La Policía Nacional de Ecuador se pronunció este lunes 18 de abril de 2022 sobre los videos que circulan en Facebook y Twitter donde se observa la presunta participación de miembros de la institución en redes de captación ilegal de dinero.

A través de un comunicado, la entidad señaló que de acuerdo a información que se ha obtenido preliminarmente por parte de las unidades investigativas, “no existen servidores policiales que lideren redes ilegales de captación de dinero“.

En relación a los videos que circulan en redes sociales, la Policía dijo que ha dispuesto a la Dirección Nacional de Asuntos Internos para que se inicie una investigación interna administrativa con el fin de determinar posibles responsabilidades y aclarar los hechos.

La institución reiteró en el comunicado que no se tolerarán acciones que transgredan la imagen institucional, y que se “actuará conforme la Ley ante posibles elementos involucrados en estos actos ilegales”.

La Policía sostuvo además que actúa con total transparencia y colabora en todos los procesos investigativos con la justicia ordinaria, para que ninguno de estos casos quede en la impunidad.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, confirmó a los medios de comunicación que los dos policías que aparecen en un video recibiendo dinero de la nueva captadora ilegal de dinero denominada “Grupo Renacer” son investigados por Inspectoría General y Asuntos Internos de la Policía Nacional.

“Son videos reales, los policías que aparecen en estos ya han sido identificados y prestan servicio en Quito”, expresó Carrillo. Esta organización captadora de dinero salió a la luz tras la muerte de Miguel Nazareno, alias ‘Don Naza’, presunto líder de la plataforma de captación ilegal de dinero conocida como Big Money.

El ministro añadió que en la pirámide de ‘Don Naza‘ participaron alrededor de 300 servidores policiales, con inversiones que iban desde los USD 15 000 hasta los 20 000.

Asimismo, aseguró que estas denuncias ya han sido extendidas a la Fiscalía General del Estado, para que realice las investigaciones respectivas.

Fuente: El Comercio.

Usuarios en redes sociales se quejan del agendamiento de turnos para poder renovar o obtener la cédula de identidad por primera vez. Unos reclaman que se les ha asignado el trámite para dentro de dos meses y otros que la página web para dicho fin no funciona.

En este contexto, el Registro Civil anunció que desde el sábado 23 de abril hasta el sábado 28 de mayo del 2022 atenderá en horario extendido, de 08:00 a 17:00, en sus 40 agencias principales para el servicio de cedulación con agendamiento de turno en línea.

“El objetivo es disminuir la sobredemanda acumulada que existe actualmente en el servicio de cedulación, debido a las medidas que dispuso en su momento el COE Nacional; lo que derivó en la disminución del aforo en todas las agencias por varios meses”, indica el Registro Civil.

Cabe recordar que ahora quienes deseen renovar la cédula u obtenerla por primera vez deben primero obtener el turno en línea.

Las personas con discapacidad, adultos mayores, niños menores de 3 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades catastróficas y en caso de solicitud de cédula por primera vez tienen una atención preferencial y no requieren de un turno. Deben pagar por el servicio directamente en el módulo de recaudación dispuesto al interior de las oficinas del Registro Civil.

El costo de la cédula es USD 5 por primera vez y de USD 16 por renovación.

Fuente: El Comercio.

Un cargamento de droga estaba listo para ser enviado a Europa. Eran cerca de 2,5 toneladas que fueron incautadas en uno de los puertos marítimos de Guayaquil. El alcaloide estaba camuflado en cajas de banano y para retirarlas del contenedor se necesitó la ayuda de unos seis estibadores y cuatro policías. Los agentes dicen que la mafia, que estaba detrás de ese cargamento, necesitó al menos el mismo número (10 personas), para introducir la droga.

Pero en este operativo, ocurrido hace 10 días, apenas se logró la detención de una persona. La Policía informó que el sospechoso era el representante de la empresa exportadora, que usualmente sale libre de culpa tras comprobarse que las mafias se infiltraron en sus mercaderías.

Algo similar sucedió con otro cargamento que fue decomisado el 1 de abril pasado. La Policía se incautó de una tonelada que iba a los puertos de Guayaquil. En esa operación antidrogas tampoco hubo cabecillas detenidos ni emisarios. La Policía informó que se detuvo a una persona, quien dijo ser un chofer contratado.  

