La Fiscalía ingresó a la vivienda del expresidente Lenín Moreno, en Pichincha, este lunes 25 de julio del 2022. Este hecho fue confirmado por la entidad investigadora, a través de sus redes sociales.

Según la Fiscalía, agentes efectuaron diligencias en la casa del exmandatario como parte de una investigación previa por el presunto delito de peculado, relacionado con piezas patrimoniales supuestamente desaparecidas de Carondelet.

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Moreno también confirmó la incursión en su casa.

“Hoy (25 de julio del 2022) invité a Fiscalía a ingresar a mi casa para que constate que la denuncia de la asambleísta de UNES (Unión por la Esperanza), sobre la tenencia ilegal de piezas arqueológicas, es simplemente otro cuento de los muchos que han inventado”.

La denuncia de este hecho fue presentada por asambleístas del correísmo contra del expresidente, Lenín Moreno, por supuesto peculado.

Pamela Aguirre, una de las legisladoras de esta bancada, informó en su cuenta de Twitter que el viernes 11 de febrero de 2022 fue notificada sobre el impulso fiscal, tras la denuncia que presentó contra Moreno y su esposa, Rocío González, el lunes pasado por una aparente pérdida de objetos.

La legisladora recordó que mediante Decreto 501 el expresidente Correa dispuso que todos los objetos recibidos en su calidad de mandatario y los futuros mandatarios, tienen la obligación de ser inventariados y ser entregados al Museo de Carondelet, pero, afirmó Aguirre, el museo fue desmantelado por Moreno.

Lenín Moreno se desempeñó como presidente del Ecuador desde el 24 de mayo de 2017 hasta el 24 de mayo de 2021.

El artículo 278 del Código Integral Penal (COIP) establece que el delito de peculado se configura cuando “servidores públicos, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud de su cargo”.

Según la normativa penal, este ilícito se sanciona con pena privativa de libertad de 10 a 13 años.

Fuente: El Comercio.