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Las primeras horas del 28 de julio de 2022 fueron intensas en Cotopaxi. La Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron más de 30 allanamientos y nueve detenciones como parte del operativo Depuración I. 

A la cabeza de los apresados aparece Jorge Guamán, prefecto de Cotopaxi. 

Guamán está en el cargo desde 2014. En ambas elecciones llegó a la dignidad bajo la bandera política de Pachakutik (PK), representante político de los indígenas. Primero en alianza con el Movimiento Popular Democrático (MPD) y, luego, con Unidad Popular (UP). 

Según la información que maneja la Policía, desde 2014 opera una “estructura delictiva conformada por altos funcionarios públicos, familiares, empresarios y amigos“. Esa estructura estaría liderada por Guamán y por Byron Cárdenas, alcalde de Latacunga, también de las filas de PK. 

Cárdenas no fue detenido. Pero, la Fiscalía allanó las instalaciones de la Alcaldía. El funcionario dijo que ha prestado toda la colaboración a los agentes, entregando documentación requerida, sobre todo, referente a las contrataciones. 

Las primeras investigaciones apuntan a varios posibles delitos como: 

• Delincuencia organizada. 
• Concusión. 
• Testaferrismo. 
• Enriquecimiento ilícito. 
• Enriquecimiento privado no justificado. 
• Tráfico de influencias. 

El modo de operar de esta supuesta estructura delictiva incluiría el direccionamiento en la adjudicación de contratos y el cobro de dinero a cambio de cargos públicos, utilizando a terceras personas para ocultar los incrementos patrimoniales. 

La información policial a la que Primicias tuvo acceso detalla que la supuesta estructura delincuencial estaría conformada, principalmente, por familiares y amigos cercanos al prefecto Guamán. 

Sus primeras operaciones habrían empezado en la primera campaña electoral del político indígena, en 2014. 

En ese proceso, Guamán habría recibido logística y recursos económicos por parte personas que, posteriormente, llegaron a ocupar altos cargos en el Gobierno Provincial. 

Por ejemplo, se menciona a Pablo A., quien era chofer de la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) y llegó a ser director Administrativo de la Prefectura. 

Pablo V., en cambio, era docente de la UTC y posteriormente fue nombrado como director de Compras Públicas del GAD de Cotopaxi. 

Del lado familiar de Guamán resaltan dos nombres. Primero, el de su esposa. Ella habría sido la encargada del cobro de dinero por cargos en la Prefectura, así como de la renovación de esos contratos. 

Con el dinero recaudado, dice la información del caso, se compraban bienes que eran puestos a nombre de terceras personas. 

También se menciona a la hija de Jorge Guamán, quien habría estado a cargo de las coordinaciones con empresas privadas para la adjudicación de contratos. A cambio, “recibía grandes cantidades de dinero, que también terminaban en bienes a nombre de testaferros”, según la versión oficial.

Hasta el momento, hay nueve detenidos. Las autoridades ya han rastreado y establecido, preliminarmente, cuál era el rol de cada uno en la supuesta estructura delincuencial. 

Jorge Guamán, prefecto de Cotopaxi: Su rol en la presunta organización era directivo. Colocó a sus colaboradores en puestos estratégicos de la Prefectura. Supuestamente, exigía cobros de porcentajes a cambio de adjudicaciones de contratos de obra pública y por puestos de trabajo. 

Pablo V. B., director de Compras Públicas de la Prefectura de Cotopaxi: Sería la mano derecha de Guamán. Estaba a cargo de gestionar la “adjudicación ilegal de obras públicas, también se encargaba del manejo de dinero proveniente del pago de sobornos por parte de la empresa privada”. 

Santiago S. C., contratista: Es un empresario que habría sido beneficiado con contratos de la Prefectura a cambio del pago de sobornos. También sería el intermediario entre Guamán y Byron Cárdenas, alcalde de Latacunga. 

Pablo A. R., director administrativo de la Prefectura de Cotopaxi: Estaba a cargo de las autorizaciones presupuestarias para las contrataciones de obras y contrataciones de servidores públicos del GAD de Cotopaxi.

Margot T. H., exdirectora administrativa de la Prefectura de Cotopaxi: Estuvo en el cargo entre 2014 y 2018. Habría estado a cargo del cobro de supuestos diezmos a los funcionarios de la Prefectura. 

José N. C., jefe de la Unidad de Producción, Comercialización y Turismo de la Prefectura de Cotopaxi: Se lo señala como supuesto facilitador en la entrega de sobornos por parte de los empresarios. Es decir, prestaba su nombre para el intercambio de propiedades de bienes inmuebles entre los miembros de la organización. 

