Diego Javier Moscoso es el juez que dispuso la liberación del exvicepresidente Jorge Glas, el 9 de abril de 2022. Sin embargo, esta no fue la primera vez que los nombres de ambos se cruzaron en temas penitenciarios y judiciales.

El 24 de noviembre de 2017, todavía como vicepresidente, pero ya detenido, Glas llegó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para la audiencia de juicio del caso Odebrecht. Por ese proceso, el exfuncionario recibió su primera sentencia de seis años.

Pero, más allá del caso y de la sentencia, ese día sucedió un hecho anecdótico. A diferencia de los otros procesados que acudieron con el típico traje naranja de los presos, Glas vistió un terno oscuro y una corbata.

El trato diferencial entre los acusados causó críticas y comentarios. Diego Moscoso, en esa época subsecretario de Rehabilitación Social del extinto Ministerio de Justicia, asumió la defensa de lo ocurrido y, en una entrevista con El Comercio, dijo que no existía ninguna normativa que prohibiera que Glas vista de esa manera en el juzgado. Cuatro años y cuatro meses después, ya como juez de primer nivel de la parroquia de Manglaralto (Santa Elena), Moscoso aceptó el hábeas corpus a favor de Glas y lo liberó.

Diego Moscoso es cuencano. Estudió la secundaria en la Unidad Fray Vicente Solano y se graduó como abogado en la Universidad de Cuenca y fue en esa ciudad donde empezó a ejercer el derecho. En ese oficio conoció a Liliana Guzmán, quien era asambleísta de Azuay por Alianza PAIS durante el período 2013-2017.

En esa época, Rafael Correa era el presidente de la República y Jorge Glas, su vicepresidente. Alianza PAIS, además, tenía una arrolladora mayoría de más de 100 curules en el legislativo.

 En marzo de 2016, Moscoso ingresó a trabajar como Asesor 1 en el despacho de Guzmán y tenía un sueldo de USD 3.173. Estuvo en ese puesto un año y dos meses, hasta que el período legislativo concluyó en mayo de 2017. Según Guzmán, Moscoso no era militante de AP o cercano a ese proyecto político. Sino que lo contrató “por su trabajo técnico” y ese trabajo le sirvió para ganarse la confianza al interior del movimiento ‘verde-flex’.

Durante mayo de 2017, Lenin Moreno se posesionó en la Presidencia de la República y nombró a Rosana Alvarado como su ministra de Justicia. Alvarado, a su vez, designó a Guzmán como viceministra de Atención a Personas Privadas de la Libertad y a Moscoso, primero como asesor 3 y luego como subsecretario de Rehabilitación Social. Moscoso estuvo en el Ministerio de Justicia hasta noviembre de 2017. Su salida se dio justo cuando empezó la ruptura entre el correísmo y Moreno, que se originó en el procesamiento de Glas por corrupción. A la par de sus funciones en la Asamblea y en el Gobierno, Moscoso se preparó y siguió el curso intensivo de formación inicial para la carrera judicial.

En octubre de 2017, el Consejo de la Judicatura -liderado por Gustavo Jalkh- publicó el listado de los aprobados. Moscoso obtuvo 94,15 sobre 100 puntos. El viernes 12 de enero de 2018, finalmente, Moscoso fue nombrado como juez de primer nivel en Manglaralto, Santa Elena. Ese fue uno de los últimos nombramientos de la Judicatura de Jalkh, pues cinco meses después fue destituida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio.

Desde enero de 2018, Moscoso se desempeña como magistrado. Según el registro del Consejo de la Judicatura su sueldo es de USD 4.164.

El 28 de marzo, 11 días antes de que Moscoso fallara a favor de Glas en el hábeas corpus, la Dirección del Consejo de la Judicatura (CJ) en Santa Elena pidió al pleno del CJ la medida cautelar de suspensión en contra del magistrado. “Prevenir que posibles actuaciones realizadas por parte del sumariado puedan interferir en el normal desarrollo de este expediente disciplinario, impidiendo que los servidores judiciales que conforman su despacho remitan la información solicitada y/o comparezcan a rendir sus versiones libres y voluntarias…”, se lee en la solicitud de medida cautelar.

Sin embargo, la solicitud no fue atendida y Moscoso siguió despachando con normalidad, hasta que a su oficina llegó el caso Glas.

En una entrevista con Teleamazonas, Fausto Murillo, presidente encargado del CJ, dijo que el pedido no especificó la falta que cometió Moscoso. Por lo que el Pleno resolvió pedir un informe a las direcciones general y jurídica del Consejo.

Extraoficialmente, explicó Murillo, se conoce que Moscoso no acudió a una audiencia, lo que se considera una falta grave. Por lo que no aplica la medida de suspensión, que está estipulada para las faltas gravísimas.

Ahora, además de este caso que ya está en trámite, el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) anunció que solicitará a la Judicatura el control disciplinario de Moscoso por el caso Glas.

Fuente: Primicias.