Salud

Ministerio de Salud Pública aperturó el Coliseo Mayor de Latacunga como centro de vacunación contra la #COVID-19. Su horario de atención es de lunes a sábado.

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El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, está por cumplir un mes en su cargo. Llegó a ese puesto tras la polémica remoción de Guadalupe Llori, apenas pocos días antes del inicio del paro nacional, que duró 18 días.

Saquicela jugó un papel importante en el paro. Primero, fue quien convocó a una primera reunión, en la Basílica del Voto Nacional, a representantes del Gobierno y el movimiento indígena; esto dio paso a la instalación de una mesa de diálogo.

Segundo, fue quien presidió la sesión en la que se intentó invocar la muerte cruzada y destituir al presidente Guillermo Lasso por “grave crisis política y conmoción interna”. Y votó a favor, lo que generó el rechazo del Gobierno.

Saquicela conversó con Primicias sobre el paro nacional y lo sucedido en estos 18 días, al igual que lo que se viene en la Asamblea y su relación con el Ejecutivo.

Asegura que no hay una pugna legislativa, y que está abierto a dialogar con el Gobierno sobre sus propuestas legales pendientes.

·         Usted estaba haciendo las veces de mediador durante el paro nacional, ¿por qué votó a favor de la destitución del presidente?

V. Yo no he sido mediador. Ante la imposibilidad de diálogo, lo que hice es, como ciudadano y como presidente de Asamblea, convocar al mismo, y logré que se sienten las partes en una mesa de diálogo.

El Gobierno lo abandonó después, en una actitud, para mí, absurda, frente a las circunstancias que vivía el país.

Bajo ese contexto, yo creo que, en democracia, ante una figura constitucional no golpista, como la han calificado algunos, que está preceptuada en la Constitución, teníamos que tomar una decisión. ¿Quién reprime? No puedo votar por quien lo hace. Estar al lado del pueblo creo que es mi derecho. En mi conciencia, lo volvería a hacer las veces que sean necesarias.

Pero es una figura que no resultó, no logró una votación favorable de 92 votos. Pero sí propicia que el Ejecutivo sintonice con los derechos de la ciudadanía, no con dádivas, y, obviamente, que también lo hagamos el resto de poderes del Estado.

Es hora de que podamos construir, en un diálogo básico, esas propuestas.

·         Durante esta discusión, se decía que el Presidente también podía invocar la muerte cruzada y disolver la Asamblea. ¿No tenía ese temor?

V. Bueno, según ha dicho el propio Presidente, ese decreto está listo desde hace un año y todavía no ha sido emitido. Pero, yo creo que jurídicamente era improcedente porque ya estaba en trámite la denominada muerte cruzada desde Legislativo hacia el Ejecutivo.

Es una figura que está en la Constitución. Pero eso ya es una disposición, una decisión del Presidente de la República.

Nosotros lo que tenemos que hacer es legislar y fiscalizar. Después de todo ¿cómo queda la relación con el Ejecutivo?

El ministro de Gobierno ha dicho que está dispuesto a sentarse con usted solo para temas procedimentales, que él no quiere tomarse café con galletitas… La madurez política tiene que primar por bien del país.

Yo tampoco tengo tiempo para galletitas ni para tés, y nunca he sido partidario de los mismos.

Un diálogo rápido, franco, sincero, que ponga bases de consenso mínimos entre Legislativo y Ejecutivo es indispensable.

El Legislativo tiene una agenda muy amplia que tratar en legislación y fiscalización. Parte de esa agenda es con el Ejecutivo: temas laborales, de inversiones, de empleo y, obviamente, leyes que tenemos que consensuar respecto de las propias organizaciones sociales que han protestado. Eso hay que hacerlo.

En esa parte de la agenda es necesario sentarnos con el ministro de Gobierno, con las autoridades de Gobierno y estamos nosotros predispuestos.

La madurez política no solo nos obliga, sino que nos convoca ese diálogo.

