Los miembros de Acción Ecológica, junto con otras agrupaciones como Yasunidos y Quito Sin Minería, han presentado una solicitud a la Corte Constitucional de Ecuador para que se active una fase de seguimiento destinada a verificar el cumplimiento de la sentencia emitida tras los resultados de las consultas populares relacionadas con el bloque ITT y el Chocó Andino.

En este contexto, se está solicitando a la Corte Constitucional que inicie procesos para determinar responsabilidades y, en caso de ser necesario, que se proceda a la destitución de todos los funcionarios públicos que estén intentando incumplir con lo establecido tras la consulta popular del 20 de agosto de 2023.

El abogado del colectivo, Ramiro Ávila, ha enfatizado que la obligación de cumplir con el mandato popular es inmediata y obligatoria, y que cualquier incumplimiento por parte de los funcionarios, ya sean ministros, directores o el propio presidente, debe tener consecuencias.

Las consultas populares del 20 de agosto de 2023 arrojaron resultados en los cuales la mayoría de la población se mostró a favor de detener la actividad petrolera y minera en el bloque ITT y en el Chocó Andino. Sin embargo, según los activistas, algunos funcionarios del Gobierno han expresado una clara voluntad de incumplir con estos mandatos, lo que ha generado preocupación y la necesidad de tomar medidas para garantizar su cumplimiento.

En este sentido, se ha cuestionado que el presidente Daniel Noboa haya mencionado la posibilidad de una moratoria para posponer el cese de la producción petrolera en el bloque ITT, así como las declaraciones de la ministra de Energía, Andrea Arrobo, quien sugirió que la producción en el bloque ITT debería continuar al menos por cinco años más.

Además, se ha denunciado que, después del 20 de agosto, el Ministerio de Ambiente intentó llevar a cabo "consultas ambientales" y "procesos de socialización" para continuar con la explotación minera en la zona de Pacto, lo cual va en contra de lo establecido por el mandato popular.

En resumen, los activistas están presionando para que se cumpla con la voluntad expresada por la población en las consultas populares, y que se tomen medidas concretas para asegurar que los funcionarios públicos respeten y acaten esta decisión.