Diana Salazar, fiscal de Ecuador, acudió a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea el 26 de enero de 2024 para discutir el proyecto de ley de Extinción de Dominio. En su intervención, Salazar reconoció la importancia y necesidad de la normativa propuesta por el presidente Daniel Noboa, pero sugirió algunas modificaciones significativas.

Una de las principales observaciones de Salazar fue la eliminación del requisito de una sentencia penal ejecutoriada para proceder con la extinción de dominio de bienes obtenidos ilícitamente. Argumentó que este requisito beneficia a los delincuentes, quienes a menudo huyen y evitan ser juzgados, manteniendo así sus bienes.

Salazar también solicitó que se amplíe o deje abierto el 'catálogo de delitos' aplicables a la extinción de dominio, en lugar de limitarlo a ciertas conductas delictivas específicas. Esta ampliación permitiría abordar la migración de los delincuentes de un delito a otro para proteger sus activos.

Además, la fiscal pidió agilizar el proceso de extinción de dominio cuando el procesado admite el delito y está dispuesto a entregar los bienes al Estado, ya que el procedimiento actual es largo y puede ser entorpecido por varias instancias.

Contrario a la propuesta del Ejecutivo, Salazar consideró que los tiempos para investigaciones patrimoniales no deben reducirse. Mencionó que localizar bienes dentro del país puede demorar hasta 12 meses, mientras que identificar activos en el exterior es un proceso aún más prolongado, que requiere asistencias penales internacionales.

Estas propuestas de la Fiscal buscan fortalecer la efectividad de la ley en la lucha contra el crimen organizado y asegurar que los bienes obtenidos de manera ilícita puedan ser recuperados de manera más eficiente por el Estado.