Pero esa tensión entre ambas funciones, ¿hay que entonces dejarla atrás?

V. Venimos de 18 días de que se vivió una polarización extrema en el país.

Bueno, yo no tengo ningún inconveniente. Yo creo que este mal episodio del país, de 18 días de paralización, tiene que ser la posibilidad para dialogar, para sentarnos. No creo que pueda haber una pugna de poderes, tiene que haber acuerdos mínimos.

Nuestros puntos de vista, nuestros criterios, nuestras ponencias individuales como políticos son esas. Pero sí creo que, dentro de la Asamblea, se puede llegar a acuerdos mínimos en distintos ámbitos.

¿Ha dialogado con el ministro de Gobierno después del paro?

V. No. Hemos dialogado informalmente con el jefe de bancada del Gobierno, el asambleísta Juan Fernando Flores.

En la construcción de la agenda legislativa, tenemos una reunión el 8 de julio con los jefes de bancada y el 11 con los presidentes de las 15 comisiones permanentes.

Esperemos que ahí podamos ver también cuáles son las perspectivas que tiene el Ejecutivo respecto de su agenda legislativa y la podamos incluir.

·         El Ejecutivo ha anunciado su intención de enviar la reforma laboral y la nueva ley de inversiones a la Asamblea. ¿Hay predisposición a tratar esas propuestas?

V. Yo creo que la mayoría de los legisladores coincidimos con esas propuestas. Hay que revisar el tema laboral en el país: es indispensable.

Tenemos un Código (del Trabajo) que data de hace más de 50 años, que contiene figuras que ya no proceden en la legislación actual, en las necesidades de actuales.

Creo que tiene que ser revisada la flexibilización, para que la gente pueda tener acceso al empleo. Una Ley de Inversiones, en donde se rescate el tema de zonas francas, en aspectos en los cuales no vayan a competir deslealmente con el sector de producción nacional, por decir algo.

En temas de tecnología, que pueda darse esa zona franca, donde se bajen los tributos y haya empleo, y que posibiliten competitividad, estamos totalmente de acuerdo.

Aspiramos a que el Gobierno, cuando presente esa propuesta o antes de ello, pueda dialogar con los distintos sectores de la Asamblea Nacional y podamos tener unos acuerdos mínimos que posibiliten la aprobación de esas reformas legales.

·         ¿Cómo puede la Asamblea colaborar en los 10 puntos de la Conaie y el acuerdo con el Gobierno?

Este jueves se trata (en primer debate) la Ley de la Circunscripción Especial Amazónica, ya está en el orden del día.

Es decir, nosotros empezamos a cumplir lo que, dentro de ese diálogo en el que yo estuve presente, se habló.

Las propuestas respecto a repartir, si cabe el término, parte mínima de las regalías del petróleo al sector oriental y algunos otros grupos sociales como los afroecuatorianos, depende de una propuesta del Ejecutivo, que aspiramos llegue y la podamos canalizar de la mejor manera en la Asamblea.

Todos los temas que tengan que ver con estos aspectos tenemos que viabilizarlas. E

s más, invitaremos a los distintos sectores que estuvieron en la paralización, a las organizaciones sociales, para que dialoguemos en los próximos días.

Creo que no solamente es el Ejecutivo el que tiene que cumplir con una agenda de sintonizar con los derechos del pueblo, sino también el Legislativo.

·         Hay dos temas que quedaron flotando de la sesión de votación de la muerte cruzada. El primero es estas denuncias sobre supuestos pagos a asambleístas, que incluso están en investigación en la Fiscalía, que ha mencionado a un asesor legislativo. ¿Cómo responde a eso?

V. Bueno, al menos que yo haya conocido, no se ha dado absolutamente nada en ese sentido. Yo rechazo esa situación. Y si alguien tiene conocimiento de ello, si a alguien le han ofrecido algo, debería presentar la denuncia de manera correspondiente ante los organismos judiciales. Si ya existe un proceso en la Fiscalía, tiene que ventilarse con la independencia debida. Que se investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias.

