En la Pisulí, la gente vive con miedo. Este barrio del noroeste de Quito se ha convertido en uno de los sitios más peligrosos de la ciudad. Los vecinos denuncian que cada semana desconocidos atacan a los moradores con armas o puñales para robarles en las calles, paradas de buses y parques.

La venta de droga es otro problema que los aqueja. Sospechosos deambulan por las calles de lado a lado. Afuera de los colegios también se los puede observar.  

Pero lo que más les preocupa es que no hay policías en su UPC (Unidad de Policía Comunitaria). La estructura de cemento está abandonada. Las puertas permanecen cerradas 

La gente dice que tienen que llamar al ECU-911 para que envíen a policías de otros barrios cuando hay alguna emergencia.  

Los agentes también confirman esta realidad. Ellos admiten que, por malas condiciones de la estructura, la UPC ha dejado de ofrecer sus servicios. Pero aseguran que no han desprotegido al barrio, pues hay controles en motos y patrullas.  

La Pisulí no es el único barrio de la capital con problemas en sus UPC. Un estudio del Municipio de Quito señala que de las 280 UPC que existen en la capital, 117 están cerradas. Las otras 163 están abiertas, pero también tienen problemas. En total, apenas el 28% atiende en un horario de 24 horas durante los siete días de la semana. El 72% está habilitado por turnos o está cerrado. Otras, en cambio, trabajan solo en las noches o solo en las mañanas. 

Por una parte, la Policía asegura que la falta de UPC no les afecta, pues tendría el personal suficiente. Pero las estadísticas de delitos en la capital presentan un incremento en cuatro amenazas que están directamente relacionadas con los barrios: el robo a casas, a personas, de motos y de carros.  

En los barrios, la gente también se queja de la inseguridad y de la falta de policías. Es lo que siente la ciudadanía en la Ferroviaria,  sur de la capital, donde hace falta una UPC. Los vecinos ya no saben qué hacer para que las autoridades envíen más refuerzos a esta zona.

Este Diario realizó un recorrido por este sector y la gente coincide en que la inseguridad es alta.

“La Ferroviaria toda la vida ha sido considerada zona roja y no tenemos UPC. Los más cercanos son los vecinos de la Argelia. Nosotros tenemos que bajar hasta allá para ir a la Policía”, cuenta una moradora, que ha sido asaltada dos veces en este año. 

La Policía y el Municipio de Quito han iniciado un proyecto para recuperar 24 UPC en el norte, sur y centro de la capital.

En un análisis previo, se determinó que de las 24 UPC con intervención de la empresa pública de seguridad, el 45,83% de las edificaciones presentaba un estado entre regular y malo. Según información de esta entidad, los trabajos ya se iniciaron y se prevé que para fin del 2022 estarán habilitadas todas estas UPC. 

En tanto, la Policía gestiona más fondos con el Gobierno Nacional, para refaccionar el resto de las UPC cerradas. Sin embargo, cuentan que este proyecto va de la mano con la formación de más uniformados para la ciudad. También admiten que existe un déficit de agentes en las UPC.  

De hecho, para que una UPC  funcione se necesita de al menos 10 agentes, un patrullero y dos motos. Este número se requiere para tener tres turnos activos en el día, es decir, tres agentes operativos y un oficial al mando.  

Eso actualmente no ocurre. La Policía necesita de al menos 250 agentes más para que puedan completar los turnos. Así las UPC estarían habilitadas las 24 horas.  

El presupuesto que se requiere sobrepasa los USD 60 millones. El Gobierno ha señalado que esa inversión se realizará en el transcurso de los meses.

Uno de los sectores que afronta la inseguridad es el barrio Cristo Rey, en el sur de Quito. Los vecinos tampoco cuentan con personal policial. Los dueños de los locales comerciales han tenido que ingeniárselas para evitar ser víctimas de los delincuentes. Allí cada semana los propietarios hacen rondas nocturnas para vigilar sus negocios.  

En las mañanas, en cambio, mantienen sus establecimientos con candados o rejas de metal. “Aquí siempre hay robos. La semana pasada le asaltaron en la puerta de mi casa a una vecina. Dos hombres casi le apuñalan y la Policía nunca llegó”, cuenta Ximena Romero.  

La falta de respuestas ha generado que incluso los vecinos realicen rifas, donaciones o gestionen fondos para habilitar las UPC.

Eso han tenido que hacer los vecinos de Carapungo. En ese sector, estas edificaciones fueron destruidas en las últimas manifestaciones. Los vecinos están gestionando escritorios, pintura y cableado para reparar las estructuras. Allí, desde que se cerraron las UPC, también hay asaltos.

El viernes 12 de agosto de 2022 dos mujeres fueron víctimas del robo de sus celulares en una parada de bus. Dos hombres les quitaron las carteras.

Fuente: El Comercio.