Este 8 de marzo, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador inicia el análisis del caso Purga, un escándalo de presunta delincuencia organizada que ha salpicado a la justicia en la provincia del Guayas.

La investigación se centrará inicialmente en las declaraciones de María Josefa Coronel, exdirectora del Consejo de la Judicatura de Guayas, quien afirmó que era conocido en Guayaquil que el exasambleísta Pablo Muentes tenía intereses en influir en la justicia.

El caso Purga involucra a Muentes, actualmente en prisión preventiva, acusado de manipular el sistema judicial guayaquileño y de estar vinculado a operadores como Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, también detenida.

La Comisión de Fiscalización ha convocado a Coronel y otros actores clave, incluyendo a Ana María Ayala, actual directora del Consejo de la Judicatura de Guayas, exdirectores disciplinarios y representantes del Colegio de Abogados de Pichincha y Guayas.

La Asamblea debate sobre la competencia investigativa, discutiendo quién debería liderar las pesquisas sobre los presuntos actos de corrupción vinculados al Purga, que podrían afectar a la Función Legislativa. Aunque Fiscalización tiene actualmente la responsabilidad, no se descarta la creación de una comisión especial multipartidista para abordar el tema, propuesta que podría someterse a consideración en el próximo pleno legislativo.