El Gobierno ecuatoriano, bajo la administración de Daniel Noboa, ha alcanzado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para desarrollar un plan que permita pagar una deuda millonaria al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Esta deuda, acumulada desde 2001, asciende a USD 5.012 millones y corresponde a las atenciones de salud proporcionadas a jubilados y personas con enfermedades catastróficas.

Este compromiso forma parte de un nuevo programa de crédito por USD 4.000 millones que el Gobierno espera recibir hasta 2028. La deuda histórica con el IESS representa casi la mitad del presupuesto de la institución para 2024, el cual se fijó en USD 10.223 millones. El IESS incluye en su presupuesto tanto atenciones en sus centros de salud como en establecimientos privados.

El reconocimiento de esta deuda por parte del Estado se formalizó recién en mayo de 2022, durante el gobierno de Guillermo Lasso. En esa ocasión, el Ministerio de Finanzas y el IESS acordaron realizar una auditoría para determinar el monto exacto de las obligaciones pendientes, un proceso que fue parte del anterior programa con el FMI. Durante la administración de Lasso, se auditó y pagó una parte de la deuda correspondiente a los periodos 2013-2016 y 2020-2021, sumando un total de USD 232,9 millones.

Para continuar con el pago de la deuda, el Gobierno de Noboa deberá retomar las auditorías y establecer un mecanismo para resolver los reclamos de atención médica del IESS. Esto incluye contratar una empresa auditora que identifique las deudas por atenciones de salud de los períodos 2023 y 2024, así como auditar y liquidar las obligaciones de 2022. Este proceso debe estar definido antes de octubre de 2024 y completado antes de fin de año, según lo estipulado por el FMI.

La abogada especialista en seguridad social, Patricia Borja, advierte que la falta de claridad y decisión sobre cómo cubrir el pago de las atenciones a personas con enfermedades catastróficas afecta la sostenibilidad del sistema. La Ley de Seguridad Social de 2001 estableció que estas atenciones se financiarían mediante un fondo solidario con aportes de afiliados, empleadores y el Estado, pero la Constitución de 2008 dispone que se cubran con ingresos fiscales del Estado. Esta discrepancia ha llevado al IESS a interponer acciones ante la Corte Constitucional para asegurar que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales.

El cumplimiento de estos compromisos y la correcta implementación del plan de pago serán cruciales para la estabilidad financiera del IESS y la sostenibilidad de sus servicios de salud, además de fortalecer la confianza en el manejo fiscal del país.