Un ciudadano de 49 años fue atacado por un perro de raza pitbull en La Laguna, Latacunga. El afectado menciona que es la segunda vez que sucede, y exige a los dueños responsabilizarse por los gastos médicos.
98 aspirantes a policías continuarán capacitándose en la Escuela de Formación de Cotopaxi hasta el mes de noviembre. Allí cumplen una malla curricular dispuesta por el Ministerio de Educación.
La violación que sufrió un niño de 8 años en el baño de una escuela de Guayaquil, ubicada en Mapasingue Oeste, venía sucediendo desde hace algunos meses, según ha informado la víctima a sus familiares. Sin embargo, los directivos del plantel callaron cuando se enteraron del problema y no hicieron nada para denunciarlo.
Estos han sido suspendidos de sus labores hasta que terminen las investigaciones, como parte de una intervención al que ha sido sometido el centro educativo.
De acuerdo a lo señalado por las autoridades educativas, tanto la rectora como la profesora del curso al que pertenece el niño abusado, omitieron el protocolo de actuación ante casos de violencia generada o detectada en el sistema educativo.
Este documento fue elaborado y socializado a nivel nacional en el 2017 por el Ministerio de Educación, luego de los casos de abuso sexual a cinco menores ocurridos en el colegio réplica Aguirre Abad, por parte de tres maestros que ahora guardan prisión.
El protocolo establece que en estos casos las autoridades deben intervenir inmediatamente, brindar apoyo psicológico a la víctima y a la familia, separándolos del agresor, además de denunciar a la Fiscalía los hechos y exigir que la justicia actúe con urgencia.
Pero esto no se hizo porque no se le dio importancia a las denuncias del niño, quien el 10 de agosto pasado informó a sus maestros lo que le había vuelto a ocurrir en el baño y cuyo autor sería otro estudiante de un curso superior, según cuentan sus familiares.
El fin de semana anterior, el menor fue hospitalizado luego de presentar algunos malestares. Sus padres desconocían el diagnóstico, pero los médicos del Francisco de Ycaza Bustamante informaron que habían descubierto señales de abuso sexual, por las graves lesiones que presenta.
“Incluso, se nos indicó que podría necesitar una cirugía en caso de que no responda al tratamiento”, informó a EXPRESO el tío del perjudicado, quien destacó que el niño recibe atención médica y psicológica.
“No habla mucho, pero los psicólogos están logrando que poco a poco narre lo sucedido”, manifestó.
Hasta el momento, añade, el niño ha corroborado que él informó a la rectora y maestra lo que le estaba pasando desde hace muchos meses y que estas le pidieron que no diga nada a nadie.
“No es justo que se ignoren los problemas de un niño y que nadie se tome la molestia de investigar lo que está pasando”, enfatiza la abuela del menor, quien se turna con su hija (madre del niño) para hacer guardia en el hospital.
Fuente: Expreso.
La jueza María del Carmen Salazar Monteros admitió a trámite la acción de protección que planteó la asambleísta de Pachakutik (PK) Guadalupe Llori en contra del presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, y de los legisladores que integraron la comisión pluripartidista ad hoc que elaboró el informe que terminó por remover a Llori de la presidencia.
La decisión de la jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en Quitumbe se emitió la tarde del miércoles 17 de agosto.
La acción de protección se planteó el 5 de agosto en contra de Saquicela y los asambleístas Pedro Zapata (PSC), Pamela Aguirre (UNES), Peter Calo (PK-R), Lucía Placencia (ID) y John Vinueza (UE).
Con este recurso legal Guadalupe Llori pretende recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional. Por ello, solicita ser reintegrada en el cargo como reparación integral y que se emitan disculpas públicas.
No solo eso, también pide que cada uno de los 81 asambleístas que votaron para su destitución le pague $ 100.000 por concepto de indemnización por haber afectado su buen nombre. Esto suma un total de $ 8,1 millones.
Llori fue removida de la presidencia de la Asamblea el pasado 31 de mayo, luego de más de un año en funciones, a raíz de la denuncia que presentó el legislador del Partido Social Cristiano (PSC) Esteban Torres.
Una vez que la jueza Salazar aceptó dar trámite a la acción de protección convocó a los legisladores accionados a la audiencia pública a realizarse el lunes 22 de agosto, a las 14:30, de forma presencial.
Fuente: El Universo.
Segundo Yupangui, director de la Unidad de Movilidad de Latacunga, informó que, debido a los trabajos en la avenida Amazonas se deberá esperar a la habilitación de la misma para afinar algunos detalles en el sistema de semaforización.
Según la autoridad, al momento los semáforos están calibrados para favorecer el tránsito vehicular y evitar la congestión, sobretodo para las calles transversales, una vez habilitada la vía antes mencionada, se podrán determinar las nuevas fases y ciclos.
En cuanto a la reubicación de estos dispositivos, recalcó que, esto le compete a la Dirección de Tránsito de la Empresa Pública, la misma que deberá desarrollar el informe correspondiente sobre la evaluación de cada una de las intersecciones.
Sin esta información, manifiesta que no podrán reubicarse, pues se necesitan los sustentos técnicos para cumplir con estos objetivos, no se tendría una fecha para la entrega de los informes, sino más bien, señala que, se pretende dar a conocer un buen trabajo.
Culminó informando que, los Agentes Civiles de Tránsito podrían iniciar sus funciones en septiembre u octubre, por lo que hoy en día se están familiarizando con la ciudad y las normativas legales con las cuales deberán trabajar.
Fuente: El Comercio.
