Tras casi dos años de gestión, el Gobierno de Guillermo Lasso afronta las mismas demandas de las mujeres. En la marcha de ayer, 8 de marzo del 2023, se evidenció que las exigencias se mantienen.

Este año, la marcha por el Día Internacional de la Mujer terminó en la Casa de la Cultura, lugar simbólico para el movimiento indígena. A diferencia del año anterior, la jornada transcurrió sin incidentes.

Un año atrás, los colectivos feministas denunciaban la represión que recibieron al ingresar al Centro Histórico de Quito. Los videos que circularon en redes sociales mostraban el uso de gas pimienta por parte de la Policía.

Esta vez, el Gobierno optó por no enviar policías para custodiar la movilización. A criterio de la experta en comunicación política, Caroline Ávila, no existía razón para que la de hoy no sea una manifestación pacífica.

Sin embargo, apunta que la situación del Gobierno no  permite un margen para un nuevo exabrupto como el del 2022. “Está manejándose con hilos y debe tener cuidado de cualquier gesto que pueda ser mal interpretado políticamente”.

Uno de los principales gritos que se escucharon a lo largo de la movilización fue “vivas nos queremos”. Esto en alusión a los femicidios registrados en el país, sobre todo, durante el último año. También exigieron políticas inclusivas y que el Gobierno atienda la falta de empleo.

Las exigencias continúan siendo las mismas que hace un año. Para Ávila, esto tiene que ver con que el Ejecutivo hace esfuerzos desde una perspectiva estética pero sin entender que requiere políticas de fondo para abordar el problema.

Cuestiona el anuncio de Guillermo Lasso sobre la inversión de USD 24 millones hecha en el marco del 8 de Marzo. Esto porque considera que hay necesidades apremiantes y esos recursos no pueden continuar como una promesa.

Esta vez, organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) se sumaron a la movilización. En la mañana, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, dijo que hacían falta políticas estructurales para la atención de los diferentes tipos de violencia en las comunidades.

Las mujeres amazónicas como parte de la Conaie también presentaron una acción de inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 604 que tiene que ver con la consulta prelegislativa. Esto está relacionado con lo que ha sido una lucha constante de la organización sobre el extractivismo. 

Por su parte, Marcela Arellano, presidenta del FUT, dijo esta tarde que es necesario salir a las calles para demandar justicia laboral y de género. Señaló que solo el 26,5% de las mujeres está dentro del mercado laboral y con empleo adecuado.

Ávila señala que los esfuerzos del Gobierno deben estar en dotar de inversión pública para abordar las necesidades de las mujeres. “Los 24 millones sería sólo para programas de economía violeta. Inclusive así es muy poco en comparación con otros programas que el gobierno sostiene”. 

Fuente: El Comercio.