El Tribunal Penal de Cañar sentenció a nueve años y cuatro meses de privación de libertad a Carlos Alberto V. El hombre fue procesado por el delito de abuso sexual contra su hijastra.

La jueza ponente, Cristina González, informó que el sentenciado debe cancelar diez salarios básicos a la víctima, como reparación integral.

Además, se oficiará a la Junta Cantonal de Protección de Derechos para que realice visitas domiciliarias a la víctima del abuso sexual y que reporte a la autoridad competente si existe algún tipo de violación a sus derechos.

La sentencia también ordena que la víctima y su familia reciban –de forma voluntaria– tratamiento psicológico en un centro de la red del Ministerio de Salud. Lo mismo para el sentenciado, en el centro de privación de libertad donde está recluido.La investigación, dirigida por la fiscal Jenny Vázquez, demostró que el abuso sexual inició cuando la niña tenía 8 años, en 2018, dentro del domicilio familiar, ubicado en el cantón La Troncal.

El victimario aprovechaba que la mamá de la agraviada no se encontraba en la vivienda para tocar las partes íntimas de la menor.

Cansada de sufrir las agresiones sexuales, la niña empezó a relatar los hechos en un diario. La mamá lo encontró y la menor le contó lo sucedido con su padrastro. Sin embargo, la progenitora no tomó acciones.

La niña sufrió abuso sexual por dos ocasiones más en 2021, hasta que su mamá decidió viajar fuera del país y ella pasó a vivir con su abuela materna. La menor le mencionó que no quería volver a estar cerca de su padrastro, porque él la lastimaba.

Los familiares de la niña denunciaron al agresor y luego de las respectivas diligencias, Carlos Alberto V. fue detenido.

Fiscalía demostró la responsabilidad del procesado en el delito imputado con el testimonio anticipado de la víctima, los testimonios de su abuela y de su tía. También los testimonios de agentes de la Policía encargados de la investigación y de los peritos que practicaron las valoraciones médico-legal, psicológica y de entorno social.

Carlos Alberto V. fue sentenciado con base en el artículo 170, inciso 1, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de abuso sexual con privación de libertad de cinco a siete años. La pena se incrementó debido a que se consideraron las circunstancias agravantes de la infracción.

Fuente: El Comercio.