En un año marcado por recortes y falta de ejecución presupuestaria, los sectores de salud y educación en Ecuador han sido los más afectados. Aunque la Constitución exige un incremento anual del 0,5% del PIB para ambos sectores, estas asignaciones han quedado solo en el papel.

El Observatorio de la Política Fiscal reporta que, entre enero y noviembre de 2024, el Gobierno obtuvo ingresos adicionales por $4.840 millones y más de $4.300 millones en créditos de organismos multilaterales. Sin embargo, los recortes presupuestarios sumaron $2.000 millones, afectando bienes de larga duración, como equipos médicos, de los cuales solo se ejecutó un 0,5%.

El exministro de Economía, Fausto Ortiz, calificó el presupuesto estatal como "papel mojado", criticando la falta de fiscalización por parte de la Asamblea y la manipulación de cifras para aparentar el cumplimiento constitucional. A esto se suman atrasos en pagos, lo que agudiza el déficit fiscal, que podría alcanzar el 4% del PIB, lejos del 2% proyectado por el Gobierno.

Los ajustes reflejan un modelo fiscal insostenible que prioriza cifras nominales sobre inversiones efectivas en áreas fundamentales, dejando sin resolver los problemas estructurales del país.