La falta de aprehensión de jefes de mafias y sus secuaces no es un hecho aislado. Las cifras de detenciones por delitos de drogas revelan que, de todos los sospechosos capturados, apenas el 4,2% es por narcotráfico (123 personas). El resto (2 806) es por microtráfico, es decir, venta de alcaloide al menudeo en las calles.  

Según el ministro del Interior, Patricio Carrillo, esto se da por varios factores. Uno de ellos es que Ecuador es un país de tránsito de droga. Esto significa que los alcaloides no se producen aquí y que los grandes capos están en Colombia y México.  

Otro de los factores es la estrategia que tiene la Policía. Actualmente, los agentes tienen la misión de afectar las economías ilegales de las mafias. Por eso, se han concentrado en decomisar los cargamentos ilegales.  

De allí que en lo que va del año se han decomisado más de 50 toneladas de droga. Ese es el trabajo conjunto que realizan cuatro unidades de la Policía. Entre ellas antinarcóticos, Policía Judicial, Inteligencia y la UIPA. Esta última es la unidad encargada de realizar inspecciones en los puertos y en los aeropuertos del país.  

Los uniformados de estas secciones han detallado que en el 2021 y 2022, los narcos han intensificado sus operaciones ilícitas. Especialmente, en los envíos a Europa y Estados Unidos.  

Para evitar que más cargamentos se infiltren en los puertos se han montado puntos de control en las fronteras y en las avenidas que conectan a Guayaquil con el resto del país.  

Los militares se han unido a esta tarea en los últimos meses y ya se conocieron los primeros resultados. Hace dos días, se pretendió ingresar tres toneladas de droga en el país por Sucumbíos. Miembros de las Fuerzas Armadas detectaron al camión que traía los paquetes de droga y lo detuvieron. La Policía también montó un operativo en la zona y se logró capturar a 31 personas.  

Fuente: El Comercio.

La polémica sobre cómo quedó la ley que garantiza el aborto en casos de violación tras el veto presidencial está lejos de terminar. Dos legisladores planean iniciar un nuevo capítulo al llevar la norma a la Corte Constitucional.

Los asambleístas Alejandro Jaramillo (independiente) y Johanna Moreira, (Izquierda Democrática) anunciaron que llevarán la ley a la Corte Constitucional, pues planean presentar una demana de inconstitucionalidad.

Los asambleístas sostienen que el texto, que entrará en vigencia luego de que la Asamblea no aprobara ni negara el veto del Ejecutivo, tiene tres artículos que violentan derechos de las niñas y mujeres, uno que elimina los derechos de las personas de diversidad sexogenérica y uno que incorpora un posible delito.

El veto Presidencial fue tan extenso que hasta cambió el nombre de la norma, que pasó de llamarse Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres a Ley Orgánica que Regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en Casos de Violación. El Primer Mandatario, además, sostiene que el aborto no es un derecho.

Artículos 17, 19, 20, 27 y 32 de la Ley Orgánica que Regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en Casos de Violación generaron descontento al especificar que:

·         Diversidades sexogenéricas: Elimina los derechos de las diversidades sexuales que permitía que una persona de diversidad sexogenérica pueda practicarse un aborto en caso de sufrir una violación.

·         Plazos: A efectos de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo por violación, salvo el caso de personas con discapacidad, el plazo para realizarlo será hasta las 12 semanas de gestación.

·         Requisitos: La víctima o cualquier persona que conociere el hecho hubiere presentado la correspondiente denuncia para la investigación y sanción del delito de violación y otros delitos conexos, salvo el caso de mujeres con discapacidad; que se hubiere suscrito por parte de la víctima, una declaración juramentada. En el caso de menores de edad, la declaración podrá suscribirla su representante legal o quien ejerza un rol de cuidado, salvo que fuere identificado como agresor por parte de la solicitante; finalmente, se practique examen de salud por parte del médico tratante o el médico legista, según sea el caso, en el cual, bajo juramento, se certifique que la solicitante presente serios indicios de haber sido víctima de violación. En todos los casos, la víctima debe firmar un formulario de consentimiento informado.

·         Objeción de conciencia: Objetar de conciencia a la práctica del aborto consentido en casos de violación, de forma personal, colectiva e institucional, en este último caso con la excepción de los hospitales públicos.

