En una muestra de preocupación y desesperación, decenas de familiares de personas recluidas en la Penitenciaría del Litoral y otras cárceles de Guayaquil se congregaron frente a la Gobernación del Guayas el 24 de enero de 2024. Los manifestantes, en su mayoría mujeres, exigieron atención a sus denuncias de supuestos abusos policiales y militares durante los operativos en los centros de rehabilitación.

Vestidos de blanco y portando carteles con mensajes como "No más maltratos", los familiares expresaron su desesperación y pidieron intervención de los Derechos Humanos. Afirmaron que, a raíz del conflicto armado interno y el estado de excepción declarado en Ecuador, se han intensificado las intervenciones en las cárceles, centradas en la requisación de armas y objetos prohibidos, pero que también han resultado en la restricción de visitas y presuntos maltratos a los internos.

Un día antes, el 23 de enero, un plantón similar se realizó en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral, donde se reportó la reubicación de reclusos a otros pabellones. Las protestas reflejan una creciente preocupación por el trato que reciben los prisioneros en el contexto de las operaciones de seguridad en curso.

El presidente Daniel Noboa se refirió a la actuación de las Fuerzas Armadas en las calles y en las cárceles, enfatizando que no se trata de una "cacería de personas", sino de una respuesta a un conflicto armado interno. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por la actuación de los militares y ha advertido sobre posibles abusos.

Este conjunto de eventos subraya la delicada situación en las cárceles ecuatorianas y la necesidad de equilibrar las medidas de seguridad con el respeto a los derechos humanos de los reclusos. La situación es objeto de atención tanto a nivel nacional como internacional, y las autoridades ecuatorianas están bajo escrutinio para garantizar que las operaciones carcelarias se realicen de manera justa y humana.