Salud

Durante la madrugada del 17 de mayo de 2022, centinelas que custodiaban material bélico del Destacamento Militar N55, ubicado en el cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos, fueron emboscados y atacados por sujetos no identificados.

Una vez sometidos los vigías, los antisociales sustrajeron dos fusiles HK portadas por las víctimas, y posteriormente huyeron tras activarse la alarma de defensa del campamento. Su escape se dio por la parte trasera de la bodega de material bélico del destacamento.

Los militares afectados, identificados como cabo Shinguango F. y soldado Chugchilan M., fueron atendidos por personal de la salud. Al momento, su estado de salud es estable y reciben vigilancia médica en el hospital Marco Vinicio Iza de la ciudad de Lago Agrio, con seguridad personal.

A raíz del incidente, la unidad decidió crear grupos para realizar distintas actividades. Entre ellas se encuentran rastrillar el sector para capturar a los infractores; advertir de los victimarios a unidades apostadas en Colombia; y reforzar la seguridad de la base militar afectar.

Martín empezó su vida escolar en la etapa más grave de la pandemia. No conocía su escuela, ni había visto en persona a sus compañeros de clase ni a su maestra. En febrero, el niño de 6 años fue a su aula por primera vez y le daba miedo socializar con sus compañeros, cuenta su mamá, Alicia Cáceres.

A otros niños les pasaba igual. “La profesora dice que para los que tienen hermanos fue más fácil adaptarse. Pero mi hijo y otros niños que no compartieron con pares en todo este tiempo no sabían cómo hacer amigos”, dice.

En el régimen Sierra-Amazonía, sus 1,8 millones de estudiantes están en clases 100% presenciales desde febrero. Y con el inicio del año escolar en el régimen Costa-Galápagos 4,3 millones de alumnos del país ya asisten a las aulas.

Eso ha permitido a los profesionales de Psicología de las instituciones educativas identificar el impacto de la modalidad virtual en el estado emocional de los alumnos. Los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) evalúan y trabajan con los estudiantes y padres de familia.

Eduardo Calero, psicólogo del EMDI School, por ejemplo, ha visto dos problemas principales. Por un lado, sostiene que el desarrollo en el ámbito social de los estudiantes ha limitado la relación entre pares. También, dice que se ha perdido la práctica de hábitos saludables, debido a la imposibilidad de realizar actividad física.

Además, señala que hay una alta incidencia de estrés postraumático en los niños, debido al fallecimiento de familiares o personas significativamente importantes.

La psicóloga del ISM Internacional, Gabriela Zaruma, agrega que también se generó dependencia a la tecnología. Además, por el encierro prolongado, se han presentado casos de ansiedad.

Las consecuencias de la pandemia en la salud mental no se ven solo con los más pequeños. Al retornar a las aulas, a Abigaíl, de 16 años, también le costó retomar la relación que tenía con sus compañeros. “Pasamos tanto tiempo aislados en nuestros cuartos, que parece que ya no sabemos de qué conversar o cómo compartir cuando estamos en grupo”.

Para contrarrestar esta situación, el trabajo de las instituciones educativas debe enmarcarse en la promoción y prevención de la salud, señala Zaruma. También en la concienciación de las problemáticas actuales y en generar espacios de escucha, apoyo y acompañamiento a los chicos.

Es importante, dice, ayudar en la recuperación psicológica de los niños, niñas y adolescentes, a través del fomento de espacios seguros, de autocuidado y protección.

Precisamente, mayo es el mes de la concienciación de la salud mental. La psicóloga Montserrat Gortaire enfatiza que es imposible que un estudiante aprenda, que rinda o que tenga creatividad si no tiene salud mental.

“Este principio siempre ha sido válido, pero más con la pandemia. La principal secuela es emocional y psicológica, por el encierro, muertes y enfermedad”, dice.

Frente a eso, colegios como el Letort ya trabajan con los estudiantes, de manera individual y grupal, con estrategias para gestionar las emociones. La psicóloga Ximena Capelo señala que generan espacios para que los padres acompañen este proceso de manera asertiva, mediante conversatorios.

También han realizado campañas masivas de buen trato y prevención de situaciones de riesgo. Y organizan conversatorios para padres y madres sobre las diferentes etapas del desarrollo, uso de adecuado de tecnología y control parental, entre otros.

El retorno a las aulas es una oportunidad para atender las afectaciones emocionales, dice Capelo. “Fueron situaciones que, por el encierro y el miedo al contagio, no se gestionaron o no se trabajaron de la mejor manera”.

Las instituciones educativas deben dar prioridad a la salud mental de los estudiantes, ya que de su bienestar emocional depende el avance en los temas del currículo, en condiciones óptimas.

Los padres de familia no deben desconectarse de la institución; tienen que mantener contacto con docentes y autoridades para conocer el estado de sus hijos; el apoyo desde el hogar es fundamental.

La recuperación de la autonomía de los niños y adolescentes es importante con el regreso a clases presenciales; los padres deben permitir esa independencia para el adecuado desarrollo de sus hijos.

Los DECE de las instituciones educativas deben realizar evaluaciones grupales e individuales para identificar el estado de los chicos; con eso deberán dar acompañamiento a los casos dentro del plantel.

Si se identifican casos que requieran un tratamiento específico, las instituciones deben remitir a profesionales particulares; así, además de re­cuperar la salud mental se pueden prevenir suicidios.

Fuente: El Comercio.

Alivio. Ese es el sentimiento que hubo en las filas militares cuando el presidente Guillermo Lasso nombró a Luis Lara como nuevo ministro de Defensa. Así lo señalan altos oficiales del Ejército. Los uniformados, quienes pidieron la reserva de su nombre, cuentan que en los últimos meses en las FF.AA. hubo hechos que afectaron a su imagen como institución.  

Uno de ellos tuvo que ver con los vínculos de militares con el cabo segundo Miguel Nazareno, alias ‘Don Naza’, el hombre que lideró una red ilegal de dinero y estuvo en el Ministerio de Defensa días antes de su asesinato. “Esto manchó mucho la imagen de FF.AA. ante la opinión pública. Nosotros ya sentíamos que necesitábamos un nuevo ministro y cambios en la cúpula”, señala un alto oficial.  

Eso cambios ya se han concretado en las últimas semanas. En sus primeras intervenciones como ministro, Lara señaló que uno de sus objetivos era transparentar las investigaciones sobre la denominada Big Money, que dirigía Nazareno.  

A los 11 días de su posesión reveló que 139 militares en servicio activo realizaron inversiones ilegales con aquella plataforma. Ahora esos uniformados son analizados para procesos administrativos y sanciones disciplinarias.  

De hecho, en el Ministerio de Defensa, ubicado en el centro de Quito, la imagen de Luis Lara no es desconocida. Hasta mayo del 2021, él era el máximo jefe militar de las tres ramas. En el Gobierno de Lenín Moreno fue nombrado jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Luego decidió pasar al retiro.

Lara llegó a ese cargo luego de liderar las operaciones militares durante la protesta social de octubre del 2019. Según la Defensoría del Pueblo, se cometieron 240 presuntas vulneraciones a los derechos humanos; un 13% de esas faltas serían de miembros de las Fuerzas Armadas. Lara, en ese entonces, calificó al informe como “subjetivo, errado y sesgado”.  

Terminó su carrera militar justo al inicio del mandato de Lasso. El Jefe de Estado lo cesó de funciones y le entregó una condecoración al mérito a la excelencia profesional. 

Lara vistió el uniforme militar por 38 años. En esos años se destacó por ser un militar estratégico. Así lo recuerda Wagner Bravo, exjefe de Estado Mayor. Dice que el nuevo ministro luchó fervientemente en la guerra del Alto Cenepa. Su nominativo de ese entonces era kilo 17. 

“Él fue parte de la gesta heroica que defendió Base Sur del enemigo. Los combates más fuertes que enfrentó fueron desde el 31 de enero hasta el 3 de febrero”, recuerda Bravo.  

Para él, la elección de Lara como nuevo ministro es un acierto por dos motivos. El primero es porque Lara conoce de la problemática actual, ya que salió de las FF.AA. hace apenas un año.  

Y la segunda razón es que Lara fue comandante de la Frontera Norte. Conoce a detalle cómo se debe reforzar el control en los límites con Colombia, en donde se incrementó el paso de estupefacientes desde el 2020.

El nuevo Ministro también se ha referido a este tema y ha señalado que parte de su estrategia para blindar las fronteras es el fortalecimiento de las operaciones con equipos y tecnología.

Por eso, anunció trasparentar los hechos relacionados con el atentado del radar militar del cerro de Montecristi, por el que hay 16 oficiales y nueve aerotécnicos investigados por la Fiscalía y por asuntos internos de las FF.AA.

Lara ya solicitó información del avance de estos procesos. Por otro lado, Lara no solo tiene la misión de liderar las operaciones militares en frontera.  

Él también está coordinando las acciones de seguridad interna con el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien también fue comandante de la Policía.  

Para el general Paco Moncayo, otra misión de Lara es fortalecer el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe). Este es el máximo organismo en materia de seguridad y no ha tenido un accionar notorio. Por eso, Moncayo dice que Lara debería proponer al presidente Lasso tener una secretaría permanente para que se coordinen las acciones a través del Cosepe.  

“Todos estamos muy preocupados porque el crimen organizado, el narcotráfico no le combaten al Estado, le coartan. A los narcos les interesa tener policías, militares, legisladores, alcaldes en sus filas”, dice Moncayo. Por eso, añade, debe tener un control interno a través de medidas de contrainteligencia para proteger al personal.

Luis Lara nació el 27 de diciembre de 1957, en el cantón Macará, provincia de Loja.  Se graduó de subteniente de Infantería en 1983. Es licenciado en administración y ciencias militares y tiene varios diplomados de política, seguridad, democracia y en inteligencia en el estado contemporáneo. Sus capacitaciones las desarrolló en Chile y Brasil. 

Fuente: El Comercio.

La falta de medicamentos en los hospitales públicos, junto con la necesidad de recibir un tratamiento médico que a veces no llega, son las principales razones para que los pacientes del sistema público de salud acudan a la justicia.

Carolina Cantuña está desesperada y cansada de ver cómo su salud se deteriora a diario a causa de la inmunodeficiencia primaria que padece desde niña. Por eso decidió demandar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Comenta que desde “hace dos años el IESS no me entrega la medicina que necesito”.

Se refiere a las tres ampollas de inmunoglobulina humana normal de 10 gramos, que cuestan USD 1.600 cada una, y que necesita cada mes para evitar que la enfermedad avance. Para ella “es imposible gastar tanto dinero, aunque de eso dependa mi vida”, dice. Coincidencialmente, Cantuña es médica y presidenta de la Fundación de Pacientes con Inmunodeficiencias Primarias de Ecuador (PIDE).

Agrega que “las personas con inmunodeficiencia necesitan las medicinas porque son una población muy vulnerable”.

La inmunodeficiencia primaria provoca infecciones constantes en casi todos los órganos. “Una persona que sufre una infección, generalmente, puede superarla sin mayores problemas. En el caso de una persona con inmunodeficiencia, una simple infección puede llevarla al hospital”, dice Cantuña.

Ella es una de los casi 100 pacientes con inmunodeficiencia primaria que no reciben su tratamiento. Esto a pesar a pesar de que el Acuerdo Ministerial 158A, de 2018, especifica que, si los medicamentos prescritos no constan en el Cuadro Básico de Medicamentos y es una emergencia, la compra debe ser inmediata.

Ante el incumplimiento, estos 100 pacientes se unieron para crear la Fundación PIDE.

En abril de 2022 demandaron al IESS y al Ministerio de Salud, a través de una acción de protección, para que la justicia ordene la entrega de las medicinas. A este proceso se lo conoce como judicialización de medicamentos.

El viernes 13 de mayo de 2022, una jueza de Cuenca les dio la razón y ordenó que el Ministerio de Salud y el IESS compren inmediatamente la inmunoglobulina para entregarla a los 100 pacientes. “Esperamos que las dos instituciones cumplan la sentencia y nos entreguen la medicina”, dice Cantuña.

Las demandas no son nuevas, pues Trajano Lugo es otro paciente del IESS que tuvo que llegar a instancias judiciales para reclamar sus medicinas. En 2014 fue diagnosticado con esclerosis múltiple. “Esta enfermedad provoca la pérdida de la protección natural de los nervios, es decir, la mielina”, explica.

Las consecuencias de esta enfermedad incluyen la inmovilidad de las extremidades, la dificultad para respirar, el constante desgaste físico y la inflamación del cuerpo.

Lugo explica que el control de la enfermedad solo tiene una vía: la administración de un suero del medicamento ocrelizumab, cuyo valor es de USD 16.000. “Este suero hay que administrarlo cada seis meses. Durante dos años no pude acceder a él y tuve que hipotecar mi departamento para comprarlo”, comenta Lugo.

El paciente debió comprometer su patrimonio a pesar de que en 2018 y en 2019 ganó dos juicios en los que la justicia ordenó que el IESS y el Ministerio de Salud debían entregarle la medicina a él y a otros 11 pacientes.

“En los dos casos interpusimos una acción de protección. El juicio de 2018 lo hicimos junto a 11 personas de la Asociación de Pacientes con Esclerosis Múltiple y el de 2019 a título personal”, señala.

Sin embargo, ninguna de las dos instituciones ha cumplido las sentencias. “Tampoco me entregan las medicinas que ayudan a controlar los efectos secundarios de la enfermedad. Esos medicamentos cuestan unos USD 500 mensuales”, dice Lugo.

Lugo espera que, en junio de 2022, el IESS cuente con ocrelizumab, pues no sabe si tendrá el dinero suficiente para comprarlo por su cuenta.

La falta de medicamentos no es único problema para los pacientes de los hospitales del Ministerio de Salud y del IESS. También deben soportar la entrega de medicinas de mala calidad.

Trajano Lugo cuenta que hace un año sufrió problemas de salud, luego de tomar medicinas alteradas que le entregó el IESS. “La medicina debe ser eficiente, oportuna y de buena calidad. Si no cumple estas tres premisas, no sirve de nada”, insiste.

Cantuña teme que ocurra algo similar con los medicamentos que deben recibir tras ganar el juicio contra el IESS y el Ministerio de Salud. “Esperamos que nos entreguen la inmunoglobulina humana normal porque es la que necesitamos. Ninguna otra”, comenta.

Si la Fundación de Pacientes con Inmunodeficiencias Primarias del Ecuador recibe otro tipo de medicamento, Cantuña adelanta que acudirán nuevamente a la justicia.

La exministra de Salud, Verónica Espinosa, decía durante su administración que muchos medicamentos no garantizan su calidad, seguridad y eficacia y, a la vez, tienen altos costos, por lo que impactan al financiamiento del sistema nacional de salud.

Durante más de 15 días, diario PRIMICIAS intentó obtener explicaciones del Ministerio de Salud y del IESS sobre las razones por las que no han cumplido los fallos judiciales, pero no recibió ninguna respuesta.

Una respuesta que tampoco ha recibido Mauricio Zúñiga, un joven de 33 años que en 2019 recibió un trasplante de riñón, tras pasar más de tres años con diálisis. “Durante los primeros meses recibí la medicación, pero luego me entregaron medicinas de mala calidad y, por último, dejé de recibirlas”, narra.

Desde entonces, su cuenta de Twitter se convirtió en el espacio para denunciar la falta de medicamentos que puede provocarle un rechazo del riñón trasplantado.

Zúñiga dice que no ha tenido otra opción que gastar entre USD 500 y USD 700 mensuales para la compra de los inmunosupresores que ayudan a que el riñón siga funcionando. También ha recibido donaciones de medicamentos de familiares de pacientes que fallecieron a la espera de sus tratamientos.

Sobre una posible demanda al IESS, Zúñiga sostiene que “es una pérdida de tiempo y de dinero. Si no han cumplido durante dos años, qué me garantiza que lo hagan por una orden judicial”, se pregunta.

Fuente: Primicias.