El próximo 21 de abril, los ecuatorianos participarán en un referendo constitucional y consulta popular, en el cual se incluye la pregunta J. Esta pregunta plantea la propuesta de permitir que las armas confiscadas a delincuentes puedan ser utilizadas por la Policía y las Fuerzas Armadas del país.

El objetivo de esta medida, según el Gobierno, es suplir la falta de armamento que enfrentan las fuerzas del orden, permitiéndoles aprovechar las 42.166 armas de fuego y 494.316 municiones que se encontraban almacenadas en los Centros de Acopio de Evidencia hasta el 31 de diciembre de 2023.

Sin embargo, el Gobierno no detalla los pasos o condiciones necesarias para que esta propuesta se lleve a cabo. Se espera que, en caso de ser aprobada la pregunta J, el Ejecutivo presente un proyecto de reforma al Código Penal ante la Asamblea Nacional en un plazo de cinco días. Posteriormente, la Asamblea tendría 60 días para tramitar y aprobar dicha reforma.

Esta medida ha generado debate entre diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana. Algunos la ven como una forma de aprovechar recursos disponibles para mejorar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad, mientras que otros expresan preocupación por posibles riesgos de mal uso o abuso de las armas incautadas.

La consulta popular del 21 de abril incluirá otras preguntas que abordan temas como la lucha contra la corrupción, la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre otros aspectos de interés nacional.