Un solo terreno en Santa Elena presenta múltiples adjudicaciones, evidenciando un problema de tráfico de tierras que afecta incluso al Estado. Los terrenos cedidos para la cárcel por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tenían una adjudicación superpuesta. Estas 300 hectáreas, revertidas al Estado tras una hipoteca impaga al Banco del Azuay, pasaron primero al Banco Central del Ecuador (BCE) y luego al MAG.

El gobernador de Santa Elena, Fabricio Tamayo, admitió adjudicaciones irregulares sobre las 300 hectáreas donde se construirá la nueva cárcel. Finalmente, el SNAI legalizó 37 hectáreas, donde se prevé iniciar la construcción.

Comuneros de Bajada de Chanduy y Juntas del Pacífico reivindican la propiedad de estos terrenos. El conflicto se intensifica con los reclamos de una docena de familias posesionarias, principalmente los Cabrera Parrales y Cabrera Villón, quienes cuentan con una adjudicación de usufructo desde 1960. Ellos sostienen que la construcción intercepta parte de las 435 hectáreas de la finca La Envidia, que han mantenido como bosque seco tropical.

En 1993, las 300 hectáreas fueron vendidas a Carlos Rodríguez Vela y posteriormente a la Sociedad Bergs S.A., que las hipotecó. En 2012, el Banco del Azuay en liquidación transfirió el bien al BCE. En 2017, se inscribe un tercer dueño, la Asociación de Producción Agrícola Vencedores (Asoprogriven).

La Federación de Comuneros acusa a Nues Mero Marcillo, beneficiario de la última adjudicación, de ser un presunto traficante de tierras. Las tierras, valoradas en más de USD 600,000, fueron cedidas por solo USD 8,891 en una adjudicación cuestionada pero formalizada en el Municipio.

La Federación de Comunas Ancestrales de la Provincia de Santa Elena (Fedecomse) y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) apoyan los reclamos de los comuneros. Denuncian que la construcción de la cárcel está relacionada con violaciones a derechos humanos y la destrucción de bosques primarios.

El gobernador Tamayo asegura que los terrenos de la cárcel eran del Ministerio de Agricultura y que fueron vendidos ilegalmente. Añade que la construcción no afectará a los comuneros de Juntas y que ha mantenido reuniones con los directivos de la comunidad para socializar el proyecto.

Donald Cabrera, uno de los comuneros afectados, destaca la importancia ecológica del área, que cuenta con manantiales de agua dulce y un remanente de bosque seco tropical. Los comuneros están preparados para iniciar acciones legales una vez comiencen las construcciones.

La situación de las tierras para la construcción de la nueva cárcel en Santa Elena refleja problemas de adjudicaciones irregulares y tráfico de tierras. Los reclamos de los comuneros y las denuncias de organizaciones de derechos humanos subrayan la complejidad del problema, que incluye aspectos legales, ecológicos y de derechos colectivos.