El 8 de julio de 2024, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó, con 132 votos a favor, las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Ley de Extinción de Dominio. Estas reformas incrementan las penas para delitos como sicariato, terrorismo, trata de personas, tráfico y producción de drogas. La decisión unánime incluye el respaldo de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), a pesar de sus críticas iniciales sobre la proporcionalidad de las penas.

Las reformas se derivan de una consulta popular convocada por el presidente Daniel Noboa. Durante el segundo debate, los legisladores hicieron diversas observaciones al proyecto original, pero la Comisión Ocasional, liderada por Carlos Vera del Partido Social Cristiano (PSC), mantuvo la propuesta presidencial con una modificación en el artículo 7. Este artículo aborda las penas para delitos relacionados con la minería ilegal y su vinculación con el crimen organizado, estableciendo penas de 16 a 26 años de prisión, dependiendo de la gravedad de las afectaciones ambientales.

La normativa incrementa hasta el triple las penas vigentes para diversos delitos, con los incrementos más significativos para el financiamiento del terrorismo y la delincuencia organizada, que ahora tendrán penas máximas con aumentos de 16 y 17 años, respectivamente.

El siguiente paso es que la normativa sea enviada al Ejecutivo. El presidente Noboa deberá pronunciarse, ya sea aceptando lo aprobado por la Asamblea o vetando total o parcialmente la normativa, antes de su publicación en el Registro Oficial.