Las autoridades de la Judicatura enviarán sus descargos a la Asamblea frente al pedido de juicio político que impulsa el correísmo en su contra. Así lo dijo este miércoles 27 el presidente de este organismo, Fausto Murillo, quien llamó al Parlamento a respetar la institucionalidad.

La solicitud de interpelación fue presentado en febrero pasado desde la bancada de Unes por la asambleísta Gabriela Molina y Fausto Jarrín, quien renunció como legislador y es abogado del expresidente y prófugo de la justicia, Rafael Correa.

Además de Murillo, el proceso involucra a los vocales Ruth Barreno, Juan José Morillo y la expresidenta de este organismo, María del Carmen Maldonado, por un supuesto incumplimiento de funciones.

Ellos deberán responder sobre siete causales que tienen que ver con la evaluación y destitución de jueces de la Corte Nacional de Justicia en 2019, que fue declarado inconstitucional.

 “Sobre el tema nosotros estamos preparando los descargos, la contestación al llamamiento a juicio, obviamente estableceremos nuestros medios probatorios para demostrar que lo que hicimos es lo que correspondía, así lo dijo ya la Corte Constitucional”, dijo Murillo en radio EXA.

El funcionario manifestó que basarán su defensa en los pronunciamientos de la Corte Constitucional relacionados con las dos acciones de inconstitucionalidad que en su momento se presentaron contra el proceso de evaluación a los jueces: uno contra el reglamento y otro por los resultados.

“Lo que hicimos nosotros es establecer parámetros de legitimidad, de transparencia, a más de los cuantitativos y cualitativos que siempre se hacían en las evaluaciones de orden periódico”, señaló.

Según Murillo, lo que se hizo “fue una evaluación muy diferente, atendiendo un exhorto del Consejo de Participación Ciudadana, que fue producto de una consulta popular del 4 de febrero del 2018”.

Agregó que “la administración de justicia, siempre ha estado en la mira y en la apetencia de ciertos sectores que, de alguna manera, pretenden o han pretendido controlarla”.

“Lo que hace bien al país, más allá de las personas, es cuidar la institucionalidad. No puede ser que un Consejo de la Judicatura elegido para seis años tenga que, a través de los mecanismos que prevé la Constitución y la Ley, terminar en sus funciones”, insistió.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Ind.), mencionó que esperan que hasta este viernes la Judicatura presente sus descargos para definir un cronograma de comparecencias. Así, a mediados de agosto estará listo un informe para el Pleno.

En la víspera, la Comisión aceptó varios pedidos de asambleístas de UNES. Entre ellos, que se requiera la comparecencia de la fiscal General, Diana Salazar, “a fin de que explique por qué ha permitido que actúen fiscales temporales, que sin tener la categoría necesaria en la carrera fiscal han actuado por más de dos años”.

También serán llamados el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, el presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, y los exjueces Agustín Grijalva, Daniela Salazar y Ramiro Ávila, entre otros.

De acuerdo con la Ley Legislativa, una eventual censura y destitución de los vocales de la Judicatura dependerá de una mayoría calificada (92 votos).

Fuente: El Comercio.