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La cartera de crédito en el sistema financiero popular y solidario tuvo una disminución interanual de 1,8% a marzo de 2025, para un saldo de USD 19,742 millones, según datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
La caída también se refleja en el número de operaciones de crédito, que a marzo estaban en 2,1 millones, es decir, 4,3% menos que un año atrás.
De igual manera, el número de clientes disminuyó 3,7%, ubicándose en marzo en 1,6 millones.
Christina Murillo, superintendenta de Economía Popular y Solidaria, explicó este 11 de junio que esto responde a que las cooperativas están cambiando sus estrategias para una mejor colocación, que les permita una "buena recuperación".
Los datos fueron presentados por Murillo en una ponencia dentro del Séptimo Congreso de Crédito y Cobranza, organizado por el buró Aval, en un hotel en Quito.
Distribución por segmento
El segmento de crédito de consumo concentra la mitad del saldo total de la cartera de crédito, a marzo de 2025, con USD 10.017 millones, siendo el monto promedio de USD 7.885.
Microcrédito es el segundo segmento con más participación (39%) en la cartera de crédito, con un saldo de USD 7.663 millones y un monto promedio de USD 6.427.
El sector financiero popular y solidario tiene una participación de 63% en el segmento de microcrédito y de 34% en consumo, dentro de todo el sistema financiero nacional.
Creciente morosidad
Desde enero de 2023, comenzó una tendencia creciente de la tasa de morosidad de la cartera de crédito en el sector financiero popular y solidario, llegando a 8,32% en marzo de 2025, explicó Murillo.
Algunos eventos fortuitos que han incidido en el incremento de la morosidad son: alza de la inseguridad, cortes de luz, impacto de fenómenos naturales, aumento de la migración y emisión de normas temporales a favor del deudor, detalló la Superintendenta.
Por tipos de crédito, productivo y microcrédito alcanzaron tasas de morosidad de 10,77%, en marzo. Mientras tanto, en consumo se situó en 6,99% y en educativo, en 4,61%.
Las tasas más altas de morosidad están en las provincias de Esmeraldas, con 23,8%; Guayas, con 14,7%, y Santo Domingo de Los Tsáchilas, con 13,4%. En Pichincha, la tasa es de 11,1% y en esta provincia se concentra el mayor saldo de cartera en mora.
Fuente: Primicias
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Daniel Noboa enfrenta una nueva etapa de su mandato marcada por una convocatoria a las urnas. El presidente impulsa un referendo para modificar el artículo 5 de la Constitución, con el objetivo de permitir la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador.
Aunque el oficialismo logró mayoría legislativa y un triunfo en segunda vuelta con el 55,6% de los votos válidos, el respaldo popular aún no se traduce por completo en un proyecto político consolidado. Parte de su victoria se atribuye al anticorreísmo más que a una identidad partidaria definida.
La propuesta de reforma avanza en un escenario donde la seguridad se ha posicionado como el eje central del discurso gubernamental. Noboa vincula la salida de la Base de Manta con un aumento en la criminalidad transnacional, y sostiene que recuperar cooperación internacional es parte de una respuesta estructural.
La consulta, entonces, se presenta no solo como una obligación constitucional, sino como una herramienta para legitimar su agenda.
La reforma al artículo 5 avanza dentro del marco constitucional que prepara Daniel Noboa
La Asamblea Nacional aprobó el 3 de junio la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución. El texto elimina la prohibición de instalar bases extranjeras en Ecuador, aunque mantiene la declaración del país como territorio de paz.
El procedimiento requiere la revisión previa de la Corte Constitucional antes de que el Consejo Nacional Electoral convoque al referendo. Este paso es obligatorio para todas las reformas parciales, según lo establece el artículo 442 de la Carta Magna.
Una vez que la Corte emita su dictamen sobre el contenido, el CNE deberá llamar a elecciones en un plazo máximo de 60 días. Esta será la segunda vez que el gobierno de Noboa consulta directamente a los votantes.