César C. C., contratista: Sería el hombre de confianza de Santiago S. C., otro empresario involucrado en el caso. Está siendo investigado por una supuesta relación en el pago de sobornos en las entidades involucradas. 

Diego S. C.: Es hermano de de Santiago S. C. Su rol o función principal dentro de la organización delictiva sería realizar la supervisión de los contratos. 

Jorge H. S., contratista: Es un extranjero y habría prestado su nombre en el portal de compras públicas para la adjudicación de contratos de forma ilícita. 

En la audiencia de formulación de cargos de los nueve detenidos, realizada en las primeras horas del viernes 29 de julio, la presidenta de la Corte de Justicia de Cotopaxi dispuso la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas para el prefecto Jorge Guamán, informó la Fiscalía. 

Para los demás procesados por delincuencia organizada, la jueza dispuso prisión preventiva. Además, ordenó la retención de cuentas hasta por USD 2 millones y la prohibición de enajenar bienes.

Fuente: Primicias. 

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, prefirió no referirse a la investigación, por presunta delincuencia organizada, contra el prefecto de Cotopaxi y dirigente provincial del movimiento indígena, Jorge Guamán. Y advirtió que tampoco tolerarán que se pretenda posicionar un tema así en época electoral. 

“Los jueces, los fiscales deben hacer un trabajo con independencia, si quieren hacer política salgan de ser jueces y fiscales".

Antes de ingresar a la Conferencia Episcopal en Quito, para continuar con las mesas de diálogo con el gobierno del presidente Guillermo Lasso, Iza dijo que “cada uno, cada uno, cargamos con el peso de nuestras acciones”. 

Y agregó que la justicia deberá comprobar las acusaciones contra el prefecto, elegido bajo la bandera de Pachakutik, su familia y colaboradores, sobre una supuesta red de corrupción en su provincia. 

“No puede haber una justicia selectiva, celeridad en unos casos y guardamos para otros casos. ¿Qué pasa con los otros casos?”. 

Recordó el caso Pandora Papers, que acusaba al presidente Lasso de tener activos en paraísos fiscales; las denuncias sobre el Municipio de Guayaquil y la alcaldesa Cynthia Viteri y su esposo; la investigación contra el exconsejero presidencial Juan José Pons, por la supuesta venta de cargos. “No pasa nada”, dijo.

Fuente: Primicias. 

Desde el 28 de octubre de 2022 se aplicará el alza salarial a los docentes ecuatorianos. Así lo anunció la ministra de Educación, María Brown, quien señaló que los nuevos salarios entrarán en vigencia dentro de 90 días, tras la publicación de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el Registro Oficial, el 28 de julio de 2022.

La base salarial es de $817 para docentes con contratos ocasionales y nombramientos provisionales. Mientras que el salario alto es de  $2.034. 

Fuente: La Hora.

Presentación periódica, uso de grillete electrónico y prohibición de salida del país fueron las medidas cautelares que le ordenaron la madrugada de este viernes al actual prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, quien es acusado, junto con nueve personas más, del delito de delincuencia organizada. La formulación de cargos concluyó la mañana de este viernes, luego de ocho horas de diligencia.

Las detenciones en este caso se dieron dentro de la Operación Depuración 1, la cual se realizó el jueves último en varias viviendas y en la sede del Gobierno Autónomo Descentralizado de Cotopaxi o Prefectura de Cotopaxi. Nueve hombres y una mujer, Margoth T., son parte de la lista de procesados. Esta última recibió las mismas medidas cautelares que el prefecto Guamán.

La etapa de instrucción fiscal durará 90 días y en ese tiempo la Fiscalía de Cotopaxi deberá definir si existen los elementos que determinen la existencia de ilícitos en el manejo económico de la Prefectura de Cotopaxi, así como algún tipo de irregularidades en la adjudicación de contratos. En el 2023 Guamán completaría dos periodos como prefecto y mantiene una postulación para ser alcalde de Latacunga.

Por el fuero de Corte Provincial que cobija a Guamán como prefecto, la audiencia se realizó en la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi y estuvo a cargo la presidenta de esa instancia, Rosa Freire.

Según el abogado de Guamán, Carlos Poveda, las medidas cautelares de presentación periódica, uso de grillete y prohibición de salida del país llegaron para dos de los procesados por ser pertenecientes a pueblos indígenas.

“Estamos en fase de instrucción fiscal, prosigue la investigación y, por lo tanto, la Fiscalía tendrá que corroborar los elementos de convicción que ha aseverado en audiencia”, dijo Poveda, abogado que representa al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, en el proceso por paralización de un servicio público, relacionado con las movilizaciones de junio de 2022.

Fuente: El Universo.