La idea es que cada quien en la Asamblea tenga su decisión, su conciencia, su criterio político o su criterio social para emitir un voto. Los votos se los hace con base en esos, en esas decisiones y bajo ese contexto.

Pero en el mismo Pleno de la Asamblea hubo legisladores que denunciaron presiones e incluso se filtró un audio… Eso al final termina afectando la misma imagen de la Asamblea.

Todas esas circunstancias están en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, y a través de sus organismos, será la que investigue y establezca si existen los méritos para el inicio del proceso penal como tal. Habrá que esperar y dejar que la justicia actúe.

·         El segundo tema que quedó flotando es el de la supuesta vulneración del sistema de votación. Usted pidió un informe al respecto, ¿qué pasó ahí?

V. El día de ayer (4 de junio) me entregaron el informe de parte de Sistemas de la Asamblea Nacional, en el que se establece de que el sistema de votación no ha sufrido ningún problema, ningún inconveniente, ningún hackeo.

Para mi concepto, con base incluso en los informes, lo que hubo es una equivocación de dos señores de asambleístas: Dalton Bacigalupo y Wilma Andrade.

Los dos se equivocan el rato de la votación, y cuando piden en la rectificación, pensaron que era de votar “sí” para rectificar, y se equivocaron cuatro asambleístas.

Dejamos nosotros sentada razón de ese hecho para que no quede ninguna duda en la siguiente votación.

Cuando les dijimos que tengan cuidado en la votación, votaron correctamente, y en la última votación también lo hicieron. Es decir, ya lo pragmático borra cualquier posibilidad de duda en el tema. En todo caso, si es que hay alguna investigación, si la Fiscalía quiere hacer un análisis a través de peritos, lo que sea, estamos a las órdenes.

Fuente: Primicias.

Santiago Vasco ha luchado durante 12 años para que su hijo con Síndrome de Laron, pueda recibir el medicamento que le permita crecer.

“Los resultados han sido muy buenos para la edad que tiene (20 años). Cuando empezó, medía 126 centímetros, que iba a ser su talla final. Ahora mide 135 centímetros, nunca había crecido tanto, lo ideal es que mida más de 1,40 metros ”, dice Vasco. 

El Síndrome de Laron es una enfermedad congénita que afecta al receptor de la hormona del crecimiento, lo que provoca una talla pequeña severa. Es decir, en el mejor de los casos, quien lo padece crecerá como máximo 1,20 metros hasta llegar a la adultez. 

Es una condición rara, pues solo hay cerca de 350 casos en el mundo y más de la mitad está en Ecuador. 

En 2020, a 14 niños entre dos y 18 años por fin se les cumplió el sueño de crecer, cuando el Ministerio de Salud (MSP) compró el tratamiento, siguiendo el mandato de la sentencia de la Corte Constitucional.

El 12 de octubre de 2020, Santiago, de 8 años en ese entonces, recibió por primera vez su dosis de Increlex.

La incertidumbre lo embargaba por la larga lista de efectos secundarios que el tratamiento podía tener en los niños y que por años fue la justificación de los ministros de Salud para no comprar el medicamento, aún con el mandato de la Corte. 

“Pero nunca antes Santiago había crecido tanto, pasó de 87 a 105 centímetros”, dice Valeria Castro, su madre.

Pero 18 meses después, el mayor temor de los padres se ha cumplido. El Ministerio de Salud les ha dejado de entregar el medicamento.

 “El 1 de junio ya no entregaron los viables que nos daban para todo el mes y no nos dan una explicación clara sobre qué pasó, ni cuándo van a dar el tratamiento”, dice Valeria. 

En 2020, el Ministerio de Salud invirtió USD 331.840 en la adquisición de 544 frascos del medicamento para un año de tratamiento destinado a cerca de 20 niños. Diario Primicias solicitó información al ministerio para saber cuál es el estado de entrega del fármaco, pero no respondieron al pedido.