En abril, el Ejecutivo impulsó una consulta popular y referendo con 11 preguntas, de las cuales solo las relacionadas con seguridad obtuvieron apoyo mayoritario. La votación que se avecina volverá a medir el respaldo al presidente, aunque esta vez centrada en un tema con implicaciones geopolíticas.
El uso del referéndum como parte de una estrategia política
El especialista en comunicación política, Andrés Obando, afirma que el referéndum es obligatorio en este tipo de reformas, pero considera que su reiteración responde también a una estrategia plebiscitaria.
Sostiene que Daniel Noboa, con esta nueva convocatoria, adopta un estilo similar al del expresidente Rafael Correa, que apeló con frecuencia a las urnas como método de reafirmación política.
Según Obando, esta dinámica permite al presidente sostener la legitimidad democrática y mostrar respaldo ciudadano ante sus opositores. Considera que este tipo de consultas funcionan como una herramienta para evitar desgaste político sin depender del Legislativo.
Obando señala que esta estrategia ha funcionado en el pasado, pero también tiene antecedentes de fracaso. Menciona que las derrotas de Guillermo Lasso en 2023 y de Sixto Durán-Ballén en 1995 evidencian los riesgos de usar el referendo como mecanismo de validación sin un contexto favorable.
Explica que cada consulta incluye una o más preguntas clave para el Gobierno, mientras que otras funcionan como vehículo para esas prioridades. En ese sentido, plantea que el reto para Noboa será identificar qué temas logran captar respaldo ciudadano sin generar desgaste anticipado.
Daniel Noboa envió el proyecto en su anterior periodo
Edison Guarango, abogado constitucionalista, indica que la reforma al artículo 5 fue iniciada durante el mandato anterior. Explica que Noboa no tiene margen legal para detenerla, ya que se trata de un proceso pendiente que debía continuar.
Señala que, aunque el Ejecutivo tiene mayoría legislativa, eso no lo exime de cumplir con el paso del referendo. Aclara que el trámite no depende del contexto político actual, sino del cumplimiento estricto de la Constitución.
Guarango también se refiere a la posibilidad de incorporar otras preguntas dentro del mismo referendo. Considera que esta práctica responde a un criterio de eficiencia administrativa y presupuestaria.
Detalla que el costo estimado de una consulta es de 180 millones de dólares, por lo que concentrar reformas en una sola convocatoria ayuda a reducir gastos. Sostiene que, siempre que exista compatibilidad jurídica entre las propuestas, esta estrategia puede ser válida para optimizar los recursos del Estado.
Las tensiones entre democracia directa y representación parlamentaria
Obando plantea que el uso repetido del referendo podría enviar un mensaje sobre la inoperancia de la Asamblea Nacional. Expone que, si el presidente recurre con frecuencia a la consulta popular, puede instalar la percepción de que el Legislativo no es funcional.
Afirma que esa idea ya circuló durante la campaña electoral de 2023, cuando Noboa mencionó la posibilidad de una asamblea constituyente. Aunque esa propuesta permanece congelada, el analista considera que las condiciones para reactivarla podrían construirse si se mantiene esta narrativa.
Guarango coincide en que un uso excesivo del referendo puede debilitar la democracia representativa. Recuerda que la Constitución establece que la iniciativa legislativa corresponde a la Asamblea, que fue elegida por votación popular para ejercer ese rol.
Argumenta que las reformas que no implican cambios constitucionales pueden y deben resolverse mediante el debate legislativo ordinario. Advierte que, si el Ejecutivo no logra resolver problemas urgentes como la inseguridad o la corrupción, la ciudadanía podría responder con un voto castigo en el referendo.
El éxito dependerá de la percepción ciudadana
Carlos Erazo, abogado y analista político, señala que el impacto del referendo dependerá de cómo se perciba su finalidad. Explica que, si la ciudadanía lo interpreta como una medida concreta para enfrentar la violencia y fortalecer la seguridad, el apoyo puede mantenerse.
