"Por aquí hay mucha gente desconocida, extranjeros poco amables, la mayoría familiares o allegados a las personas que permanecen cumpliendo condena en la cárcel", dijo Luisa Chiluisa, moradora de la parroquia Guaytacama. La mujer no quiere "ni imaginarse", como cambiará el panorama con el nuevo decreto presidencial de uso y tenencia de armas.

No es la única. Un elevado porcentaje de la población aledaña al Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N1, dice sentirse en estado de indefensión. Sobre todo por la falta de contingencia policial.

Así lo comentó Pedro Aimacaña, presidente de la Junta Parroquial de Guaytacama, quien dio a conocer que, durante sus cuatro años de gestión buscó se dote de mayor contingente policial para la parroquia sin mayor éxito.

Dice que la que asiste a patrullar no es suficiente para cubrir la demanda de llamados. Recordó que en los últimos años aumentó los robos de animales y domicilios.

Contó que mantuvieron una reunión con la nueva Gobernadora, Tania Vásquez, quien les abría dado luz verde para la dotación de contingente policial. "Esperamos que esta vez sí se haga realidad para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía", dijo Aimacaña quien solicitó a la población informarse correctamente sobre el nuevo decreto presidencial.

En Saquisilí la incertidumbre es igual. Incluso se baraja la posibilidad de negar arriendo a venta de inmuebles a extranjeros o personas que tengan vínculos con personas privadas de la libertad.

"A muchos les parecierá una exageración, pero la convivencia con extraños nos ha traído mucha inseguridad, esa es nuestra motivación", dijo un habitante del barrio El Calvario, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias.

Fuente: La Gaceta.