La polémica reforma, que implicaba modificaciones en 25 artículos, fue el resultado del análisis de cuatro iniciativas distintas y generó debate entre los legisladores. Uno de los cambios aprobados permitía a los vocales del Consejo de la Judicatura solicitar licencia sin sueldo en caso de cumplir prisión preventiva o arresto domiciliario, según lo dispuesto por un juez competente.

Sin embargo, el presidente Noboa ha objetado estas reformas, argumentando que no son convenientes para los intereses del país, especialmente en el contexto actual de conflicto armado interno y lucha contra la corrupción. Considera que estas disposiciones son contrarias al ordenamiento jurídico ecuatoriano y podrían afectar la independencia judicial.

El veto presidencial destaca la importancia de construir este tipo de reformas con la participación y análisis de todos los actores de la Función Judicial para garantizar el respeto a la independencia del poder judicial. Ahora, será responsabilidad de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional elaborar un informe sobre el veto, para que el pleno tome la decisión final sobre las reformas propuestas.