El Gobierno ecuatoriano, bajo la dirección de Daniel Noboa, ha propuesto una reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en materiales de construcción del 12% al 5%. Esta medida, parte de las promesas de campaña de Noboa, busca reactivar la industria de la construcción y fomentar la creación de empleo. Sin embargo, la propuesta también plantea preocupaciones fiscales debido a la disminución potencial en la recaudación tributaria.

Entre enero y septiembre de 2023, el sector de la construcción en Ecuador alcanzó ventas por USD 3.749 millones, de los cuales USD 3.264 millones están sujetos a IVA. En 2022, las ventas gravadas con IVA en la industria alcanzaron los USD 4.660 millones, generando una recaudación de USD 133 millones para el Servicio de Rentas Internas (SRI). Con la reducción propuesta del IVA al 5%, se estima que la recaudación anual disminuiría a USD 55 millones, lo que significaría una pérdida fiscal de aproximadamente USD 78 millones.

José Castillo, exviceministro de Economía y profesor de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), advierte que el impacto fiscal podría ser aún mayor. Si se considera el valor real que debería tributar el Estado por las ventas gravadas con IVA en la construcción, la pérdida podría ascender a cerca de USD 325 millones, y potencialmente hasta USD 527 millones si la medida incluye a un grupo más amplio de insumos y materiales industriales.

Por otro lado, Daniel Elmir, director de Elmir Grupo Inmobiliario y miembro del Directorio de Constructores Positivos, considera que la propuesta ayudará a reducir los costos en el sector, beneficiando directamente al cliente final. Elmir destaca que la medida podría permitir la realización de proyectos más grandes y la creación de empleos adicionales en el sector. Sin embargo, reconoce que la informalidad en la construcción ha aumentado, alcanzando un 75,6% de empleo informal al tercer trimestre de 2023.

La propuesta de reducción del IVA en materiales de construcción es vista como un paso positivo para el sector, pero plantea desafíos significativos en términos de impacto fiscal y necesidad de medidas compensatorias. La decisión final sobre esta medida será crucial para el equilibrio entre el estímulo económico y la sostenibilidad fiscal del país.