Pobladores del barrio Santo Samana, ubicado en la parroquia urbana Eloy Alfaro, se dedican a la creación de guaipes deshilando retazos de tela para comercializarlos en ferreterías. Este trabajo les permite llevar el sustento a sus hogares.
Un privado de libertad, investigado por una muerte violenta registrada en La Maná, se escapó de un centro penitenciario de mediana seguridad el jueves a las 19:30. Los agentes de seguridad penitenciaria se percataron de su ausencia y comenzaron la búsqueda inmediatamente, pero aún no ha sido recapturado.
Desde este 1 de mayo, personas adultas mayores y con discapacidad, podrán beneficiarse de múltiples descuentos otorgados en múltiples servicios del laboratorio clínico de la Cruz Roja Ecuatoriana Junta Provincial Cotopaxi.
En la Asamblea Nacional, la mayoría opositora cree que el presidente Guillermo Lasso no tiene argumentos para sustentar alguna de las tres causales para decretar la muerte cruzada.
Representantes de la Izquierda Democrática (ID), Pachakutik (PK) y Partido Social Cristiano (PSC) consideran que, si bien Lasso puede decretar la disolución del Legislativo, no hay sustentos para su decreto.
El correísmo no solo impulsa el juicio político en contra del Primer Mandatario también pide que el Ejecutivo active ese mecanismo. Para la asambleísta de esta tienda política, Viviana Veloz, la única causal que podría invocar sería la de grave conmoción interna.
El artículo 148 de la Constitución establece tres causales para que el Ejecutivo decrete a disolución de la Asamblea (Muerte Cruzada):
· La Asamblea se arrogue funciones que no le competan constitucionalmente
· Legislativo obstruya la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
· Grave crisis política y conmoción interna.
De las tres, solamente la primera requiere de un dictamen previo de la Corte Constitucional (CC). El resto solo depende del Presidente. Sin embargo, como lo plantea la constitucionalista Pamela Aguirre, es necesario que justifique y motive de forma adecuada por qué se configura cualquiera de las dos causas que no requiere pronunciamiento de la CC.
Por ejemplo, la misma asambleísta Veloz (UNES) dice que las muertes violentas debido a los niveles de inseguridad que vive el país es razón suficiente para argumentar la conmoción interna.
Sin embargo, Aguirre explica que ya hay pronunciamientos de la CC sobre qué se considera grave conmoción interna y, tras los decretos de estado de excepción emitidos por el Gobierno por ejemplo, se ha establecido que la inseguridad no lo es.
Los asambleístas Mario Ruiz, coordinador del bloque de PK y Ramiro Narváez, de la ID, coinciden en que no hay argumentos para justificar la causal del bloqueo al cumplimiento del Plan de Desarrollo.
Ambos recuerdan que han existido leyes de iniciativa del Ejecutivo que han sido aprobadas en la Asamblea. Una de las últimas, por ejemplo, fue la Ley de Transformación Digital.
Hay que recordar que el Ejecutivo no ha enviado sus reformas laborales, ofrecidas desde el inicio de su gestión. Sin embargo, eso no puede interpretarse como un bloqueo ya que, hasta el momento, el proyecto no ha llegado al Legislativo.
Pero, para el experto en Derecho y analista político, Esteban Ron, esta sería la causal a la que podría recurrir el Ejecutivo. Dice que el Plan Creando Oportunidades tiene ejes, entre ellos, trabajo, paz (seguridad) y educación.
Según Ron, por ejemplo, se puede interpretar como un bloqueo el que la Asamblea no haya dado paso a cambios legales que hubiesen permitido un régimen paralelo para generar trabajo. En cuanto a seguridad, podría argumentar las demoras en el tratamiento de leyes sobre este tema.
En este escenario, legisladoras como Nathalie Viteri, del PSC, consideran que no hay causales para emitir el respectivo decreto. El martes pasado en Ecuavisa, la Asambleísta dijo que la Muerte Cruzada no le conviene a ninguna de las partes.
Su declaración no es cosa menor. Ella apuntó un hecho clave: en caso de ir a elecciones nuevamente, con la crisis política y de seguridad, es poco probable que los actuales asambleístas y Gobierno se reelijan.
El asambleísta Mario Ruiz anticipa que, en caso de que Lasso decrete la muerte cruzada, acudirán a la CC para que se pronuncie sobre esa decisión.
La experta Pamela Aguirre dice que es posible que se realice un control constitucional. Para eso se requeriría de una demanda de acción pública de inconstitucionalidad de actos administrativos con efectos generales.
