En poco más de 14 meses del actual periodo legislativo, el 90% de los proyectos aprobados por el Pleno han recibido objeciones del Ejecutivo. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), propuso una comisión mixta entre las dos funciones para procurar consensos previos.

El Parlamento aprobó 18 leyes y reformas desde que inició su actual mandato, el 14 de mayo del 2021. El jefe de Estado, Guillermo Lasso, vetó parcialmente 9, a 4 impuso un veto total, y solo 2 fueron enviados sin observaciones al Registro Oficial. En dos intervino la Corte Constitucional y en 1 no se pronunció.

A esos se suman dos proyectos que están pendientes de veto o sanción por parte de Carondelet: la reforma para legalizar la tenencia de tierras en el sector de Monte Sinaí, en Guayaquil, y la reforma a la Ley de Comunicación, catalogada de “mordaza” por organizaciones civiles. Ambos fueron aprobados este mes.

Un veto total implica que un proyecto no puede volver a ser tratado por la Asamblea, sino después de un año. Hasta ahora suman cuatro:

·         Reforma para derogatoria parcial de la Ley Humanitaria

·         Reforma a la Ley de Contraloría

·         Ley de tratados internacionales

·         Reforma a Ley intercultural bilingüe

Para aquellos que reciben objeción parcial del Ejecutivo, la Asamblea tiene dos caminos: allanarse o ratificarse en el texto aprobado por el Pleno. En el primer caso, puede hacerlo con 70 votos, y de 92 para la segunda alternativa.

·         Ley para regular el uso legítimo de la fuerza

·         Ley de vivienda de interés social

·         Reforma al Código del Ambiente

·         Ley para la reactivación económica de Esmeraldas y Manabí

·         Ley para combatir los abusos en el sistema financiero

·         Ley para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos

·         Reforma a Ley de Seguridad Social para información de la entidad

·         Reforma al Código Ingenios

·         Reforma a la Ley de Emprendimiento Juvenil

Además, en este lapso, son tres los proyectos que han derivado en conflictos entre el Ejecutivo y la Asamblea. Uno de ellos fue la reforma a la Ley Intercultural bilingüe, que fue vetada en su totalidad, pero que la Corte Constitucional dejó sin efecto al señalar que no tenía justificaciones.

La Corte, que ha sido blanco de críticas de las bancadas, intervino también en el proyecto de Ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. El cuerpo legal fue vetado casi en su totalidad por el Ejecutivo y la Asamblea no logró ratificarse en el texto inicial. Acumula varias demandas de inconstitucionalidad.

Respecto a la Ley para el precio oficial de la leche, el Ejecutivo no se pronunció hasta el 2 de julio, cuando venció el plazo que tenía para presentar sus observaciones. Pero tampoco envía hasta ahora el texto al Registro Oficial, con el argumento de que a la Asamblea le corresponde este trámite. Hay un cruce de oficios entre los dos poderes por este tema.

Solo la Ley para la creación de una universidad indígena y la reforma al Código Civil en materia de navegación marítima no fueron vetadas.

En cuanto a las iniciativas del Ejecutivo, la reforma tributaria entró en vigencia por el Ministerio de la Ley el 29 de noviembre de 2021, después de que la Asamblea no logró consensos para aprobar o negar el proyecto. La Ley de Inversiones fue archivada y la Ley de Creación de Oportunidades no fue calificada a trámite por el CAL.

En este escenario, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), envió una carta a Lasso el lunes 25 de julio. Propuso una comisión mixta entre los dos poderes del Estado para encontrar "acuerdos mínimos" para la aprobación de leyes.

El Primer Mandatario todavía no ha respondido a este planteamiento. Las relaciones entre las dos autoridades se deterioraron después de que Saquicela fue expulsado de la bancada oficialista en abril y dos meses después votó a favor de fallido intento de destitución impulsado por el correísmo.

Fuente: El Comercio.