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La firma de la paz en Colombia y la desmovilización de las FARC en 2016 habían generado esperanza en las poblaciones, que por décadas han sobrevivido al conflicto en la frontera con Ecuador.

Pero la conformación de nuevos grupos armados irregulares presiona aún más la supervivencia de los pueblos indígenas y campesinos que habitan en la frontera ecuatoriana, como en el Putumayo, en Sucumbíos, uno de los epicentros del comercio mundial de cocaína.

En ese territorio, dos grupos han mutado. Los conocidos como La Mafia, que derivaron en Los Comuneros y ahora se autodenominan Comandos de la Frontera.  Y el Frente 48, ahora conocido como Frente Carolina Ramírez.

Estas dos organizaciones se disputan el control territorial que se extiende hasta Ecuador.  El portal de periodismo de investigación InSight Crime ha identificado geográficamente los territorios donde los dos grupos mafiosos de las ex-FARC tienen conexiones e influencia para la producción y el tráfico de cocaína en Colombia, Perú y Ecuador.

Aunque el Frente Carolina Ramírez supera en número y armamento al Comando de la Frontera, su rival está más atrincherado en Putumayo, conoce el territorio y tiene mayor influencia sobre los habitantes, describe InSight Crime.

Uno de esos territorios pertenece al pueblo indígena ancestral Siona, que está asentado en las orillas del río San Miguel, en la provincia de Sucumbíos. Los sionas son uno de los seis pueblos indígenas transfronterizos que comparten territorio entre Ecuador y Colombia; es decir, son ecuatorianos y también colombianos. Solo los sionas tienen en total 5.000 habitantes.

Durante décadas han sufrido y luchado contra las permanentes amenazas de los grupos irregulares, que con la pandemia se acrecentaron por la ausencia del Estado y la imposibilidad de sacar los productos de la comunidad. 

Hasta antes de la pandemia, pueblos como el Siona se habían negado a participar en la cadena de producción de la coca, impidiendo a estos grupos la plantación en sus territorios o incluso trabajar como jornaleros en la producción. 

Esto cambió a partir de 2020, con las nuevas formaciones de grupos armados como Comandos de la Frontera, que tienen influencia en toda la zona del Putumayo, explica María Espinosa, defensora de derechos humanos y coordinadora legal de Amazon Frontline.

En los últimos seis meses, los Comandos de la Frontera han radicalizado su postura en la frontera, principalmente de tres formas:  Forzando a las comunidades a que acepten los manuales de convivencia, que son líneas de comportamiento que deben seguir las comunidades y tienen que ver con horarios, tránsito, personas que pueden ingresar a los territorios, control de robos, violaciones o consumo de alcohol.

Obligando a las personas a que participen en dos paros en Colombia, para exigir al gobierno colombiano el cese a procesos de erradicación de la hoja de coca. Y realizando el control físico de personas externas que ingresan al territorio, como ONG’s, periodistas o visitantes esporádicos.

“La pandemia develó que esa ausencia estructural del Estado en ambos lados de la frontera se agudizó. La poca presencia estatal, que era militar, incluso disminuyó y solo quedaron los grupos armados”, explica Espinosa. También aumentó el reclutamiento de niños, adolescentes y adultos.

En los dos últimos años, nueve menores de edad y siete adultos han sido reclutados por los Comandos de la Frontera.

La dinámica del reclutamiento también ha cambiado con las nuevas estructuras criminales. Las FARC llevaban a los jóvenes a los campamentos para entrenarlos, pero ahora los dejan en territorio y les pagan entre USD 300 y USD 1.000, según la responsabilidad que tengan.

“Los reclutan como informantes o para facilitar la relación entre los actores armados y las comunidades. Eso también está generando interferencia entre las actividades y las formas de gobernanza de la comunidad”, explica Espinosa.

Una de las tres disidencias de las FARC más relevantes es la Segunda Marquetalia, comandada por Iván Márquez, refugiado en Venezuela, desde donde ha conformado una guerrilla latinoamericana con el reclutamiento de personas de distintos países de la región, entre ellos Ecuador. 

Márquez, con ayuda de los grupos irregulares que operan en Ecuador, ha reclutado a más de 70 personas, que trabajan en conjunto con la Segunda Marquetalia, según un informe de la revista Semana, basado en el testimonio de una joven ecuatoriana que logró escapar.

La mujer, oriunda de Guamote (Chimborazo), fue enviada con engaños a Argentina, donde se le prometió que estudiaría.  “Eso fue el 21 de septiembre de 2021, yo me encontraba en Ecuador junto a mi papá, cuando le escribió un político de allá de los Tapinas, una comunidad de Guamote. Él le dijo que quería enviar a personas para estudiar en Argentina y mi papá le habló de mí”.  Comenzaron el viaje por tierra a Bogotá y de ahí saldrían a Argentina para estudiar seis meses en la universidad, para después regresarlos, relata.

“Todo era parte del plan de Márquez para reclutar jóvenes de diferentes nacionalidades, ponerlos al servicio de la Segunda Marquetalia y extender sus tentáculos en su plan por crear una guerrilla latinoamericana, sin dejar a un lado el negocio del narcotráfico” dijo la joven a Semana. 

Los jóvenes, graduados del bachillerato, fueron llevados a Venezuela para entrenarlos y adoctrinarlos en sus campamentos.

La madrugada del 19 de mayo de 2022, dirigentes de una naciente organización guerrillera ecuatoriana, denominada Movimiento Guevarista Tierra y Libertad (MGTL), fueron detenidos en un operativo liderado por la Fiscalía. Se trata de ocho integrantes del movimiento guerrillero que ahora son investigados por delincuencia, trata de personas y reclutamiento para grupos guerrilleros.

Los gobiernos de Ecuador y Colombia están al tanto del peligro que corren los pueblos indígenas en la frontera. El 14 de julio de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de autoridades y familias del pueblo siona de Colombia.

La decisión se consideró por la persistente situación de gravedad y riesgo de exterminio físico y cultural que enfrenta la nacionalidad indígena por distintas acciones de grupos armados en el contexto del posconflicto armado colombiano.

Esta acción la conoció también el Estado ecuatoriano, que hizo compromisos y acuerdos con la comunidad. Han pasado casi cuatros años desde que la CIDH otorgó las medidas y la situación ha empeorado. 

“Sabíamos que íbamos a tener un aumento de violencia y una disputa entre las disidencias de las FARC para monopolizar y reorganizar las rutas logísticas y distribución de cocaína a nuestro país. ¿Cómo se preparó Ecuador para un escenario post acuerdo de paz?”, se pregunta la analista en seguridad, Carolina Andrade.

Andrade cuestiona la poca preparación de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Se refiere a lo ocurrido el 17 de mayo de 2022, cuando miembros de grupos armados ingresaron al destacamento militar 55 Putumayo. Ellos atacaron a un militar, al que, según el video de seguridad, en un intento por defenderse se le cayó un fusil, que después fue robado por los delincuentes. 

“Vimos a unas Fuerzas Armadas que no pudieron actuar operativamente frente a lo que sucedió y que se vio disminuida frente la actuación de un grupo irregular armado que se mostró más capacitado en el uso de armamento”, dice Andrade. 

De espaldas a la frontera, el Estado se mantiene ausente en esos territorios. Las escuelas han comenzado a abrir poco a poco en muy mal estado, los centros de salud están desabastecidos, y los pueblos se mantienen en riesgo de desaparecer.

Fuente: Primicias.