Tras la reinstalación de la Asamblea Nacional de Ecuador después de seis meses de inactividad por el decreto de la muerte cruzada, la institución ha experimentado una drástica reducción en su presupuesto. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, informó que el presupuesto de 2023 antes de la muerte cruzada era de USD 51,5 millones, pero al asumir su cargo, se encontró con un presupuesto reducido a USD 33,9 millones, lo que representa una disminución del 39%.

Esta reducción presupuestaria se debe principalmente al recorte de personal, ya que los sueldos de la burocracia legislativa constituyen más del 85% del presupuesto de la Asamblea. Al momento de la muerte cruzada, el 17 de mayo de 2023, solo 228 de los 1.360 funcionarios se mantuvieron en sus cargos, quedando únicamente aquellos con nombramiento y los que no podían ser separados por razones legales.

Para finales de octubre de 2023, la Asamblea contaba con 190 funcionarios en nómina, de los cuales 88 tenían nombramiento y 102 contrato ocasional. Con la contratación de 60 personas adicionales para el área administrativa y los 137 asambleístas, el total de funcionarios en la Asamblea ascendió a 387.

La Asamblea ahora enfrenta el desafío de completar los cargos legislativos, ya que cada asambleísta tiene derecho a un equipo de cuatro funcionarios, lo que implica la contratación de aproximadamente 548 personas adicionales. Con un presupuesto restante de USD 6,6 millones para diciembre, la Asamblea debe cubrir las liquidaciones pendientes y los salarios de los nuevos funcionarios legislativos.

Este ajuste presupuestario en la Asamblea Nacional refleja las tensiones y desafíos financieros que enfrenta el gobierno ecuatoriano, en un contexto de crisis económica y escasez de recursos. La gestión eficiente de estos recursos será crucial para el funcionamiento adecuado de la Asamblea y la implementación de su plan de "ciudadanización" del Legislativo y la obtención de certificaciones ISO.