La Corte Constitucional ha tardado en realizar el control constitucional al estado de excepción y la declaratoria del conflicto armado interno en Ecuador. A más de un mes de la emisión de los decretos correspondientes, el juez a cargo, Enrique Herrería, solicitó información a la Presidencia tras avocar conocimiento de la causa el 15 de febrero de 2024.

Este caso es crucial para la Corte Constitucional, ya que es la primera vez desde la Guerra del Cenepa que se decreta la existencia de un conflicto armado interno en el país. Las organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación ante posibles violaciones a los derechos humanos durante este periodo, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y tratos inhumanos a detenidos dentro y fuera de las cárceles.

La mayoría de los amicus curiae presentados ante la Corte cuestionan la declaratoria del conflicto armado interno y piden una revisión exhaustiva de la justificación presentada por el Gobierno. Se argumenta que los grupos delincuenciales no cumplen con los requisitos para ser considerados actores estatales no beligerantes, como se estableció en el decreto.

Además, se ha denunciado el posible perfilamiento racial en los operativos y detenciones realizadas durante este periodo, así como violaciones a los derechos de los presos en las cárceles controladas por las Fuerzas Armadas.

El juez Herrería debe ahora trabajar en un proyecto de dictamen, que será sometido a votación en el Pleno de la Corte Constitucional para su aprobación.