El Estado ecuatoriano aún no ha logrado recuperar los USD 22 millones pagados a los hermanos José Fernando, Carlos Elías y Juan Xavier Bucaram Aivas por un litigio de tierras en la isla Palo Santo (Guayas). La Corte Constitucional dejó sin efecto el habeas data que obligaba al Estado a realizar esta millonaria indemnización, decretando además que el Ministerio de Finanzas recupere esos recursos pagados en bonos internos del Estado.

Aunque el Ministerio de Finanzas concretó el pago en diciembre de 2023 durante el gobierno de Daniel Noboa, la ejecución del mismo fue solicitada por el Ministerio de Agricultura (MAG) desde agosto de 2023, cuando Eduardo Izaguirre era ministro bajo la administración de Guillermo Lasso. Un informe legal del MAG, fechado el 28 de agosto de 2023, determinaba que "el pago de la obligación es imperativo".

El Ministerio de Finanzas, en coordinación con el MAG y el Banco Central (BCE), debe recuperar los fondos. El ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, solicitó al ministro de Agricultura, Danilo Palacio, asignar a alguien para coordinar la recuperación de los recursos. Vega resaltó que Finanzas actuó como asignador de recursos a petición del MAG, el cual era la parte procesal en la sentencia.

La demanda por las tierras en Palo Santo fue presentada en mayo de 2021 por los hermanos Bucaram Aivas contra el MAG. Una corte local de Quevedo concedió el habeas data, cambiando la titularidad de las tierras a favor de los demandantes y fijando una reparación económica de USD 22 millones en abril de 2023.

Desde mayo de 2023, una jueza de la Unidad Judicial Penal en Quevedo ordenó repetidamente al MAG pagar la indemnización bajo amenaza de destitución de los funcionarios. Sin embargo, el abogado constitucionalista Aldrin Gómez señaló que solo la Corte Constitucional tiene potestad para destituir a funcionarios en estos casos, sugiriendo que los abogados del MAG deberían haber apelado esas órdenes.

Pese a las acciones extraordinarias de protección interpuestas por el MAG ante la Corte Constitucional, los informes legales del MAG determinaban que la obligación de pago estaba en firme y debía cumplirse. Con este argumento, en septiembre de 2023, el MAG solicitó a Finanzas la asignación de recursos para pagar la indemnización a través del programa de Preservación de Capital, implicando el endeudamiento del Estado mediante la emisión de bonos.

La disputa sobre la indemnización a los hermanos Bucaram Aivas resalta las complejidades legales y administrativas en el manejo de litigios de tierras y el cumplimiento de sentencias judiciales. La recuperación de los fondos pagados en bonos sigue siendo un desafío para las autoridades ecuatorianas.