“Soy parte de una generación que ya no existe. En mi barrio ya no hay jóvenes de mi edad que vayan a cumplir 32 años, todos han muerto en esta ola de violencia”, relata ‘El Che’, un rapero que lleva 15 días detenido en la cárcel de Guayaquil por consumo y tráfico de drogas.

Su barrio es el Guasmo Sur, una zona que condensa a medio millón de personas en pequeñas casas de bloque. Muchas comparten hasta la pared y hay pocos espacios verdes o de esparcimiento.

Esta es una de las zonas más vigiladas por la Policía, por su nivel de peligrosidad. Es parte de la ruta hacia el puerto de Guayaquil, disputada por las bandas delincuenciales para la exportación de narcóticos. Ahí creció ‘El Che’, el último de cuatro hijos, solo, con su madre.

“He visto cómo compañeros, amigos, amigas, primos, familiares se han consumido en las calles por la violencia”, dice ‘El Che’, quien no deja de interpretar sus canciones, pero en un escenario distinto: el patio del centro de detención penitenciario. “Encontré las calles buscando algo que a muchos de nosotros nos falta, un padre, alguien que nos diga por dónde ir, es ahí donde se busca un refugio en pandillas u organizaciones”. 

Desde el pabellón nueve de la Penitenciaría, Roberto también cuenta su historia. Él ha logrado sacar del país a sus hijos de 18 y 22 años. “Todos los amigos de mi hijo mayor han muerto en el barrio”, cuenta. Las estadísticas respaldan esa preocupación. Hay un considerable aumento de asesinatos de jóvenes de entre 20 y 34 años, una generación que el país está perdiendo por la violencia. 

Según los registros del Ministerio de Gobierno, 1.345 jóvenes en ese rango de edad fueron asesinados en 2021. Un 75% de los crímenes se produjo con armas de fuego.

En los dos primeros meses de 2022 mataron a 346 personas de ese grupo etario, de las cuales 194 fueron en Guayaquil, Durán y Samborondón. Un 95% fue asesinado con disparos. Eso significa que en 14 meses, 1.691 jóvenes han perdido la vida. Esta cifra es distante a años previos, incluso si se sumaran los casos de 2019 y 2020.

Para Henry Herrera, jefe zonal de la Dinased, “ya hemos perdido una generación que no podemos recuperarla, y la preocupación es por la generación que está por involucrarse; viene el relevo, que son los menores de 20 años”.

Para comprender por qué esta generación está involucrándose en estructuras delictivas, la Policía ha realizado un perfil y encontró coincidencias. Por ejemplo, que muchos de ellos provienen de hogares monoparentales o viven con un abuelo o algún pariente, porque sus dependientes directos también han fallecido.

Quieren obtener dinero fácil, “a pesar de que conocen el desenlace que tendrán. Ellos saben los riesgos, que no es que van a delinquir dos años y después se abren, no”, explica Herrera.

Fuente: Primicias.

El jefe supremo de Afganistán exhortó el viernes a la comunidad internacional a reconocer al gobierno talibán y estimó que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas ayudaría a resolver los problemas del país.

Hasta ahora, ningún país ha reconocido formalmente al nuevo régimen afgano, instalado tras el retorno de los talibanes al poder en agosto del año pasado.

En un mensaje divulgado el viernes, poco antes de la "fiesta de la ruptura del ayuno" que marca el fin del mes de ramadán, el jefe supremo, Hibatulá Akhundzada, no se extendió sobre los puntos de fricción con la comunidad internacional, en particular el tema de la reapertura de las escuelas secundarias para las niñas.

En cambio, consideró que el reconocimiento era la prioridad "para que podamos resolver nuestros problemas, respetando las normas y principios diplomáticos".

"Sin lugar a dudas, el mundo se ha transformado en una pequeña aldea" global, agregó Akhundzada, que vive recluido en Kandahar, centro espiritual de los talibanes.

