El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el decreto ejecutivo 139 el 29 de enero de 2024, estableciendo un nuevo procedimiento para la repatriación de extranjeros sentenciados en el país. El decreto enfatiza que cada caso será tratado de manera individual, prohibiendo expresamente cualquier repatriación colectiva. Esta medida busca garantizar un enfoque justo y conforme a los derechos humanos.

El decreto instruye al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, así como a los ministerios del Interior, de Gobierno, la Cancillería y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, a coordinar los procedimientos administrativos necesarios para la repatriación. Estos procedimientos deben respetar la normativa constitucional y legal vigente de Ecuador, así como los instrumentos internacionales aplicables.

La decisión de repatriar a extranjeros sentenciados surge en un contexto de hacinamiento carcelario en Ecuador. Un censo penitenciario de 2022 reveló que de los 31.300 presos en las 36 cárceles del país, 3.245 eran extranjeros. Además, en los últimos 20 días, tras la declaración de "conflicto armado interno" para combatir a grupos criminales, se detuvieron aproximadamente 4.500 personas. El presidente Noboa destacó que en las cárceles ecuatorianas hay alrededor de 1.500 presos de nacionalidad colombiana.

La repatriación de extranjeros sentenciados es una medida que el Gobierno ecuatoriano espera contribuya a mitigar la sobrepoblación en las cárceles, abordando al mismo tiempo las preocupaciones de seguridad y justicia. La implementación de este decreto será un proceso clave en el manejo de la población carcelaria y en las relaciones diplomáticas de Ecuador con los países de origen de los reclusos.