El caso de corrupción en Petroecuador adquiere nuevas dimensiones con la declaración de Antonio Peré Ycaza, quien admitió haber pagado sobornos a importantes figuras del gobierno de Lenín Moreno y de la empresa estatal. Durante el juicio en Estados Unidos contra el mexicano Javier Aguilar, de Vitol, Peré detalló su participación en el esquema de corrupción en los contratos de preventa petrolera.

Peré, junto con su hermano Enrique, colaboraron con la justicia estadounidense y se declararon culpables de conspiración para lavar activos. Ellos fueron intermediarios en el cobro de sobornos derivados de contratos con Petroecuador, trabajando para empresas como Gunvor, Vitol y Trafigura.

El testimonio de Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, confirmó la existencia de un esquema en el que empresas estatales y privadas internacionales de trading participaban en el cobro de "comisiones" que se convertían en coimas para funcionarios ecuatorianos.

Tras la salida de Arias en junio de 2017, Peré buscó nuevos cómplices para continuar con el esquema corrupto. Según su testimonio, recurrió a Nicolás Naranjo Borja, quien tenía contactos clave como José Agusto Briones, exsecretario de la Presidencia, y Mauricio Samaniego, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador.

Peré detalló cómo operaba la red de corrupción, desde la creación de empresas y apertura de cuentas hasta el seguimiento de envíos de barriles de petróleo. Su rol se centraba en las "relaciones públicas", utilizando su red de contactos para facilitar los negocios.

Este caso pone de manifiesto la continuidad de las prácticas corruptas en Petroecuador y el gobierno de Moreno, desafiando los esfuerzos por erradicar la corrupción en las instituciones estatales de Ecuador.