El tercer proyecto de ley con carácter económico urgente del presidente Daniel Noboa confirma un patrón de gobernanza que comienza a consolidarse: el uso del mecanismo constitucional de urgencia para imprimir velocidad política a decisiones estructurales. Esta vez, el tema es la recuperación de áreas protegidas y el desarrollo local. Pero detrás de la propuesta ambiental y económica, se asoma también una lectura sobre el modelo de poder que el Ejecutivo intenta consolidar en sugestión.

El proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local, enviado este sábado 14 de junio a la Asamblea Nacional, no solo plantea intervenir espacios naturales ocupados por economías ilegales, sino que apunta a un rediseño del control territorial y del modelo de desarrollo en zonas rurales y periféricas. 

La iniciativa propone abrir la puerta a la inversión privada “responsable” en lugares que han sido históricamente abandonados o capturados por redes delictivas, narcotráfico y minería ilegal. Y lo hace apelando a dos puntos que en el Ecuador generan consenso: proteger la biodiversidad y crear empleo.

La ley proyecta un modelo de gestión más eficiente para las áreas protegidas. El Ejecutivo es claro al identificar como enemigos a grupos armados, economías ilegales y ocupaciones al margen de la ley. Para eso, incluye actividades como el turismo, la investigación científica y los servicios, el proyecto intenta equilibrar protección ecológica con dinamismo económico.

Lo cierto es que esta tercera ley urgente se inscribe en un contexto más amplio de reposicionamiento del Estado. Noboa intenta recuperar el control en territorios “tomados” no solo en el sentido físico, sino también simbólico. En su reciente Ley de Solidaridad Nacional, ya propuso enfrentar a las economías criminales sin acudir al estado de excepción. Ahora, su apuesta se traslada a los territorios: presencia estatal, inversión, seguridad y desarrollo como pilares de una estrategia integral para reconstruir institucionalidad. 

La Asamblea Nacional tiene 30 días para pronunciarse, o la ley entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. Este procedimiento, que acorta los tiempos del debate legislativo, ha sido utilizado tres veces en menos de un mes por el Ejecutivo. El recurso está previsto en la Constitución, ahora le queda al Ejecutivo evaluar si la repetición sistemática pudiese debilitar la calidad del diálogo democrático.

Finalmente, el presidente plantea una ecuación ambiciosa: proteger la naturaleza, generar empleo y recuperar la soberanía del Estado en zonas críticas. El éxito de esta fórmula dependerá de si se logra implementar sin reproducir los errores del pasado: extractivismo disfrazado de sostenibilidad, exclusión de las comunidades en la toma de decisiones y uso instrumental de la conservación como escudo retórico.

Fuente: El Comercio