Martha Jaya, concejala rural y lideresa, se compromete a reducir la violencia contra mujeres y trabajar por las necesidades de todas las parroquias.
Link: https://youtu.be/sLCJO8eHD-o
En una reunión, la concejal electa del cantón Salcedo, Lucía Naranjo, y el alcalde electo Juan Pacheco, acordaron analizar la información recibida durante el proceso de transición para iniciar su trabajo en la nueva administración.
Los organizadores de la Carrera de la Mujer, celebrada en Madrid España, fueron calificados como ‘machistas’, por premiar con un robot de cocina a la ganadora de la competencia.
Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad de España, utilizó sus redes sociales para denunciar el hecho. Además del robot de cocina para el primer lugar, el segundo se llevaba productos alimenticios sin grasa.
“Si triunfas ama de casa y si no, al menos adelgaza”, escribió Rodríguez. Además, apuntó a que estas prácticas de las empresas organizadoras “tapan lo importante, como la lucha contra el machismo”.
El reclamo de la funcionaria generó polémica en el país ibérico, por lo que los organizadores de la competencia emitieron un comunicado para deslindarse de las acusaciones de machismo y aclarar el tema.
En el evento, que se llevó a cabo el pasado 7 de mayo de 2023, participaron más de 30 000 personas. Por tanto, los organizadores del evento se manifestaron respecto de la polémica.
“Estamos absolutamente concienciados en la lucha por la erradicación de cualquier estereotipo sexista, y por eso continuamente hacemos un ejercicio casi de autocensura diario para evitar que cualquier regalo que demos o marca que nos patrocine pueda generar comentarios negativos en cualquier sentido”, menciona el comunicado.
Aclaran que el robot de cocina se entregó a la ganadora de la rama femenina, pero también al primer lugar de la división masculina.
En el comunicado mencionan que entienden que desde una “perspectiva sesgada” pueda generar “cierta controversia”, y por eso pidieron disculpas "si alguna mujer se haya podido sentir ofendida”; prometieron "tomar medidas" para evitar que se repita.
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, destacó que el informe de la Comisión de Fiscalización concluye el archivo del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Pero cuestionó que este martes, 9 de mayo de 2023, en la Asamblea Nacional la oposición presente una resolución para continuar con el proceso.
A las 10:45 de este 9 de mayo iniciará la sesión 868 del Pleno del Legislativo para conocer los memorandos sobre la falta de votos que hubo en la Comisión para aprobar el informe. El Pleno también resolverá sobre el juicio planteado contra el Mandatario.
Cucalón no se opone al desarrollo del juicio, incluso dijo en radio Única que preveían el escenario y por eso Lasso decidió defenderse en el Pleno, cuando sea la etapa correspondiente.
“No tengo problema en que haya juicio. Mi posición y la del Gobierno, de indignación, es que la base para que haya juicio no sea ese informe (de la Comisión) sino una resolución que van a insertar hoy. Es donde radica la diferencia”, cuestionó.
En la convocatoria a la sesión, se indicó que se aplicará el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La norma dice: "Si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales, no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional".
Esto requerirá para su aprobación de la mayoría simple, según el artículo 8 de la misma ley que define como mayoría simple al voto favorable de la mitad más uno de los asambleístas que estén presentes en la sesión del Pleno.
“Es la infame posición de querer darle vida al juicio con una resolución que la van insertar hoy. Eso es un atropello a la ley a la lógica”, sostuvo Cucalón.
Este 9 de mayo los legisladores harán una votación sobre la procedencia del juicio, pero el funcionario del Gobierno espera que tanto hoy como el día de la votación sobre la censura los asambleístas no acusen a Lasso “sin sustento”.
Lasso es enjuiciado bajo la acusación de un presunto delito de peculado, por un contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con Amazonas Tankers, para el transporte de crudo. La oposición señala que el Jefe de Estado habría participado en un supuesto perjuicio para el Estado.
Pero Cucalón expresó que hasta el momento no se ha demostrado cuál fue el robo directo de los fondos públicos en beneficio de Lasso.
En ese contexto, el ministro criticó que la oposición quiere destituir al Mandatario sin prueba. “La prueba madre por la cual se sustenta la acusación y por lo que la Corte Constitucional señaló que era mínimamente verosímil (el juicio) no existe. No existe porque no hay firma del contrato”, resaltó.
Este 9 de mayo Cucalón cumple tres meses al frente del Ministerio de Gobierno y ratificó su misión de evitar que Lasso sea censurado y que no existan los 92 votos para aquello.
El pleno de la Asamblea Nacional sesionará este martes, 9 de mayo de 2023, a las 10:45, para resolver el llamado a juicio político al presidente Guillermo Lasso. Cuya acusación inicial fue un supuesto delito de peculado.
Según la convocatoria, la sesión tiene lugar luego que no se alcanzaron los votos en la Comisión de Fiscalización a favor del informe durante el sábado pasado, que para el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, ese documento ya no tiene efectos jurídicos.
Además, Saquicela reiteró que no existe informe sobre el juicio, y por lo tanto, el pleno de la Asamblea Nacional tiene que resolver si se llama o no a juicio al presidente, con mayoría simple, esto es, mitad más uno de los asambleístas presentes en la sala.
El supuesto peculado se cometió en la empresa Flopec, que transporta el petróleo ecuatoriano. En el dictamen consta que Guillermo Lasso habría permitido que se firme un contrato, a pesar de que habría sabido que era lesivo para el Estado, por un examen de Contraloría y una alerta del gerente de esa empresa naviera estatal.
Según el dictamen de la Corte Constitucional, Guillermo Lasso puede ser juzgado políticamente en la Asamblea por las repercusiones de un posible peculado. Este es un delito, en que un funcionario público utiliza de manera ilegítima dineros o bienes públicos para obtener un beneficio propio o de terceros.