Los padres de los pacientes con Laron enviaron una carta al MSP y la respuesta fue que “están  haciendo la planificación para la siguiente compra”, explica Vasco. 

“¿No compraron con anticipación este medicamento, que es delicado suministrarlo?”, se pregunta Mariela Guadamud, madre de Víctor, de 9 años.

Los médicos del MSP que hacen controles mensuales a los infantes tampoco tienen respuesta, dice Mariela. “Otro día, al preguntar, me dijeron que el medicamento estaba en Aduana”, agrega.

La experiencia de Víctor es similar a las demás.

Creció 11 centímetros desde octubre de 2020, aunque tuvo que suspenderlo temporalmente por los efectos secundarios.  “Parte de los efectos del Síndrome de Laron es la presión alta.

El medicamento elevó eso y provocó un papiledema (inflamación del nervio óptico), pero se detectó a tiempo”, explica Mariela.

Más de una década de lucha en la justicia volvió a detenerse porque el Ministerio de Salud -sin autoridad designada todavía-, no compró a tiempo el tratamiento para los niños con Síndrome de Laron.

Fuente: Primicias.

El 98% de ecuatorianos afirma que ha sentido un incremento de los precios, en los primeros seis meses de 2022, según un estudio de la empresa de análisis de mercados Ipsos.

La firma realizó más de 700 encuestas y difundió los resultados el 30 de junio de 2022.

Según el reporte, los ecuatorianos perciben la inflación (elevación de precios), sobre todo, en los supermercados, las tiendas y las panaderías.

La inflación en Ecuador podría llegar a 2,5% este año, sostiene Citi Research, parte de la multinacional de servicios financieros Citigroup. Aunque hay perspectivas menos optimistas, como la del FMI, que estima que el aumento de precios será de 3,2% en 2022.

Los ecuatorianos sienten más la inflación en negocios como supermercados o panaderías porque los alimentos y las bebidas no alcohólicas registran un mayor aumento de precios.

En mayo de 2022, la inflación anual en el país fue de 3,38%, mientras que el alza de los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas alcanzó una tasa anual de 3,97%. Además, esa división de consumo es, junto con el transporte, la que mayor incidencia tiene en el aumento de la inflación.

Eso quiere decir que mientras mayor sea el incremento de precios en esas dos divisiones de consumo, más crecerá la inflación.

En mayo, la incidencia del transporte en la inflación fue del 1,27%. Le sigue alimentos y bebidas alcohólicas, con una incidencia de 0,84%.

Si bien la mayoría de ecuatorianos siente el aumento de precios, su percepción varía dependiendo del nivel de sus ingresos; es decir, de su estrato socioeconómico.

El 90% de la clase alta ha notado la inflación en los supermercados, mientras que el 62% considera que paga más en los restaurantes.

El 80% de quienes son parte de la clase baja siente el aumento de la inflación en los supermercados y el 69% en el mercado.

La población de bajo ingreso experimenta, además, un alza de precios en los mayoristas, que son intermediarios de la cadena de distribución.

El aumento de precios en alimentos es complejo para las personas en condición de pobreza porque gastan lo poco que tienen en comprar alimentos, explica Andrés Borenstein, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, de Argentina.

En Ecuador, las personas con ingresos bajos destinan el 60% de ellos a pagar los gastos de transporte y alimentación, precisa la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (Anfab).

“Los grupos más vulnerables en la región son los más golpeados por la subida de precios de los alimentos básicos y la energía, al tiempo que siguen luchando para recuperarse del impacto económico de la pandemia”, afirma el FMI.

Para amortiguar el golpe de la inflación y reducir el riesgo de tensión social, los gobiernos de Latinoamérica deben proporcionar apoyo focalizado y temporal a los hogares vulnerables y de bajo ingreso, concluye el organismo.

En Ecuador, el aumento de precios de los alimentos fue uno de los motivos del paro nacional que se extendió por 18 días y representó pérdidas por USD 1.000 millones, según el Ministerio de Producción.

Fuente: Primicias.