El déficit de defensores no es una problemática nueva. Desde antes de la pandemia ya se tenía informes de la necesidad de aumentar esta cifra. El último concurso para elegirlos fue en el 2015. Desde entonces, el Consejo de la Judicatura, ente rector del sistema judicial, no ha convocado a un nuevo proceso de méritos y oposición para contratar a más personal.  

Esta falta de profesionales repercute en el incremento de actividades que cada defensor debe realizar. La carga laboral es tan alta que un profesional tiene, en promedio, 350 procesos anuales.

Informes técnicos de Rehabilitación y de la Asamblea han analizado este requerimiento de personal y han mencionado que esto también influye en la crisis carcelaria, en especial en el hacinamiento.  

Por ejemplo, en octubre pasado, la Comisión legislativa de Seguridad mencionó que “la violación de derechos humanos dentro de los centros de privación de libertad pone de manifiesto las dificultades que tienen las personas privadas de la libertad para presentar demandas, acceder a la justicia o a investigaciones imparciales”. 

Esto debido tanto a “los problemas de eficiencia del sistema judicial cuanto, a la falta de acceso a un defensor público, que, como se evidencia en este informe, es una constante dentro de los Centros de Privación de Libertad”. 

La Comisión de Pacificación y Diálogo Penitenciario, nombrada por el Ejecutivo, también se refirió a que para reducir el hacinamiento se deben revisar todas las carpetas de las personas detenidas. “En la actualidad, demoran entre siete y ocho meses por cada expediente”. 

El defensor General del Estado, Ángel Torres, señaló que la Defensoría Pública ha fortalecido sus acciones en la crisis carcelaria.  

Parte de ese trabajo ha sido asesorar y gestionar los procesos de indultos que fueron facultados por el presidente en febrero pasado. A través del decreto 355, el Ejecutivo indultó a los sentenciados por cuatro tipos penales: robo, hurto, estafa y abuso de confianza. El primer requisito para acceder a este beneficio es que los presos hayan cumplido el 40% de la pena, en el caso de los procesados con el Código Penal anterior; y el 60% en el caso del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que rige desde 2014. 

La Defensoría reporta que en 35 días lograron los procesos de libertad de 343 personas privadas de libertad. Y recuerdan que los encargados de decretar las libertades son los jueces.

Aunque admiten que les falta personal, la institución dice que ha reforzado todos los procesos para evitar que los casos se represen. Incluso, en este año completaron la cifra de 735 defensores públicos.  

Además, han realizado capacitaciones para fortalecer a los profesionales y mejorar la calidad. Las mayores necesidades están en las provincias más grandes como Guayas, Pichincha y Manabí. 

El presupuesto es uno de los factores fundamentales. Incluir en nómina a 200 defensores más significaría una inversión de USD 7 millones anuales. 

La institución tiene un presupuesto estatal de USD 37 millones. El Consejo de la Judicatura conoce esta falta de recursos y ha señalado que se está trabajando para fortalecer al sistema de justicia.  

Mientras esto ocurre, organismos de Derechos Humanos, como Kaleidos, han mencionado que es necesario tener más defensores en los centros penitenciarios y garantizarles sus seguridades. Esto último ha sido recogido en los informes oficiales, pues en los amotinamientos y masacres violentas, ocurridas el año pasado, parte de las oficinas de Defensoría Pública han sido afectadas.  

Por ejemplo, en la cárcel regional de Cotopaxi, las revueltas de los internos generaron que los funcionarios no tengan garantías para su ingreso al centro penitenciario. 

Fuente: El Comercio.