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Una pareja fue detenida la tarde del miércoles en la ciudad de Bahía de Caráquez, norte de Manabí, luego de que una investigación determinara que habría nexos entre ellos y una red internacional de pornografía infantil, la que realizaba esta actividad ilícita desde el 2009, según indagaciones.

El trabajo fue realizado por la Interpol, el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional, Inmigración y Control de Aduanas (HSI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la Embajada de ese país en Quito y la Policía Nacional, en un operativo en el que también hubo personas detenidas en Perú.

En el allanamiento realizado en una vivienda en Bahía de Caráquez se logró retener como indicios equipos electrónicos, pues se analizó que habrían utilizado un sistema darknet (una web oscura).

En Ecuador la Policía denominó a este operativo Impacto 139 y se lo realizó en pleno día, generando la alarma de varios habitantes de Bahía de Caráquez.

Los detenidos para investigaciones tanto en Ecuador como en Perú eran dirigidos desde Estados Unidos y Europa, en donde también hubo aprehendidos por este hecho. El método consistía en contactar en redes sociales a niños y jóvenes de entre 10 y 16 años y por ese mismo medio se compartían imágenes de los menores de edad.

El 22 de junio de este año en el cantón San Vicente, localidad vecina de la ciudad de Bahía de Caráquez, se detuvo a Lesley G., extranjero a quien se le allanó la vivienda donde residía y en donde se hallaron dispositivos electrónicos que contenían fotografías y videos con contenido sexual de menores de edad.

Con el detenido también se retuvieron trece dispositivos electrónicos, esto dentro del operativo policial denominado Transnacional 4.

Fuente: El Universo.

Este jueves 21 de julio de 2022, el presidente Guillermo Lasso vetó la Ley Orgánica Reformatoria de Apoyo Humanitario, mientras que días atrás los gremios de diversas entidades financieras del Ecuador expresaron su preocupación ante la aprobación de este cuerpo legal.

El presidente Lasso considera que las reformas a la Ley aprobadas por la Asamblea pondrían en riesgo 112 000 empleos y con el veto total, la iniciativa deberá ser archivada durante al menos 1 año.

En el veto, el primer mandatario señala que el proyecto de ley aborda varios temas relevantes. “Sin embargo, lo hace con absoluta ligereza técnico-legislativa”.

Además, agregó que el Legislativo no ha especificado cuáles artículos van a ser derogados, “ni considera que varios artículos de dicha ley tuvieron aplicación temporal regulada”. 

Algunas fuentes del oficialismo señalaron que el proyecto planteaba que disposiciones temporales de alivio financiero aplicadas en los primeros meses de pandemia se vuelvan permanentes.

Esto afectaría a la seguridad de la provisión de servicios públicos y a los entes más pequeños del sistema financiero. Acotaron que, ahora en las mesas de diálogo, se han considerado mecanismos de alivio similares que serán de aplicación más rápida.

En un comunicado, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD), la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse) y la Asociación Nacional de Mutualistas del Ecuador (ANME), expresaron su desacuerdo con la ley.

El pasado 16 de junio, la Asamblea Nacional aprobó la derogación parcial de la Ley de Apoyo Humanitario, vigente desde junio de 2020. Asimismo, se incluyeron algunas reformas referentes a la prestación de servicios del sector financiero.

Fuente: El Comercio.

La definición de las dos vacantes en las vicepresidencias de la Asamblea sería este jueves. El presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, convocó la sesión para las 09:30 de ese día. Sin embargo, a menos de 48 horas, no hay aún definiciones sobre los nombres de los asambleístas que llegarían a ocupar esos espacios.

El problema es de negociación dentro de la “mayoría” conformada por UNES, el PSC, los rebeldes de Pachakutik y la ID. Esas cuatro fuerzas aspiran a llenar una de las dos vacantes, y expresan sus argumentos para obtenerlas.

Una de las opciones que se está analizando es la de poner en una de las vicepresidencias a uno de los legisladores que ya están en el Consejo de la Administración Legislativa (CAL): Darwin Pereira (rebelde de Pachakutik) o Johanna Moreira (rebelde de la ID). Esto dejaría un espacio en el CAL para un legislador socialcristiano.

Esteban Torres, coordinador del PSC, asegura que esta es una opción que ellos apoyarían, pues lo que les interesa es una vocalía del CAL. Esa bancada fue excluida de en la repartición del CAL en mayo de 2021, cuando el Gobierno se alió con Pachakutik y la ID para la elección de Guadalupe Llori.

Pero aún no hay nombres que se puedan hacer públicos, aunque dentro de la bancada se estarían analizando los de tres asambleístas que serán la propuesta del PSC.

Tanto Pachakutik como la ID aseguran que los espacios en la primera y segunda vicepresidencia son su derecho. Ambas bancadas perdieron asientos en el CAL, con las remociones de Guadalupe Llori (Pachakutik) y de Yeseña Guamaní (ID).

Por ello, el ala “rebelde” de Pachakutik ha planteado una terna a los otros miembros de la mayoría. Está conformada por: Patricia Sánchez, Peter Calo y Mario Ruiz, los tres pertenecientes a esta facción.

Según Ruiz, la vacante de primera vicepresidencia les pertenece por haber perdido la presidencia de la Asamblea de Llori. De momento, ya dejaron de lado el nombre de Mireya Pazmiño, también parte de esta facción, pues les supondría perder la presidencia de la Comisión de Régimen Económico.