Pero advierte que si se percibe como una herramienta para reforzar el liderazgo del presidente o restar funciones a la Asamblea, surgirán dudas. Según Erazo, la clave está en la narrativa pública que construya el Gobierno durante la campaña.
Fuente: El Comercio
Seis personas fueron detenidas por integrar una banda criminal dedicada a falsificar y distribuir bebidas alcohólicas adulteradas en Quito.
Los sospechosos fueron localizados tras 10 allanamientos en el sector de Quitumbe y en el Centro Histórico de la capital. Todos son investigados por presunta asociación ilícita, según indicó la Fiscalía.
Licor sin registro sanitario se vendía a USD 0,50 en Quito
John Reimberg, ministro del Interior, informó que las unidades de inteligencia de la Policía llevaron a cabo una indagación de tres meses para desarticular esta organización delictiva.
El funcionario añadió que la afectación estimada a las economías criminales sería de USD 500.000.
Por su parte, la Fiscalía señaló que en las viviendas intervenidas se levantaron como indicios centenares de botellas, tapas, etiquetas y cajas de licores.
Una red delictiva producía y vendía licor adulterado a gran escala en Guayas
En noviembre de 2024, se realizó un operativo similar en la capital, que permitió la incautación de 600 botellas de licor adulterado listas para su comercialización.
Ese producto se hacía pasar por reconocidas marcas de whisky y aguardiente, ya que era etiquetado de forma similar.
Todos los artefactos y el licor usados en este ilícito estaban almacenados en una vivienda ubicada en Chillogallo, en el sur de Quito. Por ese caso, dos personas fueron detenidas.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instó a Ecuador a implementar reformas laborales de carácter urgentes para garantizar la libertad sindical y la negociación colectiva por actividades tras detectar violaciones al Convenio 98.
Ecuador enfrenta críticas por prácticas antisindicales
La denuncia, presentada en la 113ª Conferencia Internacional del Trabajo este miércoles 11 de junio de 2025, subrayó la necesidad de alinear la legislación nacional con los estándares internacionales, según informó el portal Mundo Gremial.
La Comisión de Aplicación de Normas de la OIT señaló a Ecuador por “violación sistemática y permanente” del Convenio 98, que protege el derecho a la organización sindical y la negociación colectiva.
Marcela Arellano Villa, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), denunció prácticas antisindicales y la ausencia de negociación colectiva por rama.
Demanda de reformas
La OIT exigió que el gobierno envíe información detallada sobre la cobertura y contenido de la negociación colectiva.
Arellano destacó la importancia de una misión de contactos directos que permitan ajustar la legislación a los convenios de la OIT. “Esta misión representa una oportunidad para fortalecer los derechos laborales en Ecuador“, expresó a Mundo Gremial.
El caso de Ecuador permanece abierto en los órganos de control de la OIT. “Esperamos que las decisiones de la Conferencia se implementen y que la misión de contactos avance”, mencionó Arellano.
El objetivo de los sindicatos autónomos es garantizar que las reformas laborales respeten los derechos de los trabajadores.
Convenio 98
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es una agencia de las Naciones Unidas que promueve el trabajo decente y la justicia social, integrando a gobiernos, empleadores y trabajadores.
Mientras que la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) representa a los sindicatos autónomos en Ecuador.
Por otra parte, el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptado en 1949, es un tratado internacional que promueve el derecho a la negociación colectiva y protege a los trabajadores contra actos de discriminación antisindical.
Sus puntos clave son:
Protección contra la discriminación: Garantiza que los trabajadores no sean despedidos, discriminados ni perjudicados por afiliarse a un sindicato o participar en actividades sindicales.
Promoción de la negociación colectiva: Fomenta la negociación voluntaria entre empleadores y organizaciones de trabajadores para regular condiciones laborales.
No injerencia: Prohíbe la interferencia de empleadores en la formación o funcionamiento de sindicatos.
Es aplicable a todos los países que lo ratifiquen. Su implementación varía según las leyes nacionales, pero establece un estándar mínimo de derechos laborales.
Fuente: El Comercio