Ese recurso les permitiría a quienes la presenten, que sea directamente la CC la que resuelva. Esto porque también se podría presentar una acción e protección. Sin embargo, eso debe pasar por al menos dos instancias previas, antes de llegar a la Corte Constitucional.
Fuente: El Comercio.
La inseguridad ha robado la tranquilidad de los padres de familia. Hace tres días empezó el año lectivo en la Costa y Galápagos, pero hay estudiantes que no volvieron a clases por miedo.
Esto ocurre, principalmente, en planteles educativos ubicados en ‘zonas calientes’ de Guayas, Esmeraldas, Manabí y El Oro. Ahí asedia la delincuencia, el narcotráfico, sicariato, bandas organizadas y la violencia en general.
A Sonia le da aprehensión enviar a su niña, de nueve años, a clases. Estudia en la escuela fiscal Isabel Herrería Herrería. Está ubicada en medio de unos callejones del barrio Nigeria, al pie del estero Salado, en el fondo de la isla Trinitaria de Guayaquil.
Sonia conoce que en esta zona operan tres bandas narcodelictivas que tienen marcado su territorio. Por eso hay enfrentamientos. La Unidad de Policía Comunitaria está distante y casi no hay vigilancia
“Acá siempre hay balaceras y en el día jóvenes drogándose. La semana anterior se metieron a la escuela y asaltaron a unos maestros. En las noches llegan carros grandes y motos que aceleran como en persecución”, relata.
La Policía tiene un mapa de las zonas de referencia delictiva a escala nacional. Pero no hay una cifra de cuántos planteles ni la población estudiantil que está dentro de los territorios inseguros.
La lista más larga de barrios muy peligrosos la tiene Guayaquil (Guayas), seguido de Esmeraldas. Entre ellos están Socio Vivienda, Nigeria, Nueva Prosperina, Monte Sinaí, Flor de Bastión, Fortín, Nuevo Guayaquil, Isla Trinitaria y muchos más.
Está previsto que un total de 169 planteles, ubicados en los barrios más peligrosos de la Costa reciban protección policial. Para esto fueron incluidos en el plan Escuelas Seguras que impulsa los ministerios del Interior y de Educación.
La vigilancia arrancó el lunes 24 de abril del 2023, con el inicio del año académico: 86 planteles son del Guayas, 23 de Manabí, 19 de El Oro, 17 de Esmeraldas, 14 de Los Ríos y 10 de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Para estos planteles se dispuso 1 772 policías, que se movilizan en motos y patrullas, principalmente en las horas de entrada y salida. Pero Sonia, quien vive a ocho cuadras de la escuela Isabel Herrería, no ha visto ni ha escuchado los patrullajes en estos días.
En la Isla Trinitaria también están las escuelas Leonidas García Ortiz y la José Antonio Campos. Cada una tiene un promedio de 500 estudiantes. Hay un UPC que está diagonal a la Leonidas Ortiz y los otros planteles están alejados y sin seguridad. "Acá el clamor generalizado es tener seguridad", dijo un padre de familia.
Desde el Sistema Integrado ECU-911 hacen el monitoreo de los planteles. Para esto disponen de ocho salas operativas en la Costa y Galápagos. Son 1 572 funcionarios y 901 cámaras en los alrededores de los planteles.
Hilario Beltrán, presidente de la UNE del Guayas, cuestiona el plan Escuelas Segura. Primero, porque son contados los planteles con vigilancia cuando todo el país, y principalmente Guayaquil, está aterrorizada por la delincuencia.
Hay 9 341 instituciones educativas que arrancaron el año lectivo en la región costera, por lo que las 169 que tendrán vigilancia es apenas el 2%.
Segundo, porque los patrullajes no se cumplen en su totalidad. Beltrán dice que los motorizados deberían recorrer los planteles a la hora de la entrada y salida de los alumnos, todos los días, pero que en la práctica no hay nada.
A los docentes y padres de familia les preocupa que los chicos estén siendo captados por organizaciones criminales, para consumo y venta de droga. Además, conocen de casos de extorsiones a docentes.
Según el dirigente, los padres están aterrorizados por la inseguridad y eso lleva a la deserción escolar. Lo confirma Sonia: “en Nigeria las familias vivimos en tensión cada minuto, quisiera salir de este barrio pero no tengo a dónde ir”.
Por eso, pese a que su niña está matriculada, aún está pensando cuándo la enviará a clases. Como el año anterior, la acompañará todos los días a la hora de entrada y salida, pues teme que pase algo en el camino.
Mientras tanto, Juan Zapata, ministro del Interior, dijo que es importante la colaboración de los municipios en los espacios públicos. “Queremos que el retorno a clases sea con normalidad y nuestro compromiso es brindar la seguridad”.
Fuente: El Comercio.