Otra opción que maneja esta bancada es la de Darwin Pereira, quien es actualmente el primer vocal del CAL. Esto dejaría otra vacante para llenar.

En la facción orgánica de Pachakutik, sin embargo, no han tomado aún una decisión oficial sobre si apoyar o no la propuesta de los “rebeldes”. Según José Chimbo, esta tarde mantendrán una reunión para tomar definiciones.

Mientras que en la ID, que busca actuar más allá de sus dos facciones, también aspira a una de las dos vicepresidencias. Alejandro Jaramillo aseguró que los dos nombres que tienen son el de Johana Moreira (también actual vocal del CAL) o Lucía Placencia, ambas expulsadas de la bancada por pertenecer al ala “rebelde”.

Sin embargo, no ha habido aún un pronunciamiento de la facción orgánica de la ID, que respaldaba al removido Guillermo Herrera.

La bancada correísta UNES había anunciado que no buscaría llegar a una de las vicepresidencias. Pero, esta posición cambió en las últimas horas.

Marcela Holguín, coordinadora del bloque, aseguró que aspiran a la primera vicepresidencia porque son la primera fuerza legislativa, ya que tienen el mayor número de asambleístas (47).

Tampoco adelantó nombres. Esa bancada también tendrá una reunión esta tarde para tomar las definiciones necesarias y presentar propuestas a los otros miembros de la mayoría.

Fuente: Primicias. https://www.primicias.ec/noticias/politica/asamblea-negociaciones-vicepresidencias-acuerdos/

El Gobierno analiza la propuesta de los movimientos indígenas, que lideraron el paro nacional, para focalizar los subsidios a los combustibles de acuerdo a tres tipos de población o “carriles”, en el marco de las mesas de diálogo.

En el primer carril o grupo de población están las personas que pueden pagar el precio real de los combustibles, en función de sus ingresos anuales y el tipo de vehículo que posean.

En el segundo carril está el transporte público y vehículos para realizar actividades productivas, que debe acceder a diésel con un precio fijo de USD 1,75 por galón y a gasolinas Extra y Ecopaís, con precios de USD 2,40 por galón.

Y en el tercer carril está la población vinculada a la agro y a la zona rural, que accedería a un subsidio mayor. Para este sector, el precio del diésel sería de USD 1,50 por galón y el de las gasolinas Extra y Ecopaís de USD 2,40 por galón. Además, los movimientos indígenas plantean fijar cupos para estos beneficiarios.

Henry Llanes, asesor invitado por la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), explica que el Gobierno debe presentar la información técnica para establecer la viabilidad de las propuestas hasta el 22 de julio.

Según ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, la tercera reunión de la mesa de focalización de subsidios a los combustibles se reinstalará el 27 de julio.

Aunque el subsidio al transporte centra las mesas de diálogo, no es el único sector que recibe estos beneficios.

En total, hay 11 sectores de la economía que reciben combustibles subsidiados de todo tipo, aunque el de mayor peso es el del transporte.

El sector automotor consume 140.000 barriles diarios de diésel y gasolinas, que representan el 55% de la demanda total de combustibles del país.

Entre enero y mayo de 2022, el Gobierno Central gastó USD 883 millones en subsidios al diésel y las gasolinas importadas.

Por ejemplo, Ecuador importa gasolina extra a USD 3,83 por galón, según las proyecciones de la petrolera estatal Petroecuador.

Pero los consumidores solo pagan USD 2,40 por galón, puesto que el precio de este combustible está congelado en ese nivel desde el 30 de junio.

La diferencia entre el valor de importación de cada galón y el precio de venta en Ecuador es de USD 1,42, que es lo que el Estado subsidia.

Un segundo sector que recibe subsidios es el doméstico.

El sector doméstico, que consumo de gas licuado de petróleo (GLP), también recibe subsidio.

El cilindro de 15 kilos de GLP o gas de uso doméstico se importa a USD 12,45.

Pero en el mercado interno se expende en USD 1,60. La diferencia de USD 10,85 entre el precio de importación y el precio de venta por cada cilindro es asumida por el Estado. Ecuador consume 37.000 barriles diarios de GLP.

Las centrales termoeléctricas utilizan diésel y residuo como fuel oil subsidiados para la generación de energía de Ecuador.

Este sector consume 14.000 barriles diarios de combustibles con subsidio, siendo el fuel oil el de mayor peso, pues representa el 61% del total.

El subsidio al fuel oil para el sector eléctrico es de USD 0,96 por galón en julio de 2022, según Petroecuador.

Otros combustibles con subsidio son el asfalto destinado a gobiernos seccionales para obra pública y el jet fuel destinado al sector aéreo en aeropuertos pequeños nacionales, que cubren rutas como Macas, Shell.

El GLP para el taxismo tiene un precio fijo de USD 0,33 por cada kilo, que está por debajo del precio de importación que es de USD 1,09 por kilo.

Es decir, el GLP para el taxismo tiene una subvención estatal de USD 0,76 por kilo.

Cada mes, Petroecuador recibe el listado de camaroneros, de atuneros y de pesqueros artesanales que acceden a un cupo de combustibles con subsidio. Se trata de pequeños productores.

Agricultores pequeños también reciben un cupo de GLP subvencionado para secado de granos, como arroz.

En total, el Ministerio de Finanzas calcula que gastará USD 3.158 millones en 2022 en subsidios a todos los combustibles, un 43% más que los USD 2.214 millones transferidos en 2021.

Fuente: Primicias.