Valladarez anunció en una rueda de prensa el 14 de mayo que el pedido de juicio político se fundamenta en dos causales principales.

1. Supuesto encubrimiento a lavadores de activos.

2. Falta de acción para procesar a Carlos Pareja Cordero (Capaco).

Sin embargo, la Fiscalía ha señalado que Valladarez omitió mencionar una tercera causal en su comunicado, que sí está incluida en el documento oficial presentado a la Asamblea: 

3. "Incumplimiento de funciones por su participación en reuniones y relación circunstancial y dolosa con procesados."

Esta última causal se basa en publicaciones de Ronny Aleaga, realizadas el 24 de marzo de 2024 en la red social X, donde Aleaga afirmaba tener contactos secretos con la fiscal Salazar y recibir información confidencial sobre investigaciones, incluyendo el caso del asesinato de Fernando Villavicencio.

La Fiscalía ha restado validez a las declaraciones de Aleaga debido a su estatus de prófugo y su implicación en actividades ilícitas con el narcotraficante Leandro Norero, conocido como "El Tigre". La institución considera que Aleaga está tratando de desacreditar la labor de la Fiscalía en investigaciones penales cruciales.

En un comunicado, la Fiscalía expresó: "Esta posición de dicho movimiento político (Revolución Ciudadana) demuestra -nuevamente- la desesperación por boicotear el trabajo de esta Institución en una de las investigaciones penales más importantes que se han llevado a cabo en Ecuador."

El caso Metástasis revela cómo el narcotráfico ha penetrado las instituciones del Estado, buscando impunidad y exponiendo los vínculos entre el crimen organizado y ciertos movimientos políticos. La Revolución Ciudadana ha intentado utilizar las declaraciones de Aleaga para desacreditar a la fiscal Salazar, quien ha denunciado sentirse emboscada por estos intentos.

El episodio más reciente ocurrió el 13 de mayo, cuando la presidenta de la Comisión de Fiscalización, la correísta Pamela Aguirre, permitió que Aleaga, desde la clandestinidad, interviniera durante una comparecencia de Salazar. En protesta, la fiscal abandonó la sesión, denunciando una emboscada política.

El nuevo pedido de juicio político contra Diana Salazar, basado en las publicaciones de un prófugo de la justicia, ha generado una fuerte reacción de la Fiscalía, que defiende la integridad de sus investigaciones. Este conflicto refleja las tensiones entre la Revolución Ciudadana y las instituciones judiciales en Ecuador, en un contexto donde el crimen organizado intenta influir en la política y la justicia.