Los sindicatos de obreros de la Prefectura de Cotopaxi, junto con su abogado, se pronunciaron este miércoles 3 de enero, en respuesta a las declaraciones de la Prefecta Lourdes Tibán. Tibán había acusado a los choferes y maquinistas de la institución de robar combustible de la maquinaria pesada y equipo caminero.

Los representantes sindicales exigieron que no se generalicen estas acusaciones y afirmaron que no apoyarán a los compañeros que actúen al margen de la ley. Subrayaron que los comentarios de la Prefecta afectan psicológicamente a los trabajadores y a sus familias, incluso en un contexto educativo.

Marcelo Herrera, vocero de uno de los sindicatos, señaló la falta de un bastidor para abastecer de diésel en lugares remotos y sugirió que un tanquero podría solucionar el problema del robo de combustible. Afirmó que han solicitado esto a la Prefecta, pero no han recibido respuesta. Además, indicó que el sindicato impondrá sanciones a quienes estén involucrados en actos indebidos, aunque no especificó cuáles serían.

Por su parte, José Luis Endara, abogado de los sindicatos, aclaró que hasta la fecha ningún trabajador ha sido despedido sin la aprobación del Ministerio del Trabajo, cuestionando la validez de las afirmaciones de la Prefecta.

Lourdes Tibán, por otro lado, mencionó la renuncia de un empleado acusado de cobrar por puestos en la institución y solicitó a una jueza sancionar a un trabajador implicado en el robo de combustible con seis meses sin sueldo, siendo tres los implicados en total.

Además, Tibán acusó a los trabajadores de dañar intencionadamente la maquinaria para trabajar en taxis durante horas laborales, compartiendo evidencia en redes sociales. En respuesta, emitió un decálogo de ética para el buen uso de la maquinaria. Sin embargo, el abogado de los sindicatos calificó este documento como político y no técnico, argumentando que ya está contemplado en la ley.

Este conflicto resalta la tensión existente entre las autoridades de la Prefectura de Cotopaxi y los sindicatos de trabajadores, con acusaciones que impactan tanto a nivel institucional como personal entre los empleados. La situación sigue desarrollándose, evidenciando la necesidad de una resolución que satisfaga ambas partes y restablezca la confianza y eficiencia en la administración pública.