·         Infanticidio: “Asimismo, es imperativo incorporar el supuesto de comisión de infanticidios, considerando que, frente al aborto, existe la posibilidad de que la vida del feto sea viable fuera del útero y el nasciturus que iba a ser abortado sea extraído fuera del útero con vida. Según la Constitución en su artículo 45, el artículo 63 del Código Civil, la sentencia de la Corte numeral 194 literal c ) que habla sobre el desarrollo progresivo del nasciturus y el artículo 140 numeral 2 , terminar deliberadamente con la vida del niño o niña o dejarlo fallecer si ha sobrevivido a un aborto, es un delito. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de investigarlo y garantizar los medios por los cuales pueda ser perseguido el delito, siendo uno de acción pública”.

Jaramillo dice que “la ley propuesta por el Presidente revictimiza a las mujeres porque no solo deben soportar la violación, sino que están obligadas a denunciar a su agresor, que muchas veces es parte de su círculo íntimo“.

Además, dice, la objeción de conciencia propuesta por el Ejecutivo permitirá que una clínica privada instaure como política institucional la decisión de no practicar abortos. “Esta decisión debería ser únicamente de los médicos. Algo personalísimo”.

La asambleísta Moreira, en cambio, sostiene que el plazo de 12 semanas para que las mujeres puedan acceder a un aborto seguro perjudica directamente a las niñas de los sectores más vulnerables. “Una niña de 10, 11 o 12 años puede demorar más de tres meses en darse cuenta de que está embarazada y ya no podrá abortar”, explica.

Colectivos feministas como Surkuna y la Fundación Desafío anuncian que también demandarán la ley ante la Corte Constitucional.

Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío, coincide con Moreira en que la ley obstaculizará el aborto de las niñas. Por eso, también analiza la posibilidad de solicitar medidas cautelares o una acción de protección para evitar la aplicación de algunos artículos.

Eso mientras la demanda llega a la Corte Constitucional.

La activista ejemplifica los requisitos que la ley impone para que una mujer pueda acceder al aborto. “No se puede revictimizar a una niña o a una mujer que ha sido violada”, insiste.

Sobre la figura de infanticidio, Gómez de la Torre cree que se trata de un artículo diseñado para imponer temor a los médicos que practiquen los abortos. Moreira considera que ese artículo también busca “que las mujeres piensen que pueden ir presas si abortan tras una violación“. Por eso, dice, el veto presidencial es “inhumado y discriminatorio”.

Tanto los asambleístas Jaramillo y Moreira, así como los colectivos sociales, están a la espera de que la ley sea inscrita en el Registro Oficial para demandarla ante Corte Constitucional.

El 14 de abril de 2022, un día antes de que venciera el plazo para que la Asamblea se pronuncie sobre el veto del Ejecutivo, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, convocó al Pleno a una sesión para tratar el tema. Pero en la sesión Llori no dio paso a la moción del asambleísta Alejandro Jaramillo para votar por la ratificación del texto que había sido aprobado por el Legislativo, el 17 de febrero de 2022. A pesar de que Jaramillo era el asambleísta ponente y Presidente de la mesa legislativa que presentó el informe que fue aprobado en febrero.

Al contrario, sí dio paso a la moción de la asambleísta correísta Pierina Correa, que buscaba allanarse al veto presidencial. Esa moción no tuvo los votos necesarios y de inmediato Llori suspendió la sesión deseando un buen feriado a los legisladores.

Con el cierre de la sesión y con los plazos vencidos, la ley debe entrar en vigor con los cambios propuestos en el veto presidencial. Lo único que falta es que la Asamblea conteste al Ejecutivo por qué no se aprobó ni negó el veto parcial.

Fuente: Primicias.

Los estudiantes del régimen Sierra y Amazonía se encuentran en la recta final del año lectivo 2021-2022. El Ministerio de Educación definió las directrices para que los alumnos aprueben el ciclo escolar.

Las reglas para pasar este año escolar continúan de la misma forma que durante la pandemia, pese a que las clases son 100% presenciales durante los últimos meses del período de estudios.

Por ejemplo, para el caso del régimen Costa-Galápagos, en enero del 2022, antes de finalizar el año escolar, se emitió un Memorando. En él se especificaron los parámetros con respecto a los exámenes supletorios, remediales y de gracia.

“Estos procesos de evaluación consistirán en el desarrollo de un proyecto o trabajo escrito, según corresponda, adaptado al contexto y realidades de su entorno, que será enviado por el docente de la o las asignaturas, quien dará la temática y directriz para la elaboración del mismo”, dice el documento.

A dos meses y medio del fin del año, este todavía no se ha emitido para la Sierra, pero tampoco se ha dispuesto el cambio de reglas vigentes durante la pandemia. Significa que continúan los lineamientos del Plan Educativo Aprendemos Juntos en Casa, emitido para el ciclo 2020-2021 del régimen Sierra.

En Ecuador, la nota mínima para pasar el año es de 7 sobre 10. El año escolar está dividido en dos quimestres y cada uno de ellos cuenta con dos parciales como se detalla en el Instructivo de Evaluación Estudiantil del Régimen Sierra-Amazonía 2021-2022. En él consta que la suma de los dos parciales por quimestre corresponde al 80% de la nota quimestral; y el 20% representa la calificación del examen.

Esta última, dice el instructivo, será obtenida a través del ejercicio individual de reflexión de los aprendizajes. Se trata de un instrumento (cuestionario) que reemplaza al examen quimestral y se compone de tres elementos. El primero evalúa la parte académica y equivale al 40% de la calificación (preguntas de lengua y matemáticas).

El segundo elemento es la autorregulación, que se relaciona con aspectos de la vida cotidiana vinculados a la parte académica. Y el último es la autoevaluación, una valoración propia del estudiante sobre su trabajo en todo el quimestre. Ambos parámetros representan el 60%.

El instructivo indica que el registro de calificaciones parciales y quimestrales, así como sus promedios, se hará con dos decimales y que no habrá redondeo. La calificación del parcial será el resultado de los proyectos, en promedio con el portafolio.

Los estudiantes que presenten bajos resultados serán parte del refuerzo académico. Este será dentro del horario regular de clases.

De acuerdo con el instructivo, debe realizarse de manera continua y no esperar a conocer la nota del parcial para iniciarlo. Por ejemplo, si en uno de los insumos del parcial el estudiante tiene menos de 7 sobre 10, se debe aplicar.

El examen supletorio aplica si un estudiante obtiene un promedio de 5 a 6,9 sobre 10 como nota final. En este caso podrá presentar un proyecto interdisciplinario, en los 15 días posteriores a la publicación de las calificaciones finales. Para aprobar esta prueba, la nota mínima es de 7 sobre 10, sin aproximaciones.

Fuente: El Comercio.

Las cooperativas y entidades financieras más pequeñas son las que pagan tasas más altas de interés por los ahorros a plazo fijo.

Según datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), la tasa promedio ponderada de los ahorros a plazo fijo fue de 8,19%, hasta febrero de 2022.

Este monto que pagan las entidades es mayor cuando la cooperativa es más pequeña. Por ejemplo, las del segmento 1, donde están las cooperativas con mayor nivel de activos y mutualistas, ofrecen una tasa de interés promedio de 8,1% y 6,8%, respectivamente.

Mientras que las cooperativas pequeñas, del segmento 2 al 5, tienen tasas pasivas promedio del 9 al 9,5%. Las del grupo 3 y 4 son las más altas del sector, según datos de la SEPS.

A diferencia de las tasas de interés para créditos o activas, las pasivas no cuentan con un techo. David Castellanos, experto financiero, explicó que las entidades pueden determinar los porcentajes, principalmente por cuestiones de competencia. En este caso, las más pequeñas ofrecen condiciones más atractivas para atraer nuevos depositantes.

El cliente puede negociar las condiciones del interés por sus ahorros a plazo fijo, teniendo en cuenta el tiempo y el monto. En el primer caso, las tasas promedio son del 9,58% para aquellos depósitos pactados a más de un año. Mientras que llegan a un promedio del 7,07% para un plazo de 1 a 30 días.

En cuanto al monto depositado, las cifras muestran que aquellos que superan los USD 50 000 registran una tasa pasiva promedio ponderada del 8,06%. Por su parte los depósitos menores a USD 1 000 consiguen una tasa del 7,14%.

Castellanos señaló que en diciembre del año pasado, la tasa máxima que se pagó en el segmento 2 de cooperativas fue de unos 13,24%.

El experto recomendó prestar atención cuando las tasas de interés que se ofrecen son altas, ya que pueden evidenciar problemas de sostenibilidad de las entidades. Para ello es importante consultar las tasas de interés activas – de los créditos- y revisar estados financieros.

Fuente: El Comercio.