"Afganistán tiene un rol que desempeñar en la paz y la estabilidad del mundo. Por ello el mundo debería reconocer al Emirato islámico", agregó el jefe supremo.

Este mensaje fue divulgado en momentos en que la seguridad sigue deteriorándose en Afganistán, con varios atentados con bomba reivindicados por el grupo Estado Islámico.

La comunidad internacional quiere que el reconocimiento y la ayuda humanitaria que necesita desesperadamente Afganistán estén directamente vinculados con el respeto de los derechos de las mujeres.

Al retornar al poder, los talibanes se habían mostrado más flexibles que en su primer régimen (1996- 2001), cuando las mujeres estuvieron privadas de casi todos sus derechos. Pero, luego, han mermado progresivamente esos derechos, tras 20 años de libertad conquistada por las mujeres.

Ahora éstas están excluidas de los empleos públicos, no pueden viajar solas, o deben vestirse según una interpretación estricta de la ley islámica.

En marzo, los talibanes volvieron a impedir que las niñas y jóvenes fueran a la escuela, poco después de haber anunciado su apertura para ellas. Este inesperado cambio, que solo se justificó al decir que la educación de las mujeres debe hacerse según la sharía, escandalizó a la comunidad internacional.

En su mensaje, el jefe supremo de Afganistán aseguró que "respetamos y defendemos todos los derechos de la sharía para los hombres y las mujeres en Afganistán(…). "No utilicen este tema humanitario y emocional como un instrumento con fines políticos", instó.

Akhundzada también afirmó que el gobierno estaba dispuesto a respetar la libertad de expresión en el marco de los "valores islámicos".

Desde su llegada al poder en agosto, los talibanes han cerrado centenares de medios de comunicación, prohibido la música en público e impedido la difusión de películas o series que incluyan a mujeres.

Fuente: AFP.

Una mujer y tres menores de edad fueron baleados la noche del jueves 28 de abril, en la cooperativa del Ejército, en el sector del Divino Niño, ubicado en Durán, Guayas.

La mujer, de 20 años, aparentemente había sido amenazada. Su casa estaba en venta. Se conoce que los menores violentados eran hijos y sobrinos de la occisa.

Uno de los menores de edad se encuentra delicado en un hospital de Guayaquil. En la vivienda quedaron rastros de las balas. La policía halló más de quince indicios balísticos. Según versiones preliminares, la Policía investiga si este caso tiene relación con una disputa sentimental.

En Durán se contabilizan más de 60 asesinatos.

Fuente: El Universo.

Al menos 113 personas han sido diagnosticadas con Covid-19 en la capital de China, anunciaron el miércoles 27 de abril las autoridades sanitarias.

La presión sobre los funcionarios locales crece para contener la tasa de contagios. A unos 1.300 kilómetros de distancia, en Shanghái, la ciudad más grande de China, ya se impuso un estricto confinamiento a la población durante el último mes, en un intento por detener la propagación de la variante Ómicron, altamente contagiosa.

La imagen de Beijing podría ser más sombría, ya que las últimas cifras en la capital china no incluyen los casos detectados durante la ola de pruebas lanzada el pasado domingo 24 de abril. Las autoridades, en efecto, decidieron que los 21 millones de residentes de la ciudad deben someterse a tres pruebas durante cinco días.

El gobierno local espera evitar a toda costa repetir los errores de Shanghái: las pruebas solo comenzaron allí después de que los contagios superaran los 1.000, demasiado tarde para contener la epidemia sin recurrir a la artillería pesada de la política de 'Covid cero', que se traduce en un confinamiento estricto.

Las drásticas medidas aún vigentes después de un mes dieron lugar a una inusual expresión pública de ira en la China comunista, dirigida por un régimen que tiene muy poca tolerancia con la disidencia política.

Las autoridades de Beijing insisten en que no se impondrá un aislamiento al estilo de Shanghái, pero admiten que "la situación epidémica es compleja y grave", señaló el martes 26 de abril, Tian Wei, portavoz de la Administración local.

No obstante, ya se están aplicando algunas restricciones. Este es particularmente el caso del distrito de Chaoyang, donde se han registrado la mayoría de los casos en la capital. Se trata de uno de sus áreas más populares e importantes que alberga la mayoría de las embajadas extranjeras, así como lujosas tiendas occidentales y elegantes bares y restaurantes.

Ahora es una zona inusualmente tranquila. Varios bloques de edificios han sido sellados y las calles están casi desiertas, informó el 'South China Morning Post'. Los altavoces dentro de los supermercados han estado emitiendo mensajes que aseguran a la población que los puestos están bien abastecidos y que no habrá escasez de productos como ocurrió en Shanghái, lo que acentúa un ambiente inusual en el área, destacó ‘The New York Times’.

Las autoridades locales de Beijing no son las únicas que esperan haber reaccionado lo suficientemente rápido: el Gobierno nacional tampoco está interesado en escuchar sobre un posible cierre total de la capital. No está claro que el país, o incluso el mundo, pueda permitírselo después de más de dos años de restricciones.

Desde un punto de vista económico, las medidas impuestas en Shanghái han demostrado que la política de 'Covid cero' de China tiene un costo importante. Si bien aún no se ha determinado su impacto real, "sabemos que, en Shanghái, la economía local, las tiendas y los restaurantes locales, por ejemplo, sufrieron mucho, al igual que la actividad portuaria. Y eso tendrá un impacto en la cadena de valor y en las exportaciones de repuestos", explicó Mary-Françoise Renard, especialista en economía china de la Universidad Clermont Auvergne.

"No debemos olvidar que Shanghái es el principal proveedor de repuestos para la industria automotriz mundial", agregó Xin Sun, especialista en política económica china del King's College de Londres.

Los datos sobre la actividad económica de Shanghái desde el pasado 1 de enero hasta este abril dan una idea de cómo el largo confinamiento causó daños económicos. “Estas cifras muestran que después de un crecimiento sostenido en los dos primeros meses, se ha producido un parón repentino en marzo, aunque las medidas más estrictas, como el confinamiento total, solo se implementaron en abril. Por lo tanto, se espera un crecimiento negativo en abril", indicó Xin Sun.

Un cierre en la capital china "por supuesto aumentaría el impacto de estas medidas, incluso si Beijing no tiene la importancia económica de Shanghái", subrayó Renard. Según la experta, sería una noticia especialmente negativa para el sector de servicios, que representa "el 83 por ciento de la actividad económica de Beijing".

Un confinamiento en la urbe sin duda sería la sentencia de muerte del objetivo del Gobierno de un crecimiento del 5 % para 2022. "Las medidas de Shanghái ya han llevado al FMI (Fondo Monetario Internacional) a recortar esta estimación, y una situación similar en Beijing confirmaría que China debe rebajar considerablemente sus predicciones", afirmó Frédéric Rollin, asesor de estrategia de inversión a cargo de la economía china en Pictet Asset Management.

La interrupción de la actividad en dos de los principales centros económicos y políticos del país "probablemente también tendrá un efecto mariposa fuera de las fronteras de China", recalcó Renard.

Sobre todo en el contexto actual de subida de precios. "Ha habido una multitud de choques inflacionarios desde el comienzo de la pandemia: la paralización del comercio internacional, el aumento de los precios de la energía, la guerra en Ucrania, a los que se debe agregar la interrupción de las exportaciones debido a las medidas por el Covid-19", añadió Rollin.

Pero el dolor de cabeza de China no es solo económico, también es político. "Con Beijing, también hay que tener en cuenta las repercusiones políticas de un cierre", expuso Zeno Leoni, experto en asuntos de China, del King's College de Londres. La capital del país es la única ciudad "donde el Partido Comunista Chino no quiere dar la impresión de que podría estar perdiendo el control", resaltó.

Y con la variante Ómicron, ningún escenario parece ser satisfactorio. Por un lado, la falta de imposición de medidas podría obligar al Gobierno a hacer frente a la propagación descontrolada del virus. Por otro lado, un confinamiento estricto podría llevar a la población de Beijing al límite y provocar su ira, como en Shanghái, donde los residentes se oponen firmemente a la política de 'Covid cero'.

"Si saliera a la luz la angustia de los habitantes de Beijing y Shánghai, desacreditaría la retórica oficial de que China manejó la pandemia mejor que los países occidentales. Y sería inaceptable para las autoridades", sostuvo Xin Sun.

Más aún en 2022, un año muy importante para el presidente de la nación “El 20º Congreso del Partido Comunista Chino, durante el cual Xi Jinping está a punto de ser reelegido, se lleva a cabo este otoño en Beijing. Y el régimen quiere evitar a toda costa que un evento tan histórico tenga lugar en una ciudad traumatizada por otro confinamiento estricto", explicó Leoni.

Según el experto, hay dos escenarios posibles para la capital de China: "O las autoridades están convencidas de que pueden acabar con la pandemia en Beijing con un confinamiento total, pero breve y lo impondrán absolutamente (…) O la situación en Shanghái seguirá arrastrando, lo que hace temer que la ira también aumente en la capital. En este caso, las autoridades podrían tratar de evitar encerrar a todos los habitantes al mismo tiempo", dijo el sinólogo.

Pero podría haber una última opción: reconocer que la política de 'Covid cero' de China no es tan efectiva cuando se trata de la variante Ómicron, y así adoptar una estrategia más flexible. Para Xin Sun, esto sería imposible: "Xi Jinping ha hecho suya esta política, y abandonarla significaría que cometió un error, lo cual es inimaginable", pronosticó el experto.

Fuente: France 24.

El momento del presidente Guillermo Lasso no es el mejor. En esta semana, cuatro ministros anunciaron su salida: Luis Hernández, de Defensa; Bernarda Ordóñez, de la Secretaría de Derechos Humanos; Juan Carlos Bermeo, del Ministerio de Energía y Minas; y Pedro Álava, de Agricultura. 

También continúan los cuestionamientos por la falta de medicinas e insumos y el recrudecimiento de la inseguridad. A esto se suman problemas en la atención de entidades como el Registro Civil y la Agencia Nacional de Tránsito.  

Por otra parte, la Unión Nacional de Educadores (UNE) cerró ayer la avenida Maldonado en el sector de Cutuglahua (sur de Quito).

Los maestros protestaron por el veto del Ejecutivo a las reformas a la Ley de Educación Intercultural, en la cual se planteó la equiparación de salarios. El tema está en la cancha de la Corte Constitucional. 

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) ratificó su convocatoria a la marcha del 1 de mayo. José Villavicencio, uno de sus dirigentes, dijo que marchará en contra de la corrupción y la impunidad. Para el consejero político del Presidente, Diego Ordóñez, la marcha del 1 de mayo tiene que ver más con un ritual. El funcionario no identifica una razón por la cual deba existir una gran marcha. 

En el tema de los derechos laborales, Ordóñez cree que las peticiones están desenfocadas. “Siempre defienden intereses políticos, partidistas o electorales. No hablan a nombre de los trabajadores; peor aún de los desempleados”. Con esta posición, el funcionario cree que la movilización no puede ser considerada un termómetro de la crisis que afronta el Régimen. 

Para la analista política Arianna Tanca, es un buen síntoma que todos los sectores puedan manifestarse. Recuerda que el Gobierno ya ha enfrentado anuncios de movilizaciones y que no han llegado al nivel de octubre del 2019. 

Sin embargo, cómo se administre las tensiones será un elemento importante. Tanca menciona que Lasso debería escuchar las peticiones y buscar acuerdos. Si bien hay posiciones muy diferentes, eso no impide encontrar puntos en común, señala. 

Para Tanca, el inicio de los diálogos era una decisión que se debía tomar tiempo atrás. Menciona que no era una política en la que estaba concentrada la exministra Alexandra Vela, quien creía en la muerte cruzada. Esto, dice, demuestra que había otras opciones. 

En las últimas dos semanas, el Ministerio de Gobierno se activó en los diálogos para buscar acuerdos. El ministro Francisco Jiménez empezó por la Asamblea, los GAD y los productores bananeros. De ahí que el Gobierno abre el diálogo.

Jiménez empezó por la Asamblea Nacional, con quien tiene su mayor conflicto. A la reunión asistieron los jefes de las bancadas de Unes (correísmo), Izquierda Democrática (ID), Partido Social Cristiano (PSC) y el oficialista Creo. Ahí se acordó trabajar en temas sobre seguridad, empleo e institucionalidad de la Asamblea. 

Ese mismo día, el 21 de abril pasado, se reunió con el Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos, con el cual se comprometió a cumplir con las asignaciones que les corresponden.  

A día seguido, se acercó a los bananeros. Entre sus acuerdos estuvieron la creación de un fidecomiso público para recaudar los valores de las sanciones del sector y trabajar en transparentar la información.  

Jiménez también se reunió con la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), para hablar de un cronograma para el pago de la devolución del IVA. Finalmente, se reunió con los gobernadores. 

En lo que respecta a los trabajadores, Ordóñez confirmó que el 5 de junio próximo se reunirá con el FUT para dialogar sobre las reformas que plantea el Gobierno, aunque ninguna de las partes cree que se llegará a un acuerdo. 

La Secretaría General de Comunicación del Gobierno se pronunció ayer, para señalar que las renuncias de los cuatro ministros es parte de la evaluación del gabinete tras un año de Lasso en el poder. Aunque Hernández y Bernarda Ordóñez hicieron públicas sus renuncias, la Secretaría dijo que el Presidente solicitó su dimisión.

Fuente: El Comercio.

La Confederación Europea de Sindicatos ha llevado a cabo una encuesta en Europa sobre el número de muertes por accidentes laborales o enfermedades profesionales, y el resultado es que 30.000 personas han muerto desde 2010. El líder en muertes profesionales a nivel europeo es Francia. 

La Confederación ha pedido a los Estados y a la Unión Europea que tomen medidas para conseguir cero muertes en el trabajo para 2030, porque las previsiones son malas: se esperan otros 27.041 decesos en toda la UE antes de que acabe la década. 

 Aunque la tendencia en Europa es a la baja, no todos los países son iguales. Francia es el país europeo donde más personas mueren en el trabajo: 7.800 muertes en 10 años, según las cifras de la Confederación. Con España, son los dos únicos países en los que la tendencia es al alza. En consecuencia, ni Francia ni España conseguirán que haya cero muertes en el trabajo, según las previsiones de los sindicatos europeos.

En otros lugares, el número de muertes es menor y, sobre todo, está disminuyendo. En Alemania hay 3.100, y aún menos en Rumanía y Portugal. Estos países podrían conseguir cero muertes en el trabajo en 30 años, si toman medidas. 

En concreto, los sindicatos europeos reclaman más formación en materia de salud y seguridad en el trabajo, más inspecciones cuando cada vez hay menos, y normas más estrictas. 

"Nadie debería salir de casa preocupado por saber si podrá volver a ver a su familia después del trabajo. Pero esa es la realidad cotidiana de muchos trabajadores, a menudo por culpa de empresarios irresponsables que hacen recortes para aumentar sus beneficios y de políticos que atacan las normas de seguridad y las inspecciones de sentido común por razones ideológicas”, denunció Claes-Mikael Stahl, secretario general adjunto de la Confederación Europea de Sindicatos. 

Cada día mueren 12 europeos en el trabajo. A nivel mundial, se registran más de 3 millones de muertes cada año por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales en todo el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo.

Fuente: Rfi.