La salida se efectuó por el beneficio del régimen semiabierto. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó este miércoles 31 de mayo de 2023 que el exasambleísta Daniel Mendoza dejó la cárcel, luego de acogerse a esa opción penitenciaria.

Según el SNAI, el exlegislador sentenciado "solicitó acogerse al régimen semiabierto", que fue concedido por la Jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias de Quito.

Daniel Mendoza fue sentenciado el 9 de noviembre de 2020 a cuatro años de cárcel por el delito de delincuencia organizada en el caso Hospital de Pedernales.

Luego de Mendoza, su exasesor Jean Carlos Benavides, el exdirector del Servicio de Contratación de Obras Públicas (Secob) René Tamayo y dos personas también fueron sentenciadas a dos años y 10 meses de cárcel.

Otros tres acusados obtuvieron tres años y cuatro meses de prisión de pena privativa de la libertad.

El SNAI dijo que luego de ser notificado con la resolución de la Jueza "únicamente le corresponde elaborar y emitir informes de verificación de cumplimiento de requisitos para acceder a los beneficios penitenciarios" concedidos por los magistrados a favor de los sentenciados.

Mendoza y los otros sentenciados admitieron haber cometido el delito y solicitaron un procedimiento abreviado. El artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que cuando las personas se acogen a este recurso legal, la Fiscalía solicitará al juez una pena menor a la que establece la normativa penal.

El delito de delincuencia organizada es sancionado con cárcel de siete a 10 años en Ecuador.

En el caso de Mendoza también se redujo su condena porque entregó información y cooperó con la justicia.

En esta causa, las investigaciones apuntan que los acusados participaron en una trama de corrupción para beneficiarse de recursos del Estado destinados a la construcción de Hospital de Pedernales en Manabí.

Según la Fiscalía los imputados conformaron una estructura organizada para planificar y dirigir mecanismos de contratación pública y así obtener dinero de forma ilícita. Además, la entidad aseguró que cada miembro de esta organización cumplía un rol específico.

De hecho, el magistrado detalló la función que tenía cada uno de los sentenciados en esta trama de corrupción, en la que Mendoza se valió de su condición de asambleísta para obtener contratos en la provincia de Manabí. A través de chats con los procesados se evidenció el rol jerárquico que tenía dentro de la organización delictiva.

Así como la privación de la libertad de Mendoza, el juez Marco Rodríguez impuso en 2023 un monto de USD 8 millones como reparación al Estado ecuatoriano.

Fuente: El Comercio.