Salud

Las movilizaciones en contra del Gobierno organizadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que se iniciaron el pasado lunes 13 de junio, afectan la construcción de dos obras en Cayambe, en la provincia de Pichincha, y Guaranda, en la provincia de Bolívar, destinadas a infraestructura para la educación intercultural bilingüe.

Su edificación, que empezó en enero pasado con un presupuesto de $ 11 millones, está paralizada debido a que no pueden llegar los contratistas de las obras y tampoco el material, según la ministra de Educación, María Brown Pérez.

“Este es un ejemplo de cómo estas paralizaciones y sobre todo la interrupción de la movilidad y de la actividad, en cada una de estas ciudades, termina perjudicando a quienes están reclamando también más derechos, más inversión”, dijo Brown en relación con los pedidos que ha hecho la organización indígena en temas educativos.

Una de las diez demandas de la Conaie es el mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades, así como el respeto a la educación integral bilingüe.

Pero el paro indefinido también ha afectado el regreso a las actividades escolares que estuvieron sin presencialidad debido a la pandemia del COVID-19.

Brown expresó que, entre la semana pasada y la actual, desde que se iniciaron las clases a distancia, en algunas instituciones educativas los estudiantes perjudicados pasaron de 40.000 a más de 1′550.200.

Añadió que se cruza información con los ministerios del Interior y de Gobierno, y en donde se dan las condiciones para retornar a la presencialidad se lo hace, para lo que se toma en cuenta que los alumnos puedan llegar al establecimiento y puedan volver de manera segura.

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El calendario escolar de finalización del periodo académico 2021-2022, en el régimen Sierra-Amazonía no se verá afectado por la paralización, agregó, debido a que la educación no se ha suspendido, las clases se mantienen a distancia y sigue corriendo el cronograma hasta cumplir los 200 días.

 “No hay ninguna modificación a las fechas de fin del año lectivo”, manifestó.

Dependiendo de la fecha de inicio de las clases, estas podrían terminar entre el 1 de julio y el 5 de julio.

La titular de Educación explicó que hay reportes de posibles jóvenes de bachillerato que participan en marchas de protesta.

Fuente: El Universo.      

Patricio Carrillo, ministro del Interior, adelantó este miércoles 22 de junio del 2022 que denunciará en la Fiscalía a los dirigentes nacionales del movimiento indígena y a Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae). El Ministro les responsabiliza por las víctimas del enfrentamiento del 21 de junio en Puyo, capital de Pastaza, en la Amazonía del Ecuador.

En una rueda de prensa desde la Comandancia de la Policía Nacional, Carrillo informó que la violencia en esa ciudad amazónica deja un fallecido, seis policías heridos por traumas de perdigones, tres policías retenidos en comunidades, 18 policías desaparecidos. Respecto a infraestructura: 18 vehículos de la Policía incendiados, una Unidad de Policía Comunitaria incendiada. Hasta el momento (08:00) ciudadanos de comunidades Shuar y Quichuas tienen sitiada a la ciudad de Puyo, describió.

En Puyo hubo una “turba criminal que generó absoluto terror”, aseguró Carrillo. Por lo que lanzó una acusación; “Responsabilizamos a los dirigentes nacionales y al dirigente local Marlon Vargas, que es uno de los sujetos que más enardeció, con su posición absolutamente radical a estas comunidades”.

En ese sentido, adelantó que hoy se presentará en la Fiscalía “la denuncia formal porque estos actos irracionales no son protesta social. Son actos criminales que han puesto en riesgo la vida de la población civil y la fe pública”.

“Ha resultado absolutamente ineficiente el diálogo en la ciudad del Puyo, ayer. Es el lugar donde se realizaron las mayores hostilidades. Gente en estado etílico, se generaban turbas impresionantes que no dejaban que personas puedan atenderse en términos de salud, el paso de ambulancias, de víveres. El desabastecimiento llegaba a niveles intolerantes”, describió el Ministro.

Explicó que aproximadamente a las 18:00 de ayer se generaron dos grupos: uno que pedía la paz y otro grupo radical de diferentes comunidades Quichuas y Shuaras del lugar, que “en actos absolutamente irracionales, con explosivos, armas ancestrales y con armas de fuego tipo carabina empezaron a atacar al personal civil y policial. En ese contexto se da un enfrentamiento”.

Según carrillo, hay grupos radicales dentro del mismo movimiento indígena que serían los que en Quito y en otras ciudades cometen actos “que sobrepasan la racionalidad”. Resaltó que a esos grupos se han unido otros de ideología guevarista y mariteguista, que también se ha identificado a supuestos líderes de la Revolución Ciudadana en barrios periféricos de la capital, como Cutuglahua, donde realizan actos “terroristas”. Por ejemplo, el templar alambres en vías.

El Ministerio dijo que se planifica una evacuación para trasladar a los servidores policiales del Puyo porque vivieron “un trauma exagerado” y se enviará a personal formado en derechos humanos que busquen las “empatías necesarias”. La Policía por el momento no puede garantizar el orden público, reconoció.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, exigió la noche de ayer que se desmilitarice el Parque El Arbolito y la Casa de la Cultura para dar su respuesta a la posición de diálogo del Gobierno.

Al respecto, Carrillo respondió: “No vamos a dejar que nos condicionen. Vamos a mantener los mismos dispositivos. Esas posiciones de diálogo con estas respuestas como la del Puyo, están demostrando que ellos no están pretendiendo buscar el diálogo”. Agregó que mantendrán las posiciones tal cual las recomendaciones del Ministerio y de la Policía Nacional, evitó entrar en mayor detalle.

Fuente: El Comercio.

“El Gobierno nos ha remitido un documento con supuestas respuestas a nuestras demandas, con generalidades (…), pero estamos dispuestos a dar una respuesta que permita abrir la discusión sobre los mecanismos de cumplimiento de los puntos que han convocado esta movilización”, mencionó Leonidas Iza, presidente de la CONAIE.

De tal forma, el dirigente no negó la posibilidad de un diálogo con el Gobierno, pero siempre que ocurra bajo sus condiciones: Derogar el estado de excepción y desmilitarizar el parque El Arbolito.

El objetivo, dijo Iza, es que las organizaciones indígenas puedan realizar sus asambleas para definir su posición ante esta nueva posibilidad. “Dejamos expresada nuestra voluntad para este proceso, pero necesitamos con resultados. Pedimos a las organizaciones que nos han invitado al diálogo a que sean garantes del cumplimiento de nuestras demandas, que no tienen respuesta desde hace más de un año”.

Horas antes, los integrantes de la Comisión Convocante invitaron a indígenas y Gobierno a participar en un “espacio para la solución de conflictos” y establecer un marco de trabajo para encontrar posiciones para un acuerdo de largo plazo para superar el paro nacional. Este proceso de mediación tendría, dijeron los promotores, el apoyo y soporte técnico de la Unión Europea y la delegación de Naciones Unidas en Ecuador.

Para eso enviaron invitaciones en privado al Gobierno Nacional, así como al Consejo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). El Gobierno respondió a la invitación más temprano.

“Es nuestro deber llegar a consensos por el bien del país”, dijo el presidente Guillermo Lasso en su cuenta de Twitter pocos minutos después de que la Comisión Convocante planteara su invitación al diálogo.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ratificó la participación del Ejecutivo en un diálogo sin condiciones, “para dialogar las movilizaciones y los actos vandálicos deben parar, no podemos dialogar con imposiciones y un país secuestrado”.

Fuente: Primicias.

El 20 de junio del 2022, una ambulancia fue obligada a detener su marcha mientras transitaba entre Cutuglagua y Santa Rosa, en el sur de Quito.

En un video publicado en redes sociales se observa que el vehículo de emergencia tiene las sirenas encendidas y un grupo de personas lo detiene en la vía.

Según reportó en su cuenta de Twitter Ecuador Chequea, los manifestantes obligaron al conductor a abrir las puertas de la ambulancia para constatar que llevaba un niño enfermo.

Hechos similares se han registrado durante las protestas que llevan nueve días en el país.

El 13 de junio, el Ministerio de Salud Pública (MSP), mediante un comunicado, rechazó que debido al bloqueo de vías se haya impedido el paso a una ambulancia que debía asistir a un paciente en estado grave, en Pastaza.

La institución hizo un llamado para que, en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH), se respete las actividades desarrolladas por el personal de salud en todo el país y los vehículos de transporte medicalizado en los que brinda atención.

Este 21 de junio, la titular de la Cartera de Estado, Ximena Garzón, reiteró el llamado para que no se interrumpa el paso de las ambulancias.

Además, informó que se han reportado dos muertes debido a la obstaculización del paso de ambulancias por cierres viales y movilizaciones.

El primer caso ocurrió cuando el vehículo de emergencia que trasladaba a un paciente de Esmeraldas hacia Quito, a la altura de Calacalí, no logró continuar su marcha porque manifestantes obstaculizaron su paso.

La ambulancia tuvo que retornar al hospital en Esmeraldas, sin embargo, la persona falleció.

El segundo caso sucedió en Shushufindi (Sucumbíos), cuando el vehículo salió a atender una intoxicación con productos químicos desconocidos, en la vía Limoncocha.

El paso estaba bloqueado con árboles por lo que la ambulancia no logró avanzar. La persona también murió.

Según información del Ministerio de Salud, desde el inicio de las protestas se han reportado 11 incidentes por bloqueos o agresiones a vehículos de atención prehospitalaria (ambulancias). El personal no ha sido afectado.

“En las peores guerras se ha respetado la salud, eso debe primar ahora, el derecho a la salud”, dijo Garzón.

Fuente: El Comercio.