El asesinato de una trabajadora sexual en un hostal del centro de Quito avivó la exigencia de seguridad y respeto por parte de este gremio.

Organizaciones como el colectivo Misión por el futuro piden que se haga justicia y se vele por la integridad de las trabajadoras sexuales. También denunciaron agresiones a mujeres trans.

La nueva administración municipal de Quito será la encargada de culminar y poner en marcha el plan de convivencia relacionado con el trabajo sexual en el Centro Histórico.

Según la Secretaría de Inclusión, desde noviembre de 2021, el Municipio ya trabaja en un acuerdo, que podría tomar unos cinco meses para consolidarse.

Horarios, lugares permitidos y prohibidos están entre los ejes. Pero esto quedará en manos del nuevo alcalde Pabel Muñoz, que estará en el cargo desde el 14 de mayo de 2023. 

El proceso incluye el diálogo con los actores de la zona. Ya han intervenido organizaciones como el Buró del Centro Histórico, que ha sido crítica en la necesidad de regulaciones, una de ellas sobre el uso del espacio público.

Para la Secretaría de Seguridad se requiere una norma nacional que permita ejercer la actividad en espacios adecuados y no en áreas públicas. Con esto se garantizaría el trabajo sexual, según la entidad.

Actualmente se cuenta con un diagnóstico del 2022, que realizaron entidades municipales, entre estas la Secretaría de Inclusión.

En el levantamiento de información se identificaron a 289 trabajadoras sexuales en el Centro Histórico. El 94% de las encuestadas es de origen ecuatoriano y 3% venezolano y colombiano.

En la zona hay cuatro organizaciones: 1 de Mayo, Esperanza del Futuro, Por un futuro mejor y Unidas por nuestros derechos.

Mónica (nombre protegido) es dirigente de la Asociación 1 de Mayo, integrada por 70 socias. Ellas laboran en las calles Esmeraldas, Oriente y Guayaquil. En el grupo están 11 mujeres trans.

Aunque el diagnóstico hace referencia a 289 trabajadoras sexuales, Mónica señaló que son más de 500, entre las asociadas y autónomas.

Todas buscan tener mejores condiciones para laborar, mantener su trabajo y  no ser  “estigmatizadas”.

A pesar de que el diagnóstico reveló que 85% de las mujeres indicó que desea capacitarse para dejar el trabajo sexual. Además, reclamó seguridad social.

El Municipio de Quito ha dado talleres de estilismo, entre otros. La meta es generar herramientas para impulsar medios de vida.

Mónica, de 42 años, también dirige un hotel que fue clausurado en dos ocasiones. Ella mencionó que la primera vez el argumento fue que el sitio era un centro de tolerancia, pero lo niega.

Su interés es que sus compañeras tengan un espacio para trabajar, por lo que renta las habitaciones.

En el primero de tres pisos, ella alquila 10 cuartos a las trabajadoras sexuales.

La tarifa es de USD 3 y las mujeres reciben un preservativo y papel higiénico en el ingreso. Algunas piden jabón de baño.

Mónica denunció persecución y vulneración de sus derechos. Está consciente de que debe cumplir normas. Pero, dijo, hay que recordar que son mujeres que trabajan para sostener a sus familias.

En la Asociación 1 de Mayo están de acuerdo con llevar adelante acciones para mejorar sus condiciones. Por esto participaron en mesas técnicas impulsadas por el Municipio.

Sobre una posible reubicación, Mónica detalló que es una decisión de cada trabajadora.

En el sector en el que laboran las mujeres de la Asociación 1 de Mayo, la tarifa es de USD 13 por cada cliente. Pero una parte es para la habitación.

En el diagnóstico se evidenció que de las 289 personas encuestadas, 85% percibía ingresos de hasta USD 400 por mes, es decir, por debajo del salario básico, que está en 450. Hay quienes logran USD 100.

Únicamente el 10% reportó ingresos sobre los USD 500. En la mayoría de casos no cubren el costo de una canasta familiar básica, que supera los USD 760.

26 personas de las 289 indicaron que recibían apoyo del Estado: 20 el bono de desarrollo humano, dos de discapacidad y cuatro, no especificaron.

En algunos casos, las trabajadoras sexuales optan por laborar en las mañanas, mientras los hijos estudian. Otras, en cambio, en las tardes y noches, hasta alrededor de las 20:00. No tienen horarios fijos.

Por otro lado, Mónica y sus compañeras reprocharon que se las responsabiliza de la delincuencia. Únicamente basta con ver lo ocurrió en la pandemia, destacó, cuando ellas no salían a las calles.

Según la Policía, en el Centro Histórico de Quito, en el 2019, año de premandemia, se registraron 1 070 robos a personas.

En el 2020 y 2021, las cifras estuvieron por debajo de mil. Para el 2022 subieron a 1095. Las causas son múltiples, como el microtráfico.

Fuente: El Comercio.