la confianza en el mercado de valores y garantizar que las acciones judiciales no perjudiquen a inversionistas